La reforma a la reforma tributaria que ingresó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, al Congreso la semana pasada aumenta los impuestos totales de 35% a 44,45% para algunas empresas pequeñas y medianas, que generan más de 650 mil empleos en el país.
Publicado el 21.12.2015
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El proyecto de ley que reforma la reforma tributaria y que ingresó el martes 15 el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a la Cámara de Diputados para corregir las numerosas falencias de la ley que heredó de su antecesor, Alberto Arenas, ha generado un fuerte rechazo de sectores empresariales por el nuevo impuesto que les significará.

Y es que la obligación que establece dicho proyecto de utilizar el régimen tributario semi integrado en vez del de renta atribuido, significará una nueva alza de impuestos del 9,45% para casi 40 mil compañías pequeñas y medianas, dado que pagarán un impuesto global de 44,45% en vez del 35% que cancelan con la legislación aprobada hace apenas un año.

Esta situación fue advertida por el ex ministro de Hacienda y director de Clapes-UC, Felipe Larraín, quien ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados señaló que el proyecto de ley aumentará la carga tributaria en $50 mil millones.

swettJuan Pablo Swett: “El impacto en la economía de tener un 44,5% de tasa final de impuesto puede ser muy perjudicial para el crecimiento, la inversión y el empleo”

Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, dijo que están “preocupados porque casi 40 mil medianas y pequeñas empresas se verán afectadas con las nuevas indicaciones a la reforma tributaria, forzándolas a elegir el sistema semi integrado y obligándolas a pagar un 44,5% de impuestos final”.

“Si bien se ha argumentado que este nivel de tasas existieron en Chile en los años noventa, lo cierto es que muy pocas persona pagaban esos niveles de impuestos, cosa que cambiará diametralmente con las normas anti elusión. Por ello, el impacto en la economía de tener un 44,5% de tasa final de impuesto puede ser muy perjudicial para el crecimiento, la inversión y el empleo”, afirmó a este medio Swett, quien destacó que el Ministerio de Hacienda “ha tenido una excelente disposición a hacer arreglos”.

El dirigente gremial agrega que si se negoció la posibilidad de optar entre dos sistemas, la simplificación de la reforma no puede obligar a las empresas a tomar un sistema en particular, eliminando la capacidad de elegir entre renta atribuida o parcial integrado.

Por ello, plantea que “llegó la hora de hacer un último esfuerzo y sentarse a negociar una tasa única 100% integrada y evitar esta discriminación que elevará los tributos a gran parte de las empresas que pagan impuestos en Chile. El país no puede seguir en la incertidumbre de vernos obligados a entrar en una nueva discusión de si deberemos realizar otra reforma de la reforma”.

BERNARDO FONTAINEEn la misma línea, Bernardo Fontaine, quien fue parte del acuerdo tributario en el Congreso que generó dos nuevos sistemas, el semiintegrado y renta atribuida, señaló que “es indispensable que el sistema sea plenamente integrado para que un empleado y un emprendedor paguen el mismo impuesto si ganan lo mismo. No será así con esta nueva reforma tributaria”.

Investigador de Clapes-UC: “No sabemos si por crueldad o por inepcia, el Gobierno no quiere tomar medidas para mitigar el daño infligido a estas pymes”

Salvador-Valdes economista de Clapes-UCEl profesor de economía de la Universidad Católica e investigador de Clapes-UC, Salvador Valdés, expuso el pasado 16 de diciembre ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y explicó que la reforma a la reforma incluye como requisito que para acogerse al régimen de flujo de caja (Art. 14 Ter (A), renta atribuida), todos los dueños, socios o accionistas sean personas naturales, o personas jurídicas acogidas al régimen de renta atribuida.

Ello simplifica la situación para las empresas grandes, pero, al costo de un aumento en la carga tributaria explícita sobre tres tipos de Pymes: las que tienen en su propiedad personas jurídicas que están en el régimen semi-integrado de modo inamovible, y habrían optado por acogerse a la renta atribuida en ausencia de este ajuste, pero ya no podrán hacerlo; las que usan la forma jurídica de “sociedad por acciones” y las que usan la forma jurídica de “sociedad anónima” cerrada.

Esto es un serio gravamen a los emprendedores, y por tanto a la creación de empleos de calidad, y crea una nueva forma de desigualdad entre las Pymes según su forma jurídica”, planteó Valdés ante los parlamentarios.

En conversación con “El Líbero”, el investigador de Clapes-UC ahondó sus dichos y señaló que el proyecto del ministro Valdés avanza “en desmontar los peores efectos de la reforma de 2014, pero que perjudica a entre 36 mil y 40 mil Pymes con impuestos mucho mayores que los que tenían hasta ahora, quedando con una carga mayor que la de empleados que ganan lo mismo”.

El economista UC opinó que “no sabemos si es por crueldad o por inepcia del Gobierno, que no quiere tomar medidas para mitigar el daño infligido a estas pymes”, ya que la medida creará una nueva desigualdad entre dueños de Pymes que ganan lo mismo, pero tributan muy distinto; les quitará competitividad a dichas empresas, que generan más de 650 mil empleos y que preferirían achicarse o cerrar debido a que sus rivales -otras Pymes- pagarán menos impuestos que ellas.

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIA UNO