Luis Toledo tiene en sus manos la investigación del millonario negocio que hizo la empresa Caval de la nuera de la Mandataria. En pocas semanas ha incautado decenas de documentos y allanado organismos públicos y a la misma compañía.
Publicado el 07.03.2015
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Acucioso” es la palabra que más repiten quienes han trabajo de cerca con el fiscal regional de Rancagua, Luis Toledo, quien investiga eventuales delitos de tráfico de influencia e información privilegiada de la empresa Caval, propiedad de Mauricio Valero y Natalia Compagnon, cónyuge de Sebastián Dávalos Bachelet e hijo de la Mandataria.

A Toledo lo definen como acucioso para investigar los delitos y perseverante para perseguir a los criminales en casos de delitos sexuales, área en la que se especializó, o de narcotráfico, donde lo amenazaron de muerte y Carabineros debió ponerle un guardaespaldas de civil durante varios meses.

“Súper profesional, metódico, inquisitivo y exigente” son otros de los calificativos de personas que trabajaron con él y que lo conocen desde hace varios años por su labor en Rengo (2003-2010) y Rancagua (desde 2010), donde ha forjado gran parte de su carrera en el Ministerio Público, que comenzó como fiscal adjunto en Temuco en 2000 tras abandonar su estudio jurídico. Siete años antes se había graduado de abogado en la Universidad Central, en Santiago.

En Rancagua se casó con la también fiscal y especialista en delitos sexuales, Carolina Suazo, quien trabaja actualmente en Santiago, ante la prohibición de que los matrimonios o parejas pueden tener interdependencia profesional. Antes, cuando él era fiscal de Rengo ella estaba en la fiscalía de Rancagua, y cuando él asumió en dicha ciudad ella se trasladó a la capital.

Daba gusto trabajar con él pese a lo exigente que era, porque tenía muy buen trato, era justo y te hacía rendir a altos estándares de excelencia”, relata a “El Líbero” un detective de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), quien trabajó con Toledo durante 10 años investigando decenas de delitos de diversa índole.

Independiente y autónomo

El detective también lo describe como alguien alejado de las redes de poder de los parlamentarios de la Nueva Mayoría o de la Alianza, y de las autoridades regionales del Gobierno de turno.

Nunca lo vi relacionarse con ellos. Es muy independiente y autónomo. Es del tipo de persona que no se casa con nadie”, añade el policía, que hoy desempeña una jefatura de la PDI en otra región del país.

Incluso, relata que en 2009 el fiscal allanó la Intendencia de la Región de O’Higgins, la sede de la DC en Rancagua y la casa de la secretaria regional, Sara Romero, ante una denuncia de intervención electoral de una seremi de la DC que invitaba a varios militantes en cargos públicos a una reunión adonde se debían llevar las bases de datos del Gobierno. La causa terminó con la renuncia del intendente Héctor Huenchullán.

En 2011 renunció a la Asociación de Fiscales luego de que el entonces presidente de dicho gremio, Pedro Orthusteguy, no defendiera públicamente al fiscal nacional, Sabas Chahuán, ante las críticas  del entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por el manejo de la fiscalía en un caso de narcotráfico.

Ese mismo año, otra de sus bulladas investigaciones fue la denuncia de explotación de trabajadores paraguayos por el empresario y ex candidato presidencial Francisco Javier Errázuriz, caso que terminó sobreseído por  “enajenación mental” por un derrame cerebral del imputado. Para Toledo fue necesario, igual, realizarle exámenes mentales en el Servicio Médico Legal.

Las diligencias realizadas en el caso Caval

El mismo día que la fiscal nacional (s) Solange Huerta designó a Luis Toledo a cargo del caso Caval, el lunes 16 de febrero, en medio de la crisis política que obligó a la Presidenta Bachelet enfrentar el tema y a Dávalos a renunciar a su cargo ad honoren de director sociocultural de la Presidencia; hizo varias declaraciones públicas en que prometió ser “absolutamente acucioso”.

También señaló que la investigación “se va a dilatar en el tiempo, no se hará con la premura que se requiere desde el punto de vista comunicacional. Las declaraciones, en este caso, van a ser postergadas por la incautación y obtención de documentos”. Es decir, marcó la pauta desde el primer día respecto de recopilar evidencia primero e interrogar después.

A dos días de iniciar su trabajo empezó los allanamientos e incautaciones a las oficinas de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de O’Higgins y en la División Informática (Dinfo) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ubicada en  el segundo piso de Serrano 15.

Luego, el jueves 26, retiró documentos de la Municipalidad de Machalí relativos a los cambios de uso de suelo. Y al siguiente día el alcalde José Miguel Urrutia le presentó una denuncia y los antecedentes de que la arquitecta que habían contratado para realizar el estudio de cambio de uso de suelo, Cinthya Ross Wiesner, propuso beneficiar a las 44 hectáreas en Machalí que compró Caval en $6.500 millones a su tío Patricio Wiesner. La empresa de la nuera de la Presidenta la vendió después al empresario Hugo Silva Martínez en $9.500 millones, generando utilidades de $2.500 millones tras el pago de $500 millones en intereses al Banco de Chile, operación que ha sido muy cuestionada públicamente por la reunión del dueño del banco, Andrónico Luksic, con el hijo de la Presidenta.

Ese mismo viernes 27 el fiscal allanó junto al equipo del OS-9 de Carabineros las oficinas comerciales de Caval, que resultaron ser el mismo domicilio particular del socio y representante legal, Mauricio Valero, en la calle Pucará, comuna de Ñuñoa.

Fiscal solicita detalles de las cuentas corrientes de Dávalos y Compagnon

Su labor inquisidora siguió con la investigación de un supuesto correo falso que habría enviado el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, en el caso Caval. A lo que sumó pedirle al Conservador de Bienes Raíces de Rancagua que le entregara todas las grabaciones de sus más de 20 cámaras de seguridad entre el 14 de enero y 25 de febrero, cuando supuestamente una autoridad del gobierno regional habría ido para apurar la inscripción de la venta de los predios. El CBR pudo recopilar todo el material gracias a un moderno sistema de monitoreo y resguardo de la información que implementó el conservador Mauricio Astudillo.

La última de sus diligencias, al menos conocidas, fue pedirle al Banco de Chile el detalle de los movimientos en las cuentas corrientes de cinco personas vinculadas a la empresa de la  nuera de la Presidenta, como la misma Natalia Compagnon, Sebastián Dávalos y Mauricio Valero, entre otros.

Esta diligencia es clave para ver los ingresos y egresos de la sociedad, que fue creada en febrero de 2012 con un capital de $6 millones, pero que facturó ese año más de $1.600 millones. El 1 de julio de ese mismo año,  Dávalos Bachelet renunció a sus funciones en la Dirección General de Relaciones Económicas Exteriores de la Cancillería (Direcon), a donde llegó a hacer la práctica en enero de 2005 y luego se quedó como experto negociando tratados de libre comercio con Japón, Tailandia y Malasia, en el primer gobierno de su madre.

Actuación de bajo perfil

Luego de las declaraciones de los días iniciales, Toledo no ha vuelto a dar entrevistas ni declaraciones públicas y ha tenido contadas apariciones para dar cuenta de algunas diligencias realizadas.

No es polilla con la prensa. Aparece lo justo y necesario. No se hace amigo de los periodistas”, dice el detective de la PDI que trabajó 10 años con él.

Otra persona que lo conoce asegura que es el fiscal que más aparece en los medios de la región, por la naturaleza de su cargo, pero que “trabaja en silencio y con equipos multidisciplinarios”.

Sobre los plazos que demora para sus investigaciones, el policía explica que “es pausado pero metódico, no patea las cosas ni las hace rápido. Se toma su tiempo para investigar y es perseverante”.

Una vez terminadas las incautaciones, lo que vendrá, en un plazo que se desconoce, serán las interrogaciones a los implicados en este escándalo que sacudió a la Mandataria, el Gobierno y la Nueva Mayoría.

FOTO: RENE MERIÑO/AGENCIA UNO