Todos poseen experiencia en casos de alto revuelo mediático y en el mundo académico. La mayoría proviene de la Universidad de Chile y tres de ellos participan en la organización Libertades Públicas.
Publicado el 10.01.2015
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Los penalistas que están a cargo de la defensa de los involucrados en el llamado “caso Penta”, pese a estar desplegando en varios casos estrategias contrapuestas, son “viejos conocidos”. Durante su carrera se han encontrado como aliados o como oponentes, en casos de alta figuración pública. En su mayoría estudiaron en la Universidad de Chile y han ejercido durante años como profesores de derecho.

Los abogados de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano son Davor Harasic y Julián López, una conocida dupla de la plaza.

Harasic, titulado en la Universidad de Chile y magíster en Derecho Penal, es profesor del Departamento de Derecho Procesal de esa casa de estudios. Dentro de esa facultad ha tenido una activa participación desde 1998, sobre todo como opositor a la gestión de Roberto Nahum. En julio de 2014 presentó su candidatura para el decanato. En el mundo académico sus cercanos son Enrique Barros, Julián López, Lucas Sierra, Fernando Atria y María Inés Horvitz, todos miembros de “Libertades Públicas”, organización gremial progresista que ha competido por dirigir el Colegio de Abogados, instancia de la que Harasic es consejero.

También posee importantes redes dentro de la Compañía de Jesús que lo llevaron a ser parte del directorio de la Universidad Alberto Hurtado hasta 2007 y a pertenecer al Consejo Superior de esa casa de estudios hasta 2010. Además perteneció durante diez años al Consejo Superior Ampliado de la Revista Mensaje.

Fue cabeza de Chile Transparente y participó en el Consejo de Defensa del Estado, instancia que abandonó luego de que el organismo no apelara el fallo que absolvió a Marcelo Schilling y Nelson Mery, ambos miembros de “La Oficina”, en el marco de las investigaciones por el asesinato de Jaime Guzmán. En el CDE estuvo a cargo del caso “Pinocheques”, pero debió dejarlo cuando el entonces Presidente Eduardo Frei solicitó cerrar el caso. Defendió al Instituto de Salud Pública tras los intentos realizados por la Alianza para que no se repartiera la “píldora del día después”. También tuvo como cliente al empresario Ricardo Claro.

En 2013, junto a otros abogados, apoyó la campaña “Marca tu voto” que buscaba impulsar una Asamblea Constituyente.

Su socio, Julián López, estudió en la Universidad de Chile y realizó un master en Derecho en Harvard. Es profesor de Derecho Procesal en su alma mater. Fue fundador de “Libertades Públicas” y pertenece al exclusivo club de ex alumnos de Harvard en Chile.

Defendió al “doble asesor” Andrés Contardo, en el caso que involucró al Registro Civil y la empresa india Tata. En esa ocasión trabajó con Manuel Garrido, actual abogado de Andrés Velasco. También trabajó en la defensa de Bernado Ossandón Larraín en el litigio con su hermano Manuel. Ahí laboró para el mismo representado junto con los abogados del estudio de Juan Agustín Figueroa, donde entonces se desempeñaban Gonzalo Insunza, Catherine Lathrop y José Pablo Forteza, abogados del ex directivo de Penta, y pieza clave en el proceso, Hugo Bravo.

Bofill defiende a tres imputados

Jorge Bofill, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor de la Friedrich Alexander Universität de Alemania y profesor de la Universidad de Chile, asumió la representación del ex senador Carlos Bombal, de Marco Comparini y de Manuel Antonio Tocornal.

Al igual que Harasic y López, es miembro fundador de “Libertades Públicas”, además de consejero de “Fuerza Pública”, el movimiento liderado por Andrés Velasco. Durante varios años trabajó junto al ex ministro Rodrigo Hinzpeter y actualmente es socio del estudio Bofill-Escobar, que instaló junto a Ricardo Escobar, ex director del Servicio de Impuestos Internos durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Representó al ex ministro de Educación, Harald Beyer, durante la acusación constitucional que culminó con su destitución en el Senado.

Bofill tiene experiencia en casos de alta notoriedad, pues defendió a Pablo Alcalde, ex ejecutivo de La Polar, y a Julio Ponce Lerou, controlador de Soquimich.

El ex abogado de Carlos Cruz en el caso MOP-Gate

Los representantes de Hugo Bravo son miembros del estudio Insunza Abogados: Gonzalo Insunza, José Pablo Forteza y Catherine Lathrop.

Gonzalo Insunza es abogado de la Universidad de Chile y sobrino de Juan Agustín Figueroa (PRSD), ex ministro de Agricultura de Patricio Aylwin. Trabajó, al igual que Forteza y Lathrop, en el estudio de Figueroa hasta 2011, año en que abrieron su propia oficina.

Insunza tiene un diplomado en Nuevo Procedimiento Penal, es miembro permanente de la Comisión de Ética y Códigos de Buenas Prácticas del Colegio de Abogados y del Consejo Consultivo de la Fundación Pro Bono.

En 1999 participó en la constitución de La Plaza S.A., propietaria del diario electrónico “El Mostrador”, a través de Inversiones Ochenta Limitada, sociedad que tiene con su mujer, Ximena Boloña, y sus hijos. Su tío también fue parte de esta operación por medio de Vega de Pangueco S.A.

Junto a Forteza, trabajó en la defensa del ex ministro Carlos Cruz durante el juicio del caso MOP-Gate. Finalmente Cruz fue sentenciado a tres años de pena remitida y al pago de 799 millones de pesos. También defendió a Leonardo Farkas cuando recibió una querella de sus socios australianos.

Schweitzer defiende a Jovino Novoa

El equipo que representa al ex senador Jovino Novoa está encabezado por Miguel Schweitzer, abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho Penal de la Universidad de Roma.

Es decano de Derecho en la Universidad Finis Terrae y trabaja en Schweitzer y Cía, estudio creado en 1920. Además es árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. De amplia carrera diplomática, fue embajador de la misión especial ante la ONU y la OEA (1974-1980); embajador en el Reino Unido (1980-1983) y ministro de Relaciones Exteriores entre 1983 y 1984.

Lo acompañan Francisco Cox y Matías Balmaceda, socios de la oficina Balmaceda y Cox Abogados.

Cox es abogado de la Universidad Diego Portales y master en Derecho de la Universidad de Columbia, además de experto en Derechos Humanos. Defendió a la jueza Karen Atala ante la Corte Interamericana, cuando recurrió al organismo tras negársele la tuición de sus hijas por convivir con su pareja mujer, y a Enrique Orellana, ejecutivo del Banco Central acusado de abusar de sus hijas. Además fue querellante en el caso de María del Pilar Pérez.

Fue miembro fundador del PPD, siendo parte del grupo “los Vitacura”, aunque ya no milita. Su padre, miembro de la DC, fue subsecretario de Agricultura.

Por su parte, Matías Balmaceda es abogado de la Universidad Finis Terrae y docente de esa casa de estudios. Es diplomado en Derecho Procesal de la Universidad Alberto Hurtado y la Defensoría Pública.

Fue defensor penal público en Temuco durante el año 2002 y hoy también se desempeña en “Resolver”, que realiza asesoría y orientación legal para empresas y personas.

Zaliasnik con Moreira y Garrido con Velasco

Gabriel Zaliasnik es abogado de la Universidad de Chile y profesor de Derecho Penal. Es socio de Albagli Zaliasnik y fue presidente de la Comunidad Judía. Trabajó en la defensa de Jovino Novoa en el caso Spiniak; representó a Alberto Fujimori en el proceso de extradición a Perú y al ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén. En 2012 fue reconocido como el mejor abogado de Chile por la publicación Best Lawyers.

Por su parte, Andrés Velasco está siendo representado por Manuel Garrido, quien anteriormente representó a Cristián Araya, ex ejecutivo de Banchile Corredores de Bolsa, ante los cargos que realizó la Superintendencia de Valores y Seguros.

 

FOTO: AGENCIA UNO