En conversación con "El Líbero", Gonzalo Yuseff se refiere a la llegada de Mónica Caballero y Francisco Solar, condenados en España por poner una bomba en 2013. El abogado sostiene que "serán las autoridades las que tendrán que evaluar los riesgos y qué medidas se pueden tomar con las limitaciones que se tienen en un Estado de derecho".
Publicado el 15.02.2017
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Durante los próximos días deberían aterrizar en Chile los anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar, luego de que jueces españoles resolvieran sustituir la pena de cuatro años que cumplían por poner una bomba en 2013 en la Basílica del Pilar en Zaragoza, por la prohibición de regresar a territorio hispano y a los demás países de la Unión Europea en un plazo de ocho años.

Pero en Chile no son desconocidos. En 2012 enfrentaron un juicio en el denominado “Caso Bombas”, del que fueron absueltos. Es por eso que su llegada causa cierta “incertidumbre”, pues si bien en el juicio chileno no se pudieron acreditar cargos por ataques de bomba en Santiago, en España fueron condenados y cumplieron una pena. “Lo ideal habría sido que se quedaran en España, por decirlo de algún modo suave”, dice el ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gonzalo Yuseff.

En conversación con “El Líbero”, el abogado que estuvo a cargo de la ANI en el gobierno de Sebastián Piñera y que conoció de cerca el caso, sostiene que “serán las autoridades las que tendrán que evaluar los riesgos y qué medidas se pueden tomar con las limitaciones que se tienen en un Estado de derecho”.

– Su llegada y posteriormente su permanencia en Chile, ya generan un grado de “temor” en algunos ciudadanos. Si bien fueron absueltos en Chile por instalar bombas, sí fueron condenados en España…

– Creo que cuando se trata de personas de tanta exposición pública -en términos de acciones de este tipo-, lo más probable es que su peligro va más por el lado de entusiasmar a otra gente a ejecutar acciones, a que ellos las realicen por sí mismos. Pero, serán las autoridades las que tendrán que evaluar los riesgos y qué medidas se pueden tomar con las limitaciones que se tienen en un Estado de derecho.

– A propósito de lo que usted dice, ¿qué herramientas tiene el Estado para vigilar a estas personas o sería inconstitucional hacerlo?

– Lo que se puede hacer, conforme a la ley, es desarrollar actividades que no sean intrusivas, pero no hay una definición sobre qué es eso. Pero se entiende que escuchar teléfonos celulares no se puede hacer, pero observar a alguien en un lugar público, sí se puede hacer sin contar con una autorización judicial. Pero, eventualmente si es que hay algún indicio o si se ve que los sujetos pueden estar activando sus redes o a gente que se dedica a ejecutar ataques de este tipo, se puede pedir al juez de Garantía, a través de la Fiscalía, que las policías interfieran haciendo diligencias instrusivas.

– Ha trascendido que algunos grupos anarquistas irían a recibirlos al aeropuerto cuando lleguen de España.

– No cabe ninguna duda, es un mundo muy activo, que no se esconde, al contrario, publicita tanto sus acciones como a sus héroes y dentro de eso estas dos personas tomaron un papel de liderazgo. Ellos (los anarquistas) desarrollan un concepto que se llama “liderazgo en acción”, que apunta justamente a que el liderazgo no se gana por pertenecer a una estructura porque son anarquistas, sino que el liderazgo se adquiere a través de actos de esta temeridad. No sería para sorprenderse si fueran a buscarlos, es lo más probable.

– ¿Se puede reabrir el Caso Bombas? Pensando en que luego de que fueron absueltos en Chile, fueron condenados en España por colocación de bombas. 

– No, porque hay una sentencia que absuelve y además que ya han pasado años de prescripción que habría que revisar. No es el camino.

– Y se puede abrir una nueva investigación, considerando los antecedentes del ataque en España

– No, porque para probar un hecho las evidencias tienen que decir relación con el mismo. Esas evidencias, que se tenían en relación con las bombas puestas en Chile ya se evaluaron en un juicio y en un Estado de derecho no se puede enjuiciar dos veces a la misma persona. Si hicieron lo mismo después, todos podremos formarnos una opinión a través de una inferencia de que ‘lo más probable’ es que lo hayan hecho antes, pero eso no cambia que ya exista una sentencia que resolvió el asunto. Ahora, se aplican las reglas generales que se aplican a cualquier ciudadano y a la intervención del Estado para su vigilancia. Si alguien es objeto de medidas – si hay antecedentes sobre que va a cometer un delito- se le debe investigar sin autorización judicial si es que no se invade su privacidad y, con autorización judicial, si es que se invade su privacidad; y eso se aplica para todos, que hayan cometido un delito allá o no, es algo que las autoridades tienen que ponderar y en definitiva tratar de hacer las cosas ajustadas a un Estado de derecho.

– Si bien Caballero y Solar fueron absueltos junto a otras personas en el caso bombas, quedó demostrado que ellos sí ponen bombas. ¿Se podrían considerar un peligro para la sociedad?

– Todos tienen su propia opinión, yo creo que sí. Hay mucha gente que ha cometido delitos y todos son potencialmente peligrosos de poder hacerlos de nuevo, creo que eso es sentido común y es difícil estar en contra de eso. Lo más probable es que sean peligrosos, pero esa calificación de peligrosidad no es algo que permita al Estado, en un Estado de derecho, investigar a alguien.

– ¿Le sorprendió cuando Caballero y Solar fueron condenadas en España, luego de haber sido absueltos en Chile?

– Fue una sensación de sorpresa porque sin duda era bien difícil suponer que podía pasar algo así y que lo hicieran en un país de la comunidad europea, en ese sentido fue bastante sorpresivo.

– ¿No se quedó con la sensación de que acá a pesar de ser sospechosos no pudieron ser condenados? O sea, se dejó de investigar a personas que sí cometieron delitos posteriormente. 

– Es que si me preguntas mi opinión personal, pienso que con solo la información de la prensa disponible en la época, la detención de esta gente y la colocación de las bombas mismas -que fue anterior a la época que yo estaba en la Agencia Nacional de Inteligencia- uno pudiera concluir de que sí eran responsables y reforzar esa impresión al momento de ver que hicieron lo mismo en España. Entonces, en ese sentido no hay una novedad de lo que pueda pasar, ahora qué hará el Estado para protegerse, bueno hay medidas policiales, lo que pasa es que no se pueden anunciar y las autoridades las tomarán, nadie es ingenuo respecto de que no sean peligrosos.

– Y en su opinión personal, ¿qué sintió cuando esas personas fueron detenidas en España? Se lo pregunto porque en el tiempo que se realizaba la investigación se acusó al ministro del Interior de ese entonces, Rodrigo Hinzpeter, y al fiscal que veía la causa, Alejandro Peña, de un “montaje”. 

– En ese sentido, te puedo decir que sí fue una alegría que los hayan detenido, porque un poco confirmaba que todas esas tesis de que había un complot en contra de los imputados eran una falsedad que nunca se acreditó en el juicio, porque los imputados fueron absueltos por otras razones. Y ahora, tienes otro ejemplo con lo que pasó con (Gustavo) Fuentes Aliaga, que estaba confeso en el juicio bombas de poner bombas y se consideró que su declaración había sido obtenida de forma ilegal. Hace unos días se le fue a allanar por otro delito, también vinculado, y murió un civil, a propósito de que le intentaron quitar un arma a un funcionario. Entonces la convicción que se tuvo -y hablo un poco a nombre de lo que eran las autoridades de gobierno de ese entonces- es que había que ser duro con estos sujetos porque sí eran responsables. Eso se mantuvo y un poco se reforzó con lo que pasó en España. Hubo mucha crítica en ese entonces, y mucha muy injustificada porque estas cosas siguen un transcurso legal y la labor del Ministerio del Interior es ser una parte de ese proceso, pero el que hace las investigaciones, lleva la evidencia, es el Ministerio Público. Y en una cosa tan importante como esta, uno espera que los actores políticos se comporten con cierta altura de mira, y si hay algo que faltó en este caso, fue eso, porque no se percibió que el que coloca bombas no las coloca al gobierno de Piñera sino que a la institucionalidad, y por tanto tiene que haber una actitud conjunta de rechazo de ese tipo de cosas, que recién ahora se está viendo. En este mismo gobierno se han sufrido las consecuencias de la acción más peligrosa desde que estamos en democracia, que son el atentado en el metro y la carta con un paquete explosivo al presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche; esto es un bumerang, haber sostenido la tesis de que había que absolver a estos imputados.

– ¿Los del Caso Bombas son el mismos grupo que cometió estos otros dos atentados?

– No las mismas personas, pero sí la misma inspiración como siempre se anunció y se avisó, desde antes del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Hay un movimiento fuerte que tiene una ideología anarquista y parte mínima de esa gente además llegan a colocar artefactos explosivos, entonces ese es el diagnostico general y no ha cambiado desde el 2000 o 2005 cuando se pusieron los primeros artefactos explosivos.