El entonces Presidente eligió a sólo dos medios para sus visitas a terreno, pero tuvo que capitular rápidamente debido a las críticas a la libertad de prensa y a un informe jurídico del Gobierno que determinó que la restricción estaba al borde de la ilegalidad.
Publicado el 27.01.2016
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La restricción de acceso para los periodistas que cubren La Moneda a las giras nacionales e internacionales que anunció el Gobierno a partir de este viernes tiene un precedente muy similar en nuestro país pero que duró apenas 48 horas ante una fuerte oleada de críticas.

El lunes 10 de junio de 2002, el entonces Presidente Ricardo Lagos visitó furtivamente un campamento en Recoleta junto a la radio Chilena y canal 13, con lo que buscaba inaugurar una nueva modalidad que consistía en elegir dos medios, uno radial y otro televisivo, para realizar actividades “relámpago” en terreno sin el asedio de los periodistas.

La decisión recibió de inmediato una oleada  de críticas de los periodistas, gremios y políticos de la oposición pero Lagos justificó la medida en que quería “tener una  posibilidad de acceder a determinados segmentos de la población. He luchado para que pudiera haber libertad de expresión en este país. No faltaba más”. E incluso, amenazó con que podía ir solo “y no cubren la información”.

Las razones y los ideólogos de la restricción

El entonces vocero de Gobierno, Heraldo Muñoz, manifestó que la estrategia adoptada se definió por razones operacionales a raíz de los temporales ocurridos ese año, y relató que Lagos le confidenció su frustración cuando visitó una casa de un damnificado y fue seguido por una docena de periodistas que le impidieron un contacto más natural con el poblador.

Por ello el ministro del Interior, José Miguel Insulza, calificó la restricción de “muy razonable” porque “no es una forma de solidarizar con nadie el invadir un dormitorio donde hay diez personas con 60 personas, entre autoridades y, sobre todo, con periodistas”.

Según trascendió en la prensa, los “ideólogos” de la medida fueron el jefe de programación y cuñado de Lagos, Pedro Durán; el jefe de prensa Pablo Orozco; el jefe de gabinete, Matías de la Fuente; y el asesor del segundo piso Sergio Galilea. En la época se leyó el hecho como un intento de premio/castigo para la cobertura de los periodistas, lo que fue desestimado por las autoridades.

Las fuertes críticas a la libertad de prensa que generó la restricción

La polvareda que levantó la decisión del Gobierno llevó a que diferentes actores políticos y sociales la criticaran fuertemente, entre ellos, el entonces presidente de RN, Sebastián Piñera, quien acusó que se estaban generando “dos clases de periodistas, los de clase A y de clase B. Creo que parte de una sociedad libre es que haya información, transparencia y libertad de expresión y, por tanto, esto está restringiendo la capacidad de todos los medios que no son favorecidos por la preferencia del Ejecutivo de informar a la ciudadanía. Me parece muy mal”.

El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que la restricción afectaba “la transparencia en el país y la libertad de prensa. ¿Qué se pretende? ¿Acallar a las personas? ¿Tener solamente a algunos medios que tengan acceso a la información? ¿Limitar las preguntas?”.

El Colegio de Periodistas se sumó a las críticas y enfatizó que en un estado de derecho “todas las autoridades -desde el Presidente de la República hasta los poderes privados- deben asegurar el acceso de todos los medios de comunicación, en igualdad de condiciones, a las fuentes informativas. Es una obligación que tienen frente a la sociedad. Cualquier traba o condicionamiento a ese libre acceso perturba un elemento inherente a la libertad de información”.

La Asociación Nacional de la Prensa calificó de “inaceptable” la exclusión de los diarios y revistas, porque en las actividades públicas del titular del Ejecutivo “lo único que corresponde es facilitar la gestión a los medios para informar de manera libre, amplia y transparente acerca de la ejecución de las mismas, de sus aciertos y de los eventuales contratiempos que puedan ocurrir. La Asociación estima de extraordinaria gravedad la pretensión de subordinar la labor informativa de los medios al éxito comunicacional de las actividades del Presidente”.

Incluso, la Agrupación de Periodistas de La Moneda rechazó “en forma unánime este estilo comunicacional que se intenta imponer a la prensa acreditada en la Presidencia de la República, por cuanto atenta contra la libertad de expresión que contempla la ley de prensa recientemente aprobada”, al igual que la asociación de periodistas extranjeros.

Gobierno revierte la medida en 48 horas

Apenas dos días después del anuncio de la restricción a la prensa, el miércoles 12 de junio, el Gobierno anunció que ponía fin a la medida.

El encargado de comunicarla fue el vocero Heraldo Muñoz, quien dijo que una “decisión cuando se malinterpreta quiere decir que tiene una base de error, y yo no tengo ningún problema en aceptar decisiones que puedan no haberse ajustado a la intención que tenían”, y aseguró que ningún medio sería impedido de salir a terreno con el Presidente Lagos.

También  trascendió que el ministro Muñoz encargó un estudio a su equipo jurídico, que determinó que la restricción estaba “al borde de la legalidad”, antecedente que entregó al Mandatario y que habría influido –junto a las críticas- en la suspensión de la medida.