Aumento de remuneraciones y licencias médicas para el sector público; pensiones en Dipreca; financiamiento para la cumbre APEC 2019; y recursos para la Reforma Educacional, específicamente para la desmunicipalización y para proyecto que reemplaza el CAE; entre los gastos presupuestados entre 2018 y 2021 que no cuentan con respaldo financiero. Hoy Felipe Larraín y Nicolás Eyzaguirre se verán las caras en el Congreso para discutir este tema.
Publicado el 02.05.2018
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Gastos comprometidos sin financiamiento superior a los US$ 5.500 millones para el periodo 2018-2021. Eso fue con lo que se encontró el equipo de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda tras una revisión de las cuentas fiscales que realizaron durante las últimas semanas. En concreto, se dieron cuenta de que existían gastos comprometidos por la administración de Michelle Bachelet, en programas, proyectos de inversión y de ley, sin el respaldo económico para poder financiarlos.

“No se encuentran contemplados ni en los presupuestos sectoriales, ni en el tesoro público”. Así se lee en el documento que preparó la Dipres. Y que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dio a conocer públicamente el pasado viernes. En la ocasión  mencionó ejemplos, como el gasto comprometido en el déficit hospitalario y otros relacionados con la reforma educacional.

El lunes, el ex jefe de las finanzas públicas, Nicolás Eyzaguirre señaló que su sucesor estaba equivocado. Y finalmente ambos ya fueron citados -junto a sus respectivos directores de presupuesto- para que asistan hoy miércoles a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

“El Líbero” revisó el detalle del documento elaborado por la Dipres donde se hace un desglose de los compromisos económicos de la administración anterior que no cuentan con respaldo para el período 2018-2021.

Licencias médicas para el sector público

Entre los llamados “gastos programáticos” se encuentra, por ejemplo en Salud, solo para este año, un déficit  por 185 millones de dólares que corresponde a licencias médicas del sector público. “Diferencial que ha crecido por mayores días de licencias e incremento en las remuneraciones”, se lee en el texto.

Esto se suma a los casi mil millones de dólares anuales por “sobregasto hospitalario” debido a prestaciones no financiadas del Ministerio de Salud.

El Ministerio del Trabajo también hay “sorpresas”. En un período donde aumentó el desempleo y las cifras de crecimiento fueron esquivas, el gobierno de Bachelet, tal como se lee en el informe, en esta cartera “se proyecta un mayor gasto de 24 millones de dólares en los programas de contingencia contra el desempleo”.

Y cuando aún no se acalla el caso de las “pensiones abultadas” de Dipreca -para funcionarios de Carabineros y Gendarmería y que incluyó la millonaria pensión para la ex esposa de Osvaldo Andrade, Myriam Olate-, en Trabajo se presentan mayores gastos por aumento de cobertura de programas como el Pilar Solidario, Bono por Hijo y, precisamente, pensiones en Dipreca, por 45 millones de dólares.

Apec de 2019 sin financiamiento

En 2017 comenzaron los preparativos para la cita APEC 2019, instancia que reunirá a 21 economías del Asia-Pacífico. La cita es considerada de máxima importancia para las relaciones de Chile con el bloque que incluye naciones como Estados Unidos, China y Rusia.

Pues, según se detalla en el informe de la Dipres, el Ministerio de Relaciones Exteriores aparece con un mayor gasto precisamente para el año 2019 por la cumbre, cuyo costo se estima en 46 millones de dólares “que no está considerado en el presupuesto vigente ni en el Tesoro Público”.

Emblemática reforma educacional

Seis días antes de que terminara su mandato, el 5 de marzo de este año, la entonces Presidenta Bachelet firmó en La Moneda uno de los proyectos emblemáticos para la Educación: la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE). En su reemplazo, se propuso el Crédito Estatal para la Educación Superior (CEPES).

Según la revisión de la Dirección de Presupuestos, los gastos en esta materia para los años 2019-2021 que no contarían con respaldo financiero y cuyo costo sería alrededor de 260 millones de dólares.

También ligado a esta cartera es el gasto que no está financiado producto de la desmunicipalización. En concreto, lo que el Estado deba asumir “por deudas previsionales y remuneracionales” que tengan los municipios al momento del traspaso de los establecimientos. La cifra que estima la Dipres es de 19,6 millones de dólares que corresponde al “remanente no financiado” por este concepto, según lo establece la ley que crea el Sistema de Educación Pública.