El ex presidente de la empresa brasileña OAS había ofrecido delación compensada a cambio de revelar detalles del financiamiento de la campaña de Michelle Bachelet en 2013. Pero sus conversaciones están cortadas con la Fiscalía.
Publicado el 06.02.2017
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“Aunque las negociaciones están canceladas oficialmente,  los abogados de OAS están en contacto con el fiscal para reanudar las negociaciones”, fue la información recientemente agregada por el periodista brasileño Thiago Bronzatto, en el artículo de la revista “Veja”: “Los tentáculos del petrolão en Chile” (“petrolão” es como se denomina en Brasil al escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras), en que se revelan nuevos antecedentes sobre los presuntos vínculos entre la campaña presidencial de Michelle Bachelet y la constructora OAS, investigada por corrupción y financiamiento irregular de campañas políticas en el marco del denominado caso Lava-Jato, que fue el que influyó en la salida de la Mandataria Dilma Rousseff.

La frase es un respiro para La Moneda, ya que en la edición impresa de la revista “Veja” que se publicó esta semana, se aseguró que dos publicistas están dispuestos a revelar información sobre financiamiento ilícito en la campaña electoral de Bachelet en el año 2013, además del propio ex presidente de OAS, José Aldemario Pinheiro Filho, -mejor conocido como Leo Pinheiro-, detenido en Curitiba en la Operación Lava-Jato y condenado en agosto de 2016 a 16 años y cuatro meses de prisión.

Pinheiro es la fuente clave del caso; por él pasaban las decisiones y la información y es quien tendría datos concretos sobre el supuesto apoyo de la empresa a la campaña de Michelle Bachelet. Por eso su testimonio es clave para las indagaciones que se desarrollan en Chile a cargo de la fiscal Ximena Chong. Pero aún está en duda que se pueda conocer lo que sabe el ex presidente de OAS. Dependerá de que los fiscales brasileños acepten su oferta de delación compensada y de que esos mismos funcionarios acojan las solicitudes que han enviado las autoridades chilenas pidiendo distinto tipo de acceso a la indagación que se realiza en ese país: desde la posibilidad de participar en interrogatorios hasta poder conocer el contenido de las conversaciones por WhattsApp de los involucrados.

El acuerdo de colaboración con Pinheiro fue suspendido a finales del año pasado por el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, informa la revista Veja. En tanto, el Ministerio Público chileno había decidido ampliar la investigación que inició en 2016 sobre el rol de OAS en la campaña de Marco Enríquez-Ominami. La tarea ha estado a cargo de la fiscal Chong, que extendió una solicitud al Ministerio Público de Brasil para estar presente cuando los otros ejecutivos involucrados den su testimonio.

En el artículo de la revista “Veja”, se asegura que los publicistas José Cavalcanti ‘Duda’ Mendonça y João Santana -que trabajaron con el Partido de los Trabajadores (PT)- aseguran que OAS no sólo financió la campaña de Marco Enriquez-Ominami, sino también la de Bachelet, y mencionan un viaje realizado por Lula da Silva a Chile en 2013, en el que se reunió con la Mandataria en pleno proceso electoral.

Fue en noviembre de 2013 que Lula viajó a Santiago en un jet dispuesto por OAS y ofreció una charla pagada por la misma empresa, además de reunirse con Bachelet. En el mes siguiente, agrega la misma revista Veja, un consorcio integrado por la empresa ganó una licitación en el país. Se trataba de la que se adjudicó en diciembre de 2013 la construcción del Puente Chacao.

En abril del año pasado el Ministerio Público de Chile inició una investigación sobre el rol que habría tenido OAS en la campaña del candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami. Se hizo luego de que trascendiera que la empresa le proporcionó a ME-O un jet privado para su campaña de 2013 bajo un monto que no fue rendido como gasto ante el Servel.

Los antededentes Lava-Jato

El caso conocido como Lava Jato comenzó en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curibita (Paraná), descubrió una operación de lavado de activos en la pretrolera estatal Petrobras, que ha salpicado a países como Perú, Chile y Colombia.

El lavado funcionaba así: Petrobras licitaba sus obras a grandes empresas de ingeniería y construcción de Brasil, como parte de un programa impulsado por el presidente Lula da Silva y la que era su ministra de Energía, Dilma Rousseff, con la intención de estimular la creación de empleos en el país. Para favorecer la contratación de ciertas compañías, la petrolera brasileña solicitaba sobornos que rondaban el 3% del presupuesto, que se repartía entre políticos y empresarios. Ese dinero se introducía nuevamente en el sistema mediante variados negocios como hoteles y estaciones de gasolina, entre otros, para poder lavarlo. Después se transfería al extranjero a en cuentas de empresas “fachada”.

Las autoridades judiciales que se encontraban detrás del soborno, persuadieron a varios a funcionarios a nivel internacional para así lograr importantes concesiones en toda América Latina. Lo que se hacía era que el dinero que se pagaba en coimas, era cargado al costo final de las obras de manera tal que la ganancia terminaba siendo para la constructora y el funcionario, y nada para el Estado.

Frente a la investigación estaba el juez Teori Zavascki, quien falleció en un accidente aéreo el pasado 19 de enero, dejando en vilo el caso. Pero el 2 de febrero se designó como reemplazante a Luiz Edson Fachin, quien en junio de 2016 fue designado por Rousseff como minstro del Tribunal Supremo Federal e integró la comisión del Ministerio de Justicia para la reforma del Poder Judicial. También es conocido porque en 2010 realizó un video llamando al voto a favor de Rousseff.