660 ex trabajadores del partido reciben una pensión vitalicia por haber sido exonerados durante el régimen militar, gracias a que la colectividad fue catalogada como “empresa privada” por la legislación. Sin embargo, para el SII el PS no debe pagar impuestos ya que no es una empresa.
Publicado el 17.05.2017
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El Partido Socialista, ¿es una empresa o una corporación privada de derecho público?

Esa es la pregunta que atraviesa el debate en que está envuelta la colectividad que dirige Álvaro Elizalde, quien afirma que no deben pagar impuestos por la millonaria ganancia que obtuvo de las utilidades invertidas en el mercado, ya que es una entidad sin fines de lucro.

Su versión fue respaldada por el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, quien afirmó que las “rentas de capitales mobiliarios obtenidas por corporaciones y fundaciones, cualquiera sea la actividad que desarrollen, por regla general se encuentran favorecidas con la referida exención”, lo que se ha hecho así durante los últimos 45 años.

Sin embargo, esa interpretación es antagónica con la de otros directores, según publicó radio Biobío, que recordó que el ex director del SII, Javier Etcheberry, estableció en 1998 y 2000 que sí deben pagar impuesto a la renta las corporaciones y fundaciones que obtengan ganancias por depósitos a plazo, participación de fondos mutuos, renta de arriendos de inmuebles de su propiedad y arriendo de locales comerciales concesionados.

Incluso, el propio SII en su página web establece que dichas corporaciones y fundaciones, “en la medida que este tipo de organizaciones ejecute actos, operaciones o actividades que le generen una utilidad que se encuentre comprendida en el concepto de renta definido para los efectos tributarios, se encuentra afecta a los impuestos de la Ley de la Renta, especialmente al Impuesto de Primera Categoría establecido en el artículo 20° de la ley del ramo”.

El PS como empresa en ley de exonerados

Pero si ahora el Partido Socialista insiste en que es una entidad sin fines de lucro, ello es diferente a la categoría de “empresa privada” que le otorgó la ley 19.234 de junio de 2003, y que estableció beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos.

Dicha legislación ha permitido que 660 ex trabajadores del PS reciban una pensión vitalicia mensual de entre $120 y $160 mil, ya que establece en el artículo tres que los beneficiarios pueden ser quienes hayan laborado, entre otras instituciones, en “empresas privadas intervenidas por acto o decisión de la autoridad pública, por sí o por delegado, asumió su administración, privando de ella a sus propietarios o representantes legales”.

Además, en varios dictámenes de la Contraloría se ha establecido que “procede acudir al artículo tercero  del Código del Trabajo el que para fines de la legislación laboral y de seguridad social, define como empresa a toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada”.

Dicha categoría de empresas privadas para los partidos políticos fue incorporada como indicaciones por el Ejecutivo en el proyecto de ley, que se discutió y aprobó en las sesiones 26 y 27 del 26 de noviembre y 9 de diciembre de 1992, respectivamente, de la Cámara de Diputados.

A juicio de la Contraloría, ello dejó de manifiesto “la intención del legislador de incorporar a los exonerados políticos de empresas que no fueron intervenidas por la autoridad pública, pero que fueron cerradas por ésta”.

Hasta 2010, el Programa de Reconocimiento al Exonerado Político le otorgó el beneficio previsional, además del PS, a 884 ex trabajadores del Partido Comunista, 61 del Partido Radical y 42 de la DC.

En total, el beneficio ha sido entregado a 74.423 personas que fueron calificadas por exonerados políticos, con un costo anual para el Estado superior a los $142 mil millones.

El MIR y el MAPU también son “empresas”

Los movimientos políticos MIR y MAPU también se acogieron al amparo de dicha legislación y defendieron su derecho de ser “empresas privadas” para que sus ex trabajadores pudieran recibir los beneficios previsionales y las pensiones vitalicias.

En un primer momento, la Contraloría no los reconoció como partidos políticos, pero luego hizo una reconsideración de dictámenes anteriores, y ante la apelación de dichas entidades, los acogió también como empresas.

En  un dictamen del 10 de octubre de 2007, el organismo estableció que las personas que perdieron su trabajo en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria “por razones de orden exclusivamente de carácter político, han cumplido la exigencia de haberse desempeñado en una empresa a la que la autoridad puso término, habilitándolos para acceder a los beneficios que otorga la ley 19.234 sobre exonerados políticos”.

Los cuestionamientos a los falsos exonerados

Recurrentemente, los beneficios han estado en la polémica porque se han entregado a personas que no calificaban.

En 2013, la Contraloría detectó que se pagaron indebidamente $30 mil millones en favor de 5.917 beneficiados que accedieron a la pensión no contributiva, efectuando pagos con subrogación, “sin acreditar la efectiva prestación de los servicios y el pago de las cotizaciones por parte del empleador”, por lo que se pidió iniciar sumarios administrativos para establecer las responsabilidades.

Esa vez, la entidad estudió aleatoriamente a 9 mil personas, de los cuales 3 mil se calificaron erróneamente como exonerados durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Incluso, algunos eran menores de edad.

Los parlamentarios que más extendieron estos documentos fueron Isabel Allende (PS), Carlos Jarpa (PR), Sergio Ojeda (DC), Enrique Jaramillo (PPD), Jaime Naranjo (PS), Edmundo Villouta (DC), Francisco Encina (PS) y José Miguel Hernández (DC). En total, había involucrados 54 parlamentarios de la Nueva Mayoría.

La irregularidad fue investigada por el Ministerio Público, pero fue sobreseído por falta de antecedentes por la ministra Mireya López.