Abogados tributaristas consultados por este diario coinciden en que el persecutor está detrás de quienes idearon las triangulaciones de platas entre las empresas, la campaña y los proveedores, lo que configuraría un delito tributario similar al de los casos Penta y SQM.
Publicado el 23.12.2016
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La decisión del fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, de pedirle información al Servicio Electoral (Servel) sobre los aportes a la campaña presidencial de Michelle Bachelet en 2013 abrió una inesperada y compleja arista para La Moneda, y la involucró directamente en el caso de financiamiento irregular de la política que ha sacudido al país durante los últimos dos años, y que comenzó con la indagación al grupo Penta.

En un oficio del 15 de septiembre, el fiscal que investiga el caso SQM pidió el “listado de los gastos electorales rendidos o ingresados o aportes recibidos y declarados por S.E. la Presidenta de la República MICHELLE BACHELET JERIA en el proceso eleccionario del año 2013″.

El documento, que fue dirigido a la directora subrogante, Elizabeth Cabrera, solicita una copia de las rendiciones de cuenta de gasto electoral, y también de las resoluciones del servicio “mediante el cual se aprobaron dichas cuentas”.

Ayer tras darse a conocer la noticia, la Mandataria evitó enfrentarse a los medios de comunicación pero el ministro del Interior, Mario Fernández, aseguró que la solicitud de información de su campaña “no tiene por qué afectarle, el pueblo sabe muy bien quien es ella”. Pocas horas antes, la vocera de Gobierno, Paula Narváez, señaló que “esto es propio del trabajo normal de dos instituciones autónomas del Estado y, por lo tanto, el Gobierno no puede ni debe referirse a un proceso que desarrollan dos entidades autónomas del Estado”.

La compleja arista que abre el fiscal Gómez

La petición se realiza en el contexto de la investigación que lleva el fiscal Gómez sobre la precampaña de 2012 y la campaña de 2013, y de que las empresas Comercial ECCSA S.A., Copec, Arauco y Santa Cruz, rectificaron alrededor de  $400 millones ante el Servicio de Impuestos Internos por servicios que no les prestaron.

Por ejemplo, la empresa Comercial ECCSA S.A.  rectificó ante el  (SII) dos facturas por $50 millones a Asesorías Credo Limitada, firma que facturó $15 millones el 15 de diciembre de 2013 por publicidad radial a Bachelet en la pasada campaña.

Dicha sociedad fue constituida cuatro meses antes, en agosto de 2013, por Magdalena Velasco Weber y su cónyuge, el publicista Diego Perry Aldana, quien junto a José Miguel “Kiko” Carcavilla fue el creativo de la exitosa campaña presidencial.

Diego Perry, además, es dueño de Servicios y publicidad La Clínica Limitada, que también facturó $175 millones por la grabación y producción de los spots de la campaña. Esta compañía aparece mencionada en la denuncia del SII en el marco del caso SQM por una factura de $58 millones que la minera no metálica rectificó.

Esa triangulación de pagos entre el proveedor, el candidato y la empresa financista es el corazón del problema judicial de todos los políticos que han sido formalizados por delitos tributarios, de los cuales hasta ahora el único condenado ha sido el ex senador de la UDI, Jovino Novoa.

Dicho triángulo lo explicó elocuentemente el fiscal Carlos Gajardo en la formalización del ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, en junio de 2015, cuando afirmó ante el juez del Octavo Juzgado de Garantía, que Zalaquett fue el “engranaje clave, la pieza fundamental que si usted saca se termina el delito. Es el responsable de que ocho empresas hayan aceptado facturas falsas, y que dos empresas hayan emitido facturas falsas, que diez empresas en total lo hayan hecho”. Es decir, sin la campaña política no habría delitos tributarios.

Ante esa situación, ¿cuál es el escenario que podría enfrentar la Presidenta Bachelet?

“El Líbero” habló con media decena de abogados tributaristas, la mayoría  de los cuales prefirió hablar en el anonimato dada la figura pública involucrada, pero todos coincidieron en que lo más complejo para la Mandataria sería que se llegara a acreditar su participación en eventuales delitos tributarios como facilitación de boletas ideológicamente falsas.

Pero aclaran que aún es muy temprano para emitir juicios, dado que se desconoce la carpeta investigativa del fiscal Gómez, las declaraciones que se han realizado y si habría o no pruebas suficientes para involucrarla, o si sólo se podría acreditar la participación de miembros de la campaña.

“El fiscal Gómez está buscando quiénes fueron las personas que idearon los pagos triangulados y quiénes estaban en conocimiento aunque no los ejecutaron, porque puede haber autores, cómplices o encubridores. El fiscal determinará qué responsabilidad le cabe a cada cual”, afirma un abogado con extenso conocimiento en temas tributarios. A su juicio, “los casos de financiamiento político por parte de las empresas son todos muy similares. No hay muchas diferencias”. Por lo que “lo peor que le podría pasar, hipotéticamente, a Bachelet, sería ser parte de una investigación en su contra por eventuales delitos tributarios, pero no se podría probar nada si no hubiera ningún medio probatorio de la responsabilidad objetiva. Hay que esperar el curso de la investigación”.

Otro abogado con similar experiencia coincide en que el fiscal Gómez está detrás de los que facilitaron las boletas ideológicamente falsas en la campaña de Bachelet, que es por lo mismo que han formalizado a los políticos anteriormente en los casos Penta y SQM.

“El sistema procesal penal no necesita tener un correo probatorio sino tener los medios necesarios que le generen convicción al fiscal de la participación. Depende de los testimonios que recoja. Si no tiene la evidencia concreta es un poco riesgoso formalizar”, afirma dicho letrado.

Abogado Zumelzu: “Ya está acreditado que hubo financiamiento irregular en la precampaña de Bachelet, ahora lo que se busca es si lo hubo durante su campaña”

Mario ZumelzuEl más explícito de los abogados consultados es Mario Zumelzu, querellante en varios casos como Caval, quien asegura que las diligencias solicitadas al Servel sobre la campaña de Bachelet “no surgen de la nada, surgen de los antecedentes que deben existir en la carpeta investigativa, y en ese orden de cosas lo que está investigando claramente el fiscal es el financiamiento irregular de la campaña de Michelle Bachelet”.

Según Zumelzu, ya “está acreditado que hubo financiamiento irregular en la precampaña de Bachelet, ahora lo que se busca es si lo hubo durante su campaña. En ese sentido, es quién hizo los aportes a las campañas y los reembolsos que obtuvo la Mandataria y a quién se pagaron esos reembolsos. Podemos encontrarnos con algunas sorpresas de las platas que obtuvo por reembolsos, a quién se pagó, había mandatos a proveedores para que se pagaran con plata del reembolso. De manera que es información muy interesante desde el punto de vista investigativo y político”.

El abogado agrega que hay personas que trabajaron en la campaña, como el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, que “tendrán que dar muchas explicaciones”.

Si no existen evidencias concretas no se podrá llegar a nada más, pero por algo el fiscal Gomez pidió los antecedentes. Debe haber antecedentes en la carpeta investigativa que lo motiven a pedir la información al Servel”, sostiene Mario Zumelzu.