"Es complejo... todos fuimos 'cómplices' de la difusión de este mensaje", asegura Pablo Matamoros al analizar el fenómeno que produjo incluso el colapso de algunas bombas de bencina.
Publicado el 12.07.2015
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“Me acaba de llegar esto: Las bencineras pronto quedarán sin bencina porque en las plantas no salen los camiones”, así comenzaba el mensaje que empezó a circular por WhatsApp la tarde del pasado miércoles y que luego fue confirmado por algunos usuarios en Twitter.

El rumor rápidamente se propagó y a pesar de que Copec, la empresa afectada, desmintió la información y aseguró que “no habría problemas de suministro de combustibles”; los conductores decidieron asegurarse y gran parte de las bombas de bencina en el país colapsaron.

Dos días después de lo ocurrido, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, anunció que el gobierno presentó una querella criminal por la falsa alarma de desabastecimiento en contra de quienes resulten responsables por el delito de “desórdenes públicos”. Lo que busca la autoridad es “identificar a quienes idearon y replicaron” el rumor.

“Tiene que haber un mínimo de responsabilidad en la gente que tiene influencias comunicacionales en las redes sociales… La querella va en contra de personas que tengan muchos seguidores”, agregó Aleuy.

pabloEl ex asesor digital de Presidencia en el gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Matamoros, comenta que la vía no es presentar una querella pues es muy complejo identificar a los responsables. “Todos fuimos ‘cómplices’ de la difusión de este mensaje, reenviándolo a través de nuestras redes sociales o grupos de WhatsApp y provocando esta psicosis colectiva”, comenta a “El Líbero“.

– ¿Cuál es su opinión frente a la querella que interpuesta por el gobierno tras el rumor de desabastecimiento de combustible? 

– El gobierno está siendo reactivo a lo que sucede en la red. No existe una política o administración real de lo que pasa en los espacios digitales. Más que interponer una querella, un gobierno moderno debe escuchar activamente lo que plantean sus ciudadanos en las redes sociales. Lo importante es escuchar lo que se dice, preparar planes de acción e intervenir en la conversación. Son espacios y conversaciones vivas, que no pueden ser tomadas en consideración uno o dos días después.

Recuerdo que en el mandato del Presidente Piñera comenzó a correr el rumor que el gobierno de Chile quería cambiar su posición respecto a la caza de ballenas. En solo un par de horas comenzaron a aparecer muchos comentarios en Twitter y grupos en Facebook, repudiando este supuesto cambio de posición del país. En esa ocasión preparamos un  pequeño comunicado, en español y en inglés, de tres párrafos de extensión desmintiendo la información y lo distribuímos en todos los medios digitales posibles. A los cinco minutos se acabó todo el “ruido”.

– ¿Se puede llegar a saber de alguna manera quién inició la difusión y culparlo? ¿Lo permite nuestra legislación?

– Es muy complejo el escenario. Este rumor en particular, al parecer surgió en una fuente abierta: Twitter, pero su medio de distribución fue WhatsApp, donde las conversaciones son privadas. Existe la tecnología para darle seguimiento a las fuentes de difusión del mensaje. Pero insisto, es muy complejo, pues todos fuimos “cómplices” de la difusión de este mensaje, reenviando el mensaje en nuestras redes sociales o grupos de whatsapp y provocando esta psicosis colectiva.

Se puede seguir, se puede determinar quien trafica cierta información delictiva: hackeos, pornografía infantil, etc. Pero en este caso, ¿quién o quiénes son o somos los culpables de provocar esta psicosis?

– ¿Atenta contra la libertad de expresión este tipo de medidas?

– El 2011 en Londres, cuando comenzaron a suceder una serie de disturbios, la policía se dio cuenta de que el principal medio de coordinación de los desmanes era el chat de Blackberry. En ese momento, el gobierno le pidió los registros de dichas conversaciones a RIM, la empresa dueña de Blackberry. Esta solicitud se fundamentó en que dichas personas estaban atentando contra el bien común, con los registros se pudo perseguir a los instigadores.

Pero, ¿qué pasa con el resto de las conversaciones que fueron vistas? Hoy en un mundo digitalizado existe una volátil frontera entre las dimensiones públicas y privadas. Esta semana, la empresa Hacking Team fue “hackeada” y se filtraron archivos que mostraban que nuestro gobierno supuestamente había contratado servicios de monitoreo activo a los ciudadanos. Esto significa que no es sólo una lectura pasiva de las redes, sino que es la intervención activa de los medios digitales de ciertas personas. Si esto fuese cierto, me parece grave, pues no sabemos quién controla dicha información y con qué fines.

– A su juicio, ¿existe una falta de cultura nacional y responsabilidad en las redes sociales en Chile, tal como señaló el subsecretario?

– Ese es el principal problema, no estamos educados en la real dimensión de lo que pueden generar nuestras acciones digitales. Tal como tenemos derechos y deberes en el mundo físico, debemos entender que somos responsables de nuestros actos y actitudes en el mundo digital. No podemos entender Internet o las redes sociales como algo separado de nuestra vida, como una “realidad virtual”, sino que es parte constitutiva de nuestro día a día. Es por eso que asuntos como la identidad digital o la definición de esquemas normativos, que deslinden responsabilidades, son tan importante. El problema es la velocidad de los fenómenos digitales y el sentido que pueden tomar. Apenas empezamos a conocer algo o generar respuestas, el fenómeno muta.

 

FOTO: FELIPE FREDES FERNANDEZ/AGENCIAUNO