Óscar Sandoval Navarrete es militante del PS y actualmente es subdirector administrativo de la Presidencia. En la Nueva Mayoría son varios los que creen que no sería buena idea nombrarlo, pues también habría visado los contratos “a dedo” que hoy aparecen cuestionados.
Publicado el 20.02.2016
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Este lunes, cuando Cristián Riquelme concrete su salida del gobierno anunciada el miércoles por el ministro Jorge Burgos, el puesto de director administrativo de la Presidencia quedará libre, pasando a engrosar la lista de importantes cargos que se encuentran vacantes desde hace meses.

sandovalSin embargo, desde que se dio a conocer la salida del miembro del G-90 del PPD, los partidos de la Nueva Mayoría se han activado para intentar poner a alguien de sus filas en el cargo. La razones sobran: el director administrativo es el superior jerárquico dentro de la Presidencia –considerando que Michelle Bachelet es funcionaria del Estado de Chile-, maneja un amplio presupuesto y asigna millonarias licitaciones por concurso o por vía directa. Pero según quienes están al tanto de las negociaciones internas, la carrera la estaría ganando el Partido Socialista (PS), que estaría apoyando al actual subdirector del área, Óscar Sandoval Navarrete (en la foto).

Sandoval es abogado de la Universidad Gabriela Mistral y activo militante del PS, partido del que fue miembro del tribunal supremo. Su trayectoria dentro del área administrativa de La Moneda es dilatada. Según la página de gobierno transparente, en la primera administración de Bachelet trabajó como asesor jurídico de la dirección administrativa, bajo las órdenes de Riquelme. En enero de 2010, a poco más de dos meses del cambio de mando, fue nombrado jefe del departamento de asesoría jurídica de la Presidencia, puesto en el que se mantuvo durante todo el gobierno de Sebastián Piñera. Quienes trabajaron con él en ese período, señalan que es un “excelente abogado y que, a pesar de ser de otro sector político, trabajó de forma muy profesional”.

Pero el 11 de marzo de 2014, cuando Bachelet regresó a La Moneda, en todos los ministerios y servicios del Estado comenzó la desvinculación masiva de funcionarios del gobierno anterior. Y principalmente de todos los profesionales que trabajaron en la primera administración de Bachelet y sobrevivieron al gobierno de Piñera. La impulsora de esta suerte de “doctrina” fue la actual ministra Ximena Rincón, quien antes de asumir señaló que “aquellos que se quedaron en el Gobierno, aduciendo que eran técnicos y renunciaron a sus convicciones, esa gente no le hace bien a la política, y espero que no estén en este gobierno”.

Y la Presidencia no escapó a este fenómeno. Antes de llegar a La Moneda, Cristián Riquelme solicitó formalmente al director administrativo del gobierno de Piñera, Aldo Sabat, que le dijera a los jefes de departamento en ejercicio que no asistieran a trabajar el 11 de marzo, pues serían removidos. En el grupo se encontraban varios ex funcionarios de Bachelet. Sin embargo, Sandoval no fue tocado. Al contrario, se le ascendió a subdirector de administración, pasando de tener un salario de $3.800.000 a uno de $6.100.000.

Los inconvenientes de nombrarlo

Según quienes conocen sus labores dentro del gobierno, Sandoval fue durante estos dos años el “consigliere” de Riquelme. Como el ex administrador de La Moneda es ingeniero civil, todos los aspectos técnicos y jurídicos de las licitaciones eran consultados al abogado.

Es justamente esa razón la que podría complicar las opciones de Sandoval. Varias fuentes del oficialismo que conocen de cerca el proceso de sucesión, sostienen que no sería recomendable instalar al abogado en el cargo que dejó Riquelme.

Sobre todo luego que la Contraloría comenzara hace un par de días un sumario en contra de la Dirección Administrativa de La Moneda por su propensión a hacer compras por “trato directo” –o “a dedo”- y no vía licitación pública.

Y es que gran parte de esos contratos fueron visados por Sandoval. De hecho, sus iniciales aparecen en varios documentos que han sido cuestionados. En ese sentido, si Contraloría llegara a detectar irregularidades en las licitaciones, el militante del PS saldría dañado y el gobierno se vería forzado a pedirle la renuncia.

Otras fuentes señalan que más allá de los inconvenientes que arrastraría su nominación, él no tendría el perfil para el cargo. “Es un excelente abogado, pero para ser el director administrativo se necesitan habilidades que él no maneja”, comentan. Asimismo, sostienen que es un cargo de absoluta confianza de la Presidenta y, a pesar de militar en el mismo partido, no sería cercano a Bachelet.