En las causas de Penta, SQM y Corpesca, 17 de los 19 políticos involucrados de Chile Vamos están procesados, y solo 13 de los 36 de la Nueva Mayoría. Las medidas cautelares son también más rigurosas para los personeros de oposición.
Publicado el 21.04.2017
Comparte:

La extensa telenovela que ha presenciado el país con las causas de financiamiento político irregular (Penta, SQM, Corpesca y otros), está llegando a su fin luego de la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de no continuar presentando querellas masivas por delitos tributarios, como ha sido la tónica hasta ahora, sino que buscar sanciones monetarias.

De esa manera, se pone punto final a una avalancha de querellas contra políticos, que sumaron 35 en poco más de dos años (más de una al mes), cinco denuncias y 41 procedimientos de sanciones pecuniarias en los Tribunales Tributarios.

El director de la institución, Fernando Barraza, fue enfático en aclarar que la no presentación de una querella específica por delitos tributarios no implica impunidad, puesto que para los casos en que se decide no ejercer la acción penal, la ley contempla la aplicación de una sanción de carácter pecuniario ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

En lo sucesivo, las querellas serán “quirúrgicas” y sólo se activarán cuando la evidencia sea aplastante, en lo que se ha denominado como volver a la “recta doctrina” que postuló el director Ricardo Escobar.

Pero, ¿cuál es el balance tras la llamada “cacería política” que realizó el SII durante los primeros años del gobierno de Michelle Bachelet?

En las causas en curso se han involucrado a 36 políticos de la Nueva Mayoría, principalmente en los casos de SQM y Corpesca, y a 19 de Chile Vamos, 11 de ellos por el caso Penta.

radiografía al financiamiento políticoSin embargo, las formalizaciones han sido desbalanceadas, ya que el 89% de los 19 políticos de Chile Vamos está formalizado (17 de 19), mientras de los 36 de la Nueva Mayoría sólo 13 han sido procesados (el 36%). (ver infografía)

En el desglose de las cifras por caso, en Penta hay 11 políticos de oposición involucrados y nueve formalizados, y los ocho personeros vinculados a  SQM y Corpesca vinculados también están procesados por la justicia.

En la Nueva Mayoría, en tanto, en el caso Penta hay dos mencionados y ninguno formalizado, la misma situación ocurre con los seis de Corpesca o los tres acusados de recibir pagos de Antofagasta Minerals, entre ellos, los ex ministros de la Segpres, Jorge Insunza, y de la Segegob, Marcelo Díaz, quienes han sido interrogados como imputados, pero su situación procesal no ha tenido mayores avances.

El PRO tiene una situación similar a Chile Vamos, ya que su fundador, Marco Enríquez Ominami y su asesor Cristián Wagner, también están procesados.

El dispar criterio de los fiscales en las medidas cautelares

Las medidas cautelares que han pedido los fiscales, además, muestran el mismo desequilibrio con los políticos formalizados por financiamiento irregular.

Al ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, el fiscal Carlos Gajardo le pidió arresto domiciliario nocturno, firma mensual  y arraigo nacional como medidas cautelares, que fueron concedidas por el Octavo Tribunal de Garantía de Santiago, por el juez Juan Carlos Valdés.

Pero a diferencia de Marco Enríquez-Ominami, los hechos vinculados a Zalaquett fueron recibir $15 millones de Penta, es decir, una cifra 26 veces inferior a los $391 millones del ex candidato presidencial. En ambos casos se les imputó recibir dineros para sus campañas a través de empresas relacionadas ­-Reactor SPA en el caso del ex alcalde- y emitir boletas ideológicamente falsas.

La misma disparidad de criterio se observa en la formalización del ex diputado de RN, Alberto Cardemil, quien quedó con las mismas cautelares de ME-O, pero por un monto de $24 millones, es decir, 16 veces inferior.

El ex senador UDI, Carlos Bombal (quien no era candidato), recibió de medida cautelar firma mensual y arraigo nacional por $4 millones, el RN Claudio Eguiluz las mismas medidas, pero por $112 millones, y el radical Alejandro Sule también quedó con idénticas medidas pero por un perjuicio de $12 millones.

De hecho, de todos los políticos formalizados, Marco Enríquez-Ominami tiene el tercer monto cuestionado más alto, sólo superado por los $681 millones de Pablo Longueira y los $640 millones del DC Marcelo Rozas.