El Ministerio de Educación deberá elegir entre dar becas a los estudiantes más vulnerables, independiente de la institución donde estudien, o entregar recursos directos sólo a las 25 universidades del CRUCh, lo que podría ser inconstitucional porque mantendría la discriminación arbitraria.
Publicado el 15.12.2015
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El misil que le propinó el fallo del Tribunal Constitucional al modo en que el gobierno de Michelle Bachelet buscaba establecer un sistema de gratuidad en la educación superior, le deja una encrucijada con sólo dos caminos al Ministerio de Educación que dirige Adriana Delpiano.

Los recursos aprobados en el presupuesto 2016 superan los US$671 millones y la Mandataria ya advirtió, tras el dictamen, que “algunos quieren impedir que cumpla mi palabra; no me conocen. Quieren frenar la gratuidad; no lo van a lograr”, frase que desató críticas en el oficialismo, la oposición y en las instituciones académicas.

Becas vs aportes directos a las universidades es el dilema que enfrenta el Gobierno para convertir la promesa de la gratuidad en realidad a partir de marzo próximo.

Un disyuntiva que para el ex ministro de Educación de Ricardo Lagos, Sergio Bitar (PPD), es absurda, porque lo que importa es que “el gato cace ratones, no qué color tiene. Discutir si es por aporte directo y no beca porque la primera es socialista y la segunda neoliberal es ridículo”.

Camino uno: Utilizar las becas existentes

La utilización de becas para financiar la gratuidad divide al Gobierno y a la Nueva Mayoría, ya que algunos como el senador Ignacio Walker la han defendido desde el primer momento e, incluso, el ministro del Interior, Jorge Burgos, señaló que “a la hora de buscar instrumentos para que sea lo más universal posible, no quisiera hacer afirmaciones pero tampoco lo descarto”.

Tras el fallo del TC, Walker calificó el mecanismo de gratuidad como “una política pública mal concebida. Espero que en mi gobierno exista una fórmula sensata que no discrimine entre alumnos vulnerables”.

Pero otros como los ex líderes estudiantiles y diputados Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jakcson lo rechazan porque con las becas sería continuar el sistema “neoliberal” que exige ciertas condiciones académicas a los estudiantes y no garantiza el “derecho a la educación”.

Como la decisión tiene el imperativo de que el 27 de diciembre los alumnos tendrán los resultados de la PSU y deberán elegir una casa de estudios, el vocero Marcelo Díaz aseguró que la elección por el mecanismo se sabrá antes de esa fecha.

RaúlFigueroaSin embargo, para el director ejecutivo de la fundación Acción Educar, Raúl Figueroa, el sistema de becas “es el camino más justo porque permite una mejor asignación de recursos, es viable jurídicamente y no discrimina en forma arbitraria. La dificultad es de orden ideológica, no técnica”.

Figueroa explica que tomando en cuenta el monto de la glosa sería factible entregar becas completas para los alumnos de hasta el 30% más vulnerable (226 mil alumnos) de todas las instituciones acreditadas. Ello, en vez del darles el beneficio al 50% pero sólo de estudiantes del CRUCh y de tres universidades más,  lo que fue rechazado por el TC.

El sistema actual de becas en la educación superior tiene tres tipos: las Bicentenario, para alumnos del CRUCh, las Gómez Millas para alumnos del CRUCh o no, y las Milenio que son para los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.

Camino dos: Utilizar el Fondo Basal por Desempeño que creó Harald Beyer en 2012

Aunque resulte paradójico, el camino institucional que podría utilizar la Presidenta Bachelet para implementar la gratuidad lo creó el ministro de Educación, Harald Beyer, del gobierno de Sebastián Piñera en 2012 y se denomina Fondo Basal por Desempeño, que es un mecanismo de financiamiento para las 25 universidades del Consejo de Rectores (CRUCH). Los fondos son de carácter plurianual y de renovación vinculada al cumplimiento de resultados académicos y los recursos se asignan en la ley de presupuesto de cada año.

En el Mineduc creemos que debemos avanzar gradualmente hacia un esquema que promueva la excelencia y financie a las instituciones según la cantidad de bienes públicos que desarrollan. Uno de ellos es la investigación”, sostuvo el entonces ministro Beyer en diciembre de 2012, cuando anunció el nuevo mecanismo que en 2013 entregó casi $12 mil millones adicionales a las universidades del CRUCh.

A este mecanismo se refirió la actual ministra Delpiano cuando afirmó ayer que “siempre hemos dicho que contamos con las herramientas que nos permiten dar comienzo a la gratuidad en las instituciones del CRUCh. Por tanto, ese es el piso con el que partimos, eso nos permite cumplir con al menos el objetivo de que 140 mil jóvenes puedan acceder a gratuidad. Queremos dar seguridad, el Cruch y todas las universidades el Cruch en cualquier escenario deberían estar presente”.

Sin embargo, el director ejecutivo de Acción Educar advierte que si esos aportes el Gobierno los entrega para financiar la gratuidad, estableciendo determinados requisitos a las casas de estudios que dejen fuera a estudiantes de igual condición socioeconómica, “corre el riesgo de ser considerado discriminatorio”.

Figueroa es explícito en afirmar que no existe opción en el presupuesto de entregarle recursos directos a instituciones que no sean del CRUCh.

El rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, dijo que destinar recursos para entregar gratuidad sólo a las universidades del CRUCh sería “increíble, escandaloso. Los alumnos más pobres no están en el CRUCh. Espero que las autoridades encuentren una salida provisoria que no signifique seguir discriminando mediante los aportes basales”.

De hecho, de los 540 mil alumnos vulnerables matriculados en la educación superior, apenas 160 mil lo hacen en instituciones del Consejo de Rectores, lo que equivale al 29%.

FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIA UNO