El 91% de las plazas de los centros residenciales son privados y el 95% de las atenciones las realizan estos organismos colaboradores, que reciben el 63% del total de recursos, mientras el 9% de los recintos estatales se queda con casi el 40% de las platas.
Publicado el 11.11.2017
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La muerte de Daniela Vargas, de 13 años, en custodia del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chiloé volvió a poner en el tapete la aguda crisis que padece dicho organismo, que es dirigido por la ex fiscal Solange Huerta.

La menor padecía de una miocardiopatía dilatada y falleció luego de que se le negara un trasplante de corazón por su “precaria situación social, familiar y personal”. El fiscal que investiga decenas de muertes, Marcos Emilfork, aseguró que inició la investigación del hecho ocurrido en 2015.

“Todos los casos merecen nuestra atención, pero de esta situación en particular los antecedentes son lo suficientemente graves”, precisó el persecutor y dijo que se perseguirán las responsabilidades penales a nivel de Salud, Sename y de “todas las personas o colaboradores que hayan tenido algo que ver”.

El desigual gasto en menores del Sename

Los problemas del Sename han sido investigados y denunciados reiteradamente, sin embargo, hay un aspecto clave estructural que devela la dispar forma en que se gastan los millonarios recursos públicos.

El Presupuesto 2018 para el Servicio Nacional de Menores considera un gasto de $319.410 millones, es decir, $27.254 millones más que en el presupuesto anterior, lo que equivale a un incremento de 9,3%. El problema es que está distribuido en forma desigual.

Y es que el presupuesto del Sename tiene una desigual distribución del gasto entre los menores que reciben subsidio directo del Estado y que son atendidos por entidades privadas, y los que son atendidos directamente por centros estatales, en los que están contratados funcionarios públicos.

Según un estudio de Libertad y Desarrollo (LyD), el 91% de las plazas de los centros residenciales son privadas, el 95% de las atenciones son llevadas a cabo por estos organismos colaboradores que reciben solo el 63% del presupuesto, pese a que los niños derivados a los centros estatales podrían corresponder a casos más complejos. Ello, ya que mientras la subvención para el cuidado residencial entregado a los organismos colaboradores llega a $232.200 mensual por niño, el aporte mensual que recibe un centro de administración directa del Sename alcanza en promedio $1.391.470 mensuales por menor de edad.

LyD califica de “alarmante” dicha brecha, ya que la institución hace una diferenciación entre los recursos destinados a la atención de los niños administrados directamente por el servicio y los gestionados por los organismos colaboradores (sociedad civil), entre los cuales se encuentran los centros residenciales, oficinas de protección de derechos, diagnóstico y programas de intervención ambulatoria.

La Unidad de Subvención Sename (USS) tiene un valor para 2017 de $15.480. Si bien el Presupuesto 2018 considera un aumento en el monto de la subvención para el cuidado residencial entregado a los organismos colaboradores, llegando al límite máximo a transferir establecido en la Ley N° 20.032 de subvenciones, con lo que se pasó de 12,1 USS a 15 USS, es decir, de $187.308 a $232.200 ($44.892 más), todavía existe una inmensa brecha frente al aporte mensual que recibe un centro de administración directa del Sename, que mensualmente en promedio reciben $1.391.470 por niño.

Paulina Henoch, investigadora de LyD, plantea que el presupuesto del Sename para el próximo año “no asigna mayores recursos a los niños del Sename y eso también contribuye a que la atención que reciben los niños sea insuficiente”.

Además, el presupuesto contempla un incremento importante en el gasto en personal, siendo que casi el 30% de los recursos del Sename son destinados a los funcionarios.

“Los mayores aumentos se deben a cambios de grados para 104 funcionarios, por criterios de antigüedad y gradualidad definidos, en vez de criterios de competencias”, señala Henoch.

Polémico pago de deuda

Otro aspecto que devela el estudio es que el artículo 80 bis permite a los Tribunales de Familia derivar casos urgentes obligando a las instituciones a prestar el servicio de manera inmediata, aun cuando no exista oferta programática o plazas disponibles para la intervención requerida.

El financiamiento del 80 bis se efectúa con meses y a veces años de retraso, lo que implica que las propias instituciones colaboradoras tengan que financiar las atenciones impuestas por esta norma. A fines de 2016, la deuda con las instituciones colaboradoras por la aplicación del 80 bis ascendía a $8.700 millones.

A pesar de que el Presupuesto 2017 consideraba $12.397 millones para el pago de las órdenes de Tribunales de Familia, el Presupuesto 2018 considera $20.350 millones para ello, con lo que se estarían asignando más de $8.000 millones para el pago de esta deuda, plantea LyD.

“Aún más, con estos recursos, sería posible atender a 36.024 niños derivados por la aplicación del artículo 80 bis, es decir, unas 175.083 atenciones anuales”, señala Henoch.