La presidenta de los apoderados de colegios subvencionados, Confepa, advierte que los colegios que se están pasando a particulares pagados cobran hasta tres veces más, y que el Mineduc está derivando alumnos a escuelas públicas, como ocurrió en Magallanes donde 220 apoderados están en las calles reclamando. "La Presidenta, la ministra y los senadores que impulsaron esta ley deben dar la cara y responder a los padres y apoderados cuyos colegios se están cerrando o pasando a particulares pagados", dice.
Publicado el 05.12.2016
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La polémica ley que prohíbe el lucro, el copago y la selección entrará en una bifurcación muy próximamente ya que los colegios subvencionados del país deberán tomar la crucial decisión de si continuarán bajo ese sistema como corporaciones sin fines de lucro, se pasarán a particulares pagados o simplemente cerrarán.

En marzo próximo los sostenedores deberán informar su decisión a los padres y apoderados, pero lo más probable es que este mes tengan que adoptar internamente la decisión como parte de su planificación futura, y de los costos que ello significa.

Las dificultades del sistema ya se están viendo en Magallanes, región que la ley estableció como la primera en que se aplicará el sistema de selección por tómbolas dirigidas por el Ministerio de Educación.

Los problemas que está generando la ley de inclusión en Magallanes

apoderados-reclamando-en-punta-arenasEl problema es que ese mecanismo dejó a 220 niños sin colegio para el curso escolar de 2017, por lo que los padres y apoderados crearon un movimiento de protesta en que salieron a las calles y les exigen a las autoridades una solución, según reveló la prensa de Punta Arenas.

“La idea principal de esta marcha es mostrarle a gente del gobierno regional, municipalidad, a las autoridades a nivel nacional que este sistema de admisión que se implementó en Punta Arenas no fue un éxito, como ellos lo están promocionando en todos los medios” dijo Patricio Sepúlveda, el líder del movimiento.

El apoderado aseguró que hay muchos papás con niños con capacidades distintas, que necesitan un colegio preparado y los colegios a que los envían aleatoriamente no lo está. Están enviando niños con discapacidad a cualquier establecimiento y niños que querían carreras técnicas también”.

Por ejemplo, Karin Quinchel denunció que su hija postuló a un colegio experimental y quedó en uno industrial donde hay carreras para hombres. Francisco Rivas afirmó que su hija no quedó en el colegio al que postuló y la derivaron a una escuela municipal. “El colegio público todos sabemos los problemas, pro y contras que tiene la educación pública. Entonces con qué derecho ellos están enviando a mi hija a un colegio de peor calidad, al final ellos están regulando hacia abajo y no hacia arriba”.

Senadores que aprobaron la ley ahora piden modificarla

En agosto pasado el Mineduc admitió que 1.256 colegios ni siquiera han sido contactados por la cartera para saber qué destino tendrán, y otros 571 aún no toman una decisión, lo que suma 1.827, equivalente al 49% del total de los establecimientos.

El documento reconoce, además, que 39 colegios manifestaron su deseo de cerrar, 36 ya decidieron convertirse en particulares pagados y 95 rechazaron la asesoría del Mineduc. También revela que apenas el 5% de los colegios subvencionado se ha transformado en sin fines de lucro, como impone la ley.

Además, los senadores Fulvio Rossi, Ignacio Walker y Carlos Montes, enviaron  una carta al gobierno enumerando los problemas que les generará a los sostenedores el plazo para traspasar los colegios a las entidades sin fines de lucro, y le pidieron al Mineduc modificar la ley y los plazos que ellos mismos respaldaron, alineándose con los privados que antes cuestionaron.

En la misiva pedían “el envío de un proyecto de ley que prorrogue la vigencia de los arriendos, al menos por cinco años más” para “eliminar la incertidumbre reinante y viabilizar la implementación de esta reforma”.

En este contexto, “El Líbero” conversó con Erika Muñoz, presidenta de la Confederación de padres y apoderados de colegios subvencionadosConfepa, quien se opuso tenazmente a la reforma escolar y advirtió los graves problemas que generaría.
– ¿En qué etapa está la llamada ley de inclusión?

-Para los padres y apoderados la implementación de la ley ha sido un verdadero desastre. La ley incorpora algunos detalles administrativos y económicos este año que han generado lo que denunciamos en mil oportunidades, de que se iban a pasar a particular pagado los subvencionados, que algunos iban cerrar y eso es una realidad. Tenemos colegios en todo el país que se pasaron ya a particular pagado, y en Antofagasta 15 colegios pasarán a particular pagado. En la zona norte de Antofagasta no hay oferta de colegios municipales, son todos subvencionados.

– ¿Cuánto subirá la matrícula de los colegios subvencionados que se pasen a particulares?

-Los subvencionados hoy cobran entre $40 mil y $50 mil y pasarán a cobrar entre $140 mil y $180 mil como pagados. Las colegiaturas subirán más del triple. Estamos hablando de familias de clase media y vulnerables, y muchos alumnos de menos recursos están becados en los subvencionados, beneficio que perderán al pasar a los pagados que no tienen becas. Esa realidad está en muchos colegios.

– ¿Cuándo deben definirse los colegios subvencionados?

-La ley establece un plazo del 31 de diciembre de 2017 para traspasar las corporaciones a fundaciones sin fines de lucro, pero deben dar aviso a los apoderados en marzo próximo. Esa realidad es la que impone la mal llamada ley de inclusión. Además, las escuelas especiales y de lenguaje están siendo tratadas bajo la misma ley como colegios particulares subvencionados, que no tienen ninguna posibilidad de seguir existiendo, porque no se ajustan para nada a la realidad de poder comprar los establecimientos. La banca no está dando créditos para los colegios porque no están dadas las condiciones claras. Esta realidad se la manifestamos a los senadores que aprobaron la ley de inclusión y que transformaron la educación de nuestros hijos en una incertidumbre total. Hablamos con los senadores Guillier, Walker, Montes, Rossi y Zaldívar y la respuesta es que esta ley no se puede implementar. La inconsecuencia de estas autoridades es increíble.

– ¿Por qué los senadores dicen que la ley no se puede implementar?

-Porque la incertidumbre es absoluta. Los senadores están pidiendo una ley corta que transforme la ley de inclusión para que los colegios puedan seguir funcionando. Así de inconsecuente. Ellos enviaron una carta a cuatro ministerios con la explicación de porqué la ley no se puede implementar. Estamos a tres meses de que los colegios se manifiesten si cerrarán, seguirán o se pasarán a particular pagado.

-En Magallanes se observan los primeros problemas. ¿Se puede repetir en otras regiones?

-Así es. Ocurrió lo que denunciamos, que el estado iba a enviar a los alumnos a colegios municipales para llenar las matrículas. Hay casos de niños con necesidades educativas especiales que no tienen siguiera un sistema de integración. Ese desastre se generó a través del fin de la selección que tiene como eje central que postulas a una plataforma virtual y el Mineduc asigna los colegios. La presentación de la ministra Delpiano hace dos meses sobre el sistema dice bien claro que el Mineduc asignará los colegios. Deja claro que los padres no escogen los colegios de sus hijos. Esta ley es un desastre.

-Si bien los colegios les informarán a los padres en marzo, este mes deben definir lo que harán.

-Así es. Hay un colegio de una corporación religiosa que avisó que el sistema de ingreso será a través de una tómbola virtual, y otros están avisando que están pasando a particular pagado. Es una triste realidad. En 2014 cuando estaba el proyecto de ley denunciamos públicamente del perjuicio que generaría, y la Presidenta Bachelet estando en Alemania nos acusó de hacer campaña del terror. Hoy me gustaría preguntarle a la Presidenta si fue campaña del terror o fue la crónica de una muerte anunciada. Lo que denunciamos está siendo una realidad hoy. La Presidenta, la ministra y los senadores que impulsaron esta ley deben dar la cara y responder a los padres y apoderados cuyos colegios se están cerrando o pasando a particulares pagados.

– ¿Cuántos colegios se han pasado a particulares?

-Más de 28 colegios en 2016 se pasaron a particular pagado, lo que equivale a más de 18 mil familias que tuvieron que cambiar a sus hijos. Un colegio subvencionado que se pase a uno particular es el fracaso de la ley de inclusión.