Líder de la Confepa anuncia que en marzo se realizarán marchas en Santiago y en regiones en contra de la ley que fue aprobada en enero.
Publicado el 13.02.2015
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El mes pasado, el Congreso aprobó la reforma educacional del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que elimina el lucro, el copago y la selección en el sistema escolar, pero las asociaciones de apoderados, profesores, directores y sostenedores de colegios anuncian para marzo una nueva arremetida en contra de la ley.

Erika Muñoz, presidenta de la Confederación de padres y apoderados de colegios subvencionados, Confepa, revela que se han coordinado con 14 organizaciones sociales para realizar una gran marcha nacional en Santiago y en regiones en protesta por la reforma, que dicen dañará la educación de sus hijos, obligará el cierre de colegios y a muchos subvencionados a pasarse a colegios particulares, ante la imposibilidad de cumplir las nuevas exigencias que contempla la ley.

Padres exponen sus reparos a la reforma educacional“Aunque la reforma ha sido aprobada en el Congreso no nos quedaremos con los brazos caídos. Vamos a demostrar en la calle la fuerza de la ciudadanía para que el gobierno se dé cuenta de lo negativa que será para nuestros niños”, señala Muñoz.

Dirigente cuestiona que la reforma no aplicará para los hijos de los parlamentarios de la Nueva Mayoría

La dirigente critica a los parlamentarios  de la Nueva Mayoría por hacer una ley que regirá para el 93% de los colegios subvencionados y municipales del país, pero no para el 7% de los colegios particulares pagados donde estudia la enorme mayoría de los hijos de los congresistas.

“Las consecuencias de esta mala reforma las tendrán nuestros hijos de las clases vulnerables y media, no los hijos de los señores parlamentarios, que los mantendrán en exclusivos y caros colegios pagados. Esto es un doble discurso inaceptable”, cuestiona Muñoz.

En la Confepa piden que no se condicione la subvención a los alumnos según la personalidad jurídica del establecimiento educacional, sino exclusivamente por su calidad, que debería determinar la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación.

También piden que en lugar de exigir el cambio de la personalidad jurídica del colegio, “que nada garantizará en términos de inversión, los padres solicitamos que se eleven las exigencias de infraestructura y equipamiento, tales como laboratorios, salas de informática, gimnasios”. Además, solicitan que se le garantice a los padres y apoderados que ningún colegio cerrará ni se pasará a particular pagado fruto de exigencias que busquen cambiar el estatus jurídico de los sostenedores.

 Anuncian demanda contra el Estado en organismos internacionales

Erika Muñoz asegura que están en conversaciones con un abogado extranjero especialista en causas de Derechos Humanos, para demandar al Estado de Chile ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

También añadió que varios padres que son abogados están preparando recursos de amparo en favor de sus hijos. “Estamos analizando las diferentes opciones jurídicas que hay. La idea es demandar al Estado por este atropello al derecho de la educación de nuestros hijos”, indica Muñoz. Su principal argumento es que la reforma educacional les quita a los padres y apoderados el  derecho a elegir la educación de sus hijos, lo que está garantizado en la Constitución.

2017 será año clave en la implementación de la reforma

La reforma entrará en vigencia el 1 de marzo de 2016 con la eliminación gradual del copago, que será reemplazando con el aumento de la subvención estatal. Si bien no se establece una fecha de término, el Gobierno estima que en 2017 el 93% de los estudiantes subvencionados estudiarán gratis.

Ese mismo año comenzará a aplicarse el fin de la selección en una región, en 2018 en otras cuatro y en 2019 en las diez restantes. En tanto, los liceos emblemáticos tendrán cinco años para ir eliminando la selección de manera gradual, comenzando el año en que le corresponda a su región.

Los sostenedores también tendrán plazo hasta fines de 2017 para convertirse en corporaciones sin fines de lucro. Luego tendrán tres años para seguir arrendando su inmueble, tras lo cual deberán comprarlo, recibirlo en comodato o arrendarlo a un tercero no relacionado o sin fines de lucro.

En caso de que se opte por comprar el inmueble, esto será a su valor comercial, con cargo a la subvención, garantía de Corfo y en un plazo de 25 años; mientras que quienes arrienden deberán hacerlo al 11% del valor del avalúo fiscal. También se estableció una norma especial para los colegios que tienen menos de 400 alumnos, los cuales tendrán tres años más de plazo antes de tener que comprar el inmueble.

FOTO: RAÚL ZAMORA/AGENCIA UNO