Profesores de la UC, U. Chile y UDP analizan el tema: Hay desde cuestionamientos frontales a la decisión hasta argumentos que justifican la solicitud que se resolverá hoy.
Publicado el 05.03.2015
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En una larga jornada de formalización de cargos ante el juez Juan Manuel Escobar del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, junto a su equipo de fiscales, decidió pedir prisión preventiva en contra de los controladores del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

La petición, que deberá ser acogida o no por el magistrado, es analizada para “El Líbero” por tres profesores de derecho de las universidades Católica, Chile y Diego Portales.

José Pedro Silva, académico de la Universidad Católica, sobre prisión preventiva: “No se justifica para nada”

Jose-Pedro-Silva– ¿Qué opina de que el fiscal pidiera la prisión preventiva para Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín?

– Las medidas cautelares personales tienen por objeto asegurar el resultado del proceso penal y, de alguna manera, evitar que se frustre: sea por la fuga del imputado, sea por el entorpecimiento de la investigación o sea porque constituye en sí mismo un peligro para la sociedad. Me parece que ninguna de estas circunstancias aplica en este caso específico.

No se justifica absolutamente para nada, pues son personas que dan garantías: están situados en el país, o sea la posibilidad de fuga no se da por ningún lado; son personas que han colaborado con la investigación. De hecho, entiendo que no sólo han contribuido al esclarecimiento de los hechos, sino que han procurado reparar con celo el mal causado restableciendo económicamente los perjuicios fiscales; y no me imagino que puedan entorpecer la investigación, pues entiendo que se ha negociado con los fiscales su contribución efectiva al éxito de la investigación.

Por consiguiente, me parece a mí que no hay ninguna razón para otorgarles medidas cautelares, que tampoco se han otorgado en delitos económicos de bastante más gravedad que éste. Pero sí deben estar sujetos al juicio penal correspondiente y atenerse eventualmente a la sentencia que dicte el tribunal respectivo.

Lo demás me parece un exceso y se debería a la introducción de factores que no corresponden al ámbito netamente objetivo y judicial de este caso.

– ¿Hay algún fundamento jurídico que respalde la petición del fiscal?

– Desde mi punto de vista no existe ninguno. Al final todas las medidas cautelares tienen por objeto asegurar el resultado del proceso y no veo que en este caso sea necesaria la prisión preventiva porque no agrega ningún valor para los efectos de la sentencia que deba dictarse en su minuto.

Aquí hay mucha influencia de la opinión pública y mucha influencia política. Mi mirada es netamente judicial y me parece que sería un exceso decretar una medida cautelar de esa naturaleza.

– ¿Qué cree que resolverá el juez respecto de la petición?

– Lamentablemente en esta materia nos vemos enfrentados a criterios muy dispares. En materia de jueces de garantía hay unos muy garantistas y otros muy estrictos. Según lo que yo he entendido, el juez de este caso particular sería uno bastante estricto, pero entiendo que lo jurídico debe primar por sobre la voluntad o los deseos subjetivos del juez.

Yo aspiro a que aquí realmente se actúe como Tribunal de la República con todas las garantías procesales del caso y no simplemente en forma reactiva satisfaciendo determinadas voluntades de la opinión pública.

– Considerando que esta petición fue realizada por Sabas Chahuán, un rechazo ¿podría considerarse como una derrota del Ministerio Público?

– No. Yo creo que en materia judicial no hay derrotas ni nada por el estilo. Simplemente el fiscal está representando al Estado en este ámbito y, por consiguiente, tiene que atenerse a lo que otro poder del Estado decida. Eso está dentro de las reglas del juego. No me parece que aquí hayan ganadores ni perdedores, simplemente el fiscal formuló una petición conforme al Estado de derecho.

Un fiscal sabe, así como cualquier litigante, que su gran derecho es el acceso a la jurisdicción, pero eso no supone necesariamente que le den la razón o que se la nieguen. Es el derecho a ser escuchado, a plantear lo que tenga que plantear, pero la justicia es soberana y en eso consiste la independencia del Poder Judicial, en resolver conforme el derecho proceda.

– En caso de que se aprobara la prisión preventiva, ¿cómo se explicaría en el marco de un sistema garantista como el chileno?

– Formaría parte de una decisión soberana del tribunal que va a estar sujeta a la revisión de la Corte de Apelaciones y, más que un sistema o no garantista, está dentro del ámbito discrecional que tienen los tribunales de la república para apreciar cosas que no son matemáticas. El establecer si una persona puede o no entorpecer una investigación es una cuestión de carácter prudencial, no es una máxima científica, no estamos aplicando la Ley de Gravedad.

Lo importante es que la decisión del juez de garantía esté debidamente controlada por un tribunal superior jerárquico y, por tanto, si este último confirma o revoca la sentencia, esa va a ser la decisión del Poder Judicial, que es independiente y va a estar aplicando el Estado de derecho, a lo cual habrá que atenerse nos guste o no.

Jorge Ferdman, académico Universidad de Chile: “Tengo la intuición de que no les van a dar la prisión preventiva”

jorge ferdman– ¿Existen fundamentos jurídicos para que el Ministerio Público haya pedido prisión preventiva para Lavín y Délano?

– Hay una serie de factores que hay que considerar, no es una respuesta en blanco o negro. Lo primero dice relación con el número de delitos por los cuales están siendo formalizados. La diligencia por parte del Ministerio Público fue bastante prolongada, de tal forma que uno pudiera entender que la multiplicidad de delitos y conductas delictivas, y las penas asociadas a ellas, pudieran fundamentar una petición de ese tipo. Hay que partir de esa base. Por otro lado hay que considerar que los imputados tienen defensa (…). Pero en el marco de lo que es la cultura y la práctica jurídica en nuestro país, hay algunas cosas que no dejan de ser relevantes. La primera es la gravedad de los delitos que se imputan, la pronoxis de pena a recibir en el evento que fueren declarados culpables, pero no hay que olvidar que estamos en presencia de delitos económicos y que el país conoce de más de un episodio de esta naturaleza… de causas que comienzan con una potencialidad espectacular y finalmente son menos que los dedos de una mano los casos que terminan en condena con gente presa. Yo no recuerdo ninguno.

Por otro lado, en términos penales propiamente tales, la prisión preventiva es una medida extrema. Yo en lo personal soy muy renuente y crítico de ella, salvo en los casos de extrema necesidad.

– ¿Cuáles son esos casos?

– Son en los que se acredita que la investigación corre riesgo porque se han llevado adelante maniobras de carácter dilatorio o que la entorpecen, o los casos en que estamos frente a una persona cuyos antecedentes demuestran que es un sujeto peligroso para vivir en sociedad… y ese no es el caso de ellos. Ellos han pagado las multas y son personas que están absolutamente integradas, más allá de lo cuestionable que puedan ser sus conductas. ¿Qué ganarían con la prisión preventiva? Incrementar aún más la exigida carga de trabajo de los gendarmes. Hay alternativas, como por ejemplo, les pueden dar arresto domiciliario total o nocturno. Lo más probable es que a todos les den arresto domiciliario. Al llevarlos presos son recursos públicos los que están involucrados y me parece que los recursos hay que asignarlos de forma racional y con mucha responsabilidad. Además existe el principio de inocencia, de gente que no ha sido condenada. ¿Cuántos casos empezaron con una espectacularidad espantosa? El hecho de que el fiscal nacional esté metido en esto es un arma de doble filo. ¿Qué pasa si el asunto se les desarma? No hay que olvidar lo que pasó con el caso bombas, con el del registro civil…

– Si el juez desestima la petición de cárcel del Ministerio Público, ¿sería un fracaso para Sabas Chahuán?

– Sería un indicador relevante. Pero más que un fracaso para el Ministerio Público diría que es más una imprudencia o precipitación, sobre todo teniendo en cuenta que está la máxima autoridad, lo que da toda una connotación o una externalidad social. Si está la máxima autoridad es porque se entiende que la causa tiene una importancia directamente proporcional. Pero con las experiencias pretéritas yo tendría más cautela. Además, con un mínimo sentido común, ¿usted cree que Délano y Lavín se han dedicado en este tiempo a seguir complicando la ya delicada situación que enfrentan?

– ¿Cuál es su pronóstico?

– Puede que me equivoque, es sólo un pronóstico, pero tengo la intuición de que no les van a dar la prisión preventiva.

Juan Enrique Vargas, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales: “El ambiente social en este caso lleva a tomar medidas bastante ejemplarizadoras”

Juan Enrique Vargas, decano de Derecho de la UDP– ¿Cuál es su opinión sobre la decisión de pedir la cárcel preventiva para los controladores del grupo Penta?

– Uno no tiene toda la información que tiene el Ministerio Público. Uno puede hacer deducciones de la información. En todo caso, la solicitud de medidas cautelares no depende exclusivamente de la gravedad de los delitos ni de la cantidad. Ahí podría haber alguna diferencia entre Hugo Bravo y Carlos Eugenio Lavín y Carlos Délano, si es que el Ministerio Público piensa que por el hecho de ser controladores del grupo Penta tuviesen una responsabilidad mayor, podría ser una razón que justifique pedir una cautelar más rigurosa. Pero no depende exclusivamente del Ministerio Público, sino también de que las personas eludan la acción de la justicia. En el caso de Bravo, deduciría, que como ha colaborado con la investigación y destapó todo, creo que el Ministerio Público debe asumir que las posibilidades de que Bravo quiera eludir la acción de una justicia, que él mismo desató, son mucho más bajas que las otras personas imputadas.

– ¿Cuál sería la causal jurídica que llevó al fiscal Chahuán a pedir la prisión preventiva?

– El tema central no es tanto que ellos puedan reincidir en los delitos, que es un riesgo bajo, sino el riesgo que puedan eludir la acción de la justicia.

– Sin embargo, si ellos hubieran querido eludir la justicia se habrían ido antes del país.

– Pero la oportunidad para solicitar la prisión era ésta. En esto, sin duda, el impacto público de este caso juega un rol, sería ingenuo no asumirlo. Hay consideraciones jurídicas pero también está asociada, no me cabe duda, de que en la mente de los fiscales está presente la importancia social que tiene este caso.

– ¿Ud. respalda la decisión del fiscal?

– No me quisiera pronunciar, no tengo todos los antecedentes.

– ¿Hay antecedentes jurídicos suficientes para pedir la prisión preventiva?

– Creo que el Ministerio Público tenía pocas opciones de no pedir la prisión preventiva. Hubiera sido muy difícil de entender que no la hubiera solicitado.

– ¿Por qué?

– Básicamente por lo que decía anteriormente, este es un caso en que la opinión pública tiene puesta su mirada, los delitos son  muy graves  y extendidos. Los querellantes están pidiendo la prisión preventiva, entre ellos el Consejo de Defensa del Estado, que defiende el interés general de la sociedad. Todos los componentes llevaban a que si el Ministerio Público no lo hubiera solicitado se hubiera visto que no estaba comprometido con la investigación.

-¿Qué debemos esperar del fallo del juez?

-Es un enigma para mí. No me aventuraría. Los jueces tampoco son inmunes, y lo han demostrado muchas veces al ambiente social, y creo que el ambiente social, por supuesto en este caso, lleva a tomar medidas bastante ejemplarizadoras, y la prisión preventiva es todavía vista por el público como una medida ejemplarizadora. En la teoría no debería ser así, pero en la práctica opera de esa manera. No me extrañaría que esas razones estuvieran presentes. También hay buenos argumentos para decir que es muy bajo el riesgo, de que siguieran cometiendo delitos y de que pretendan irse fuera del país, porque lo podrían haber hecho. Hay buenas razones para sostener lo contrario y bajar la intensidad de la medida cautelar y ponerle un arresto domiciliario. No me extrañaría que esto suceda, pero tampoco me extrañaría lo contrario.

– ¿El espíritu de la reforma procesal penal contempla cárcel para estos casos? Hay críticas de que el sistema es garantista.

– La reforma procesal penal quiso dar vigencia al principio de presunción de inocencia. Que las personas son inocentes hasta que una sentencia declara su culpabilidad. Por lo tanto, usar la prisión preventiva, como se usaba en el sistema anterior, como una pena anticipada, parecía una aberración. Antes, dos tercios de las personas estaban privadas de libertad durante la investigación y un tercio condenadas, y ahora es al revés. Un 75% de personas condenadas y solo el 25% durante el proceso están presas, y me parece correcto. Es la forma como debiera operar cualquier sistema de justicia criminal. Ahora, el sistema de justicia no funciona en el limbo, funciona en la tierra y a partir de una serie de consideraciones donde no están sólo las jurídicas y, claramente, el contexto social y político sí tienen incidencia en las personas que actúan y en las decisiones que se toman.  Creo que eso puede tener expresión en este caso.

– Entonces, ¿entre las variables que tiene el juez para tomar su decisión considera el contexto político y connotación social del caso?

– Claro, y uno no sólo podría leerlo negativamente, como diciendo, esto es por presiones, etc, pero también podría leerlo positivamente, en el sentido de que la justicia busca, al final del día, la pacificación social, que podamos convivir todos, que tengamos adhesión al sistema político que nos rige, y si la gente empieza a desconfiar cuando no entiende decisiones o no la comparte, aunque sea por malas razones, empieza a distanciarse, y el fin positivo que se busca con la justicia empieza a perderse. No lo estoy poniendo solo en blanco y negro, sino que creo que esto es mucho más complejo, y claro, ponerse en los pantalones del juez  que intervienen parece ser más fácil para el comentarista que para el que está ahí, que tiene que medir muchas más variables.

– Si el juez no ratifica la cárcel, ¿sería una derrota para el fiscal Chahuán?

– No creo. Si no le dieran nada, ninguna medida cautelar sí, sería muy fuerte, pero si le dan medidas cautelares menos intensas que las solicitadas es parte del juego del litigio, que va por un poquitito más de lo que puede conseguir, y no siempre se logra.

– ¿Esta decisión de presidio lo ve más por su impacto social y función ejemplarizante de la justicia?

-Creo que esa diferencia tan tajante de qué es jurídico y extra jurídico no es tal. En lo jurídico entran a batallar otras consideraciones que las puramente dogmáticas de lo que dice la ley. Esto es derecho y es una disciplina social, que tiene fines sociales que cumplir.

– ¿Para la reforma procesal penal, que se encarcelaran ambos controladores sería un hito?

-Sería muy significativo. Son personas muy conocidas, poderosas, siempre existe la sensación pública de que la justicia está hecha para los pobres que no tienen cómo defenderse y que los ricos están más allá del bien y del mal. Sin duda, es muy poderosa la señal pública de que el derecho se aplica a todos.