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Publicado el 08 de enero, 2018

Estudio advierte que nuevas leyes de descentralización generan “incertidumbres y mayor conflictividad con las regiones”

Autor:

Uziel Gomez

LyD llama la atención sobre el negativo impacto que tendrían la elección de gobernadores, y la transferencia de mayor competencia a las regiones sin los recursos y el personal adecuados.
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Uziel Gomez

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Con bombos y platillos el gobierno y el Congreso aplaudieron la aprobación de las leyes que establece la elección popular de gobernadores en las regiones del país, y que transfiere mayores competencias a dichas instancias desde el gobierno central.

La Presidenta Michelle Bachelet aseguró que ello es “el primer paso para hacer realidad este antiguo anhelo de los chilenos, que seamos un país más descentralizado”.

Sin embargo, un estudio realizado por Libertad y Desarrollo (LyD) advierte que dichas regulaciones, “más que ser un avance en materia de descentralización, genera una serie de incertidumbres respecto de su efectividad y operatividad. Ello pudiese traducirse en un mayor nivel de conflictividad entre las regiones y el gobierno central”.

Los problemas que generaría la elección de gobernadores

La entidad explica que la ley establece que los nuevos gobernadores regionales serán el órgano ejecutivo del gobierno regional, serán elegidos por sufragio universal conjuntamente con la elección de los consejeros regionales, debiendo contar con al menos el 40% de los votos válidamente emitidos. En caso contrario, se contempla una segunda vuelta en la región correspondiente.

Estos gobernadores, además de presidir el Consejo Regional con voz y voto dirimente y ser su órgano ejecutivo, tendrán a su cargo la administración y gestión de los gobiernos regionales y de los servicios públicos regionales que eventualmente se creen. Esta nueva autoridad deberá ser elegida popularmente en las próximas elecciones municipales de 2020, debiendo instalarse el nuevo Consejo Regional el 6 de enero del año siguiente a la elección respectiva.

LyD plantea que pese a que la nueva ley realiza una serie de adecuaciones respecto de otros cuerpos legales, sustituyendo la expresión “intendente” por la de gobernador regional o delegado regional presidencial, según sea el caso, guarda silencio en lo relativo a la regulación ambiental, específicamente respecto de la Comisión de Evaluación Ambiental de cada una de las regiones, en que, dentro de sus integrantes se cuenta al intendente regional. Al respecto, se aprecia un gran vacío que exige aclaración respecto de quién deberá acudir a dicha comisión una vez elegidas las nuevas autoridades.

“Así como ésta, pudieran haber otras situaciones respecto de las cuales no se tiene certeza en cuanto a quien finalmente asumirá la función que hoy desarrolla el actual intendente, ¿será responsabilidad del delegado presidencial regional o del gobernador regional?”, señala Sergio Morales, el investigador que realizó el estudio.

Las transferencia de competencias a las regiones

A su vez, la nueva estructura regional dentro de la administración del Estado llama a reflexionar acerca de si es preciso contar con un gestor intermedio robustecido entre el gobierno central y las comunidades locales, lo cual en ciertos casos -principalmente de gobiernos nacionales y regionales de distintas tendencias políticas- pueden generar un aumento de tensiones y conflictos entre las regiones y La Moneda para hacer frente a las distintas demandas ciudadanas o locales.

“Un conflicto que puede ser considerado central dice relación con cómo conversa esta nueva autoridad elegida democráticamente con las nuevas atribuciones asignadas por la nueva ley de transferencia de competencias y de cómo se asignan los recursos desde las arcas del gobierno central a las regionales”, señala el documento.

La nueva normativa, más que transferir directamente competencias, lo que hace es fijar un marco legal para que la autoridad central transfiera a los distintos gobiernos regionales determinados ámbitos de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural, debiendo en todo caso ajustarse a las políticas nacionales, así como en lo referente al presupuesto de la Nación.

Las conclusiones del estudio dicen relación con que avanzar en descentralización no pasa por la “mera elección directa de sus autoridades, sino que requiere que las competencias que se transfieran estén apropiadamente delimitadas y explicitadas, así como el mecanismo para que el gobierno central se desprenda de potestades que le son propias, todo sobre la base de un proceso cronológicamente planificado”.

Asimismo, transferencias sin el aseguramiento de los recursos pertinentes y de personal adecuado “parecen más bien un despropósito y un factor que puede no solo afectar la eficiencia de las políticas, sino que jugar con las expectativas de las personas. Es por ello que ante esta nueva normativa, que entrará prontamente en vigencia, se vuelve urgente aclarar un número importante de puntos. Queda pendiente el desafío de avanzar hacia una descentralización que atienda y gestione las necesidades de sus territorios. Ella no pasa simplemente por los gobiernos regionales que muchas veces se alejan de la gente, sino por empoderar a la ciudadanía y a los distintos municipios, que como administración local se encuentran más cerca de los problemas y necesidades de las distintas comunidades”.

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