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Publicado el 31 de marzo, 2018

El arsenal de normas legales que cierran el camino al lucro en la educación superior chilena

Autor:

Magdalena Olea

Pese a que el TC declaró inconstitucional el artículo 63, que prohíbía a las universidades incluir sostenedores con fines de lucro, hay una serie de otras normativas contempladas en la reforma a la educación superior para impedir cualquier asomo lucrativo en el sistema.
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Magdalena Olea

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El martes 27 de marzo de este año, en una votación de seis votos contra cuatro, el Tribunal Constitucional dio de baja el polémico artículo 63 de la reforma a la Ley de Educación Superior que se impulsó en el gobierno de Michelle Bachelet. Ello prohibía a las universidades incluir sostenedores con fines de lucro, y aunque el tribunal lo declaró inconstitucional, porque consideró que transgredía la libertad de enseñanza de la Constitución, su eliminación abrió críticas de parte de sectores de la oposición, que plantearon que el hecho habría un espacio para que se lucrara en el sistema.

Sin embargo, a pesar de esta polémica, la misma Ley de Educación Superior establece una serie de artículos que prohíben el lucro en Chile. El párrafo siete del proyecto de ley, que contemplaba el artículo 63 e incluye los siguientes, está dedicado explícitamente a las “reglas y prohibiciones aplicables a las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro”.

El Artículo 65, por ejemplo, prohíbe usar recursos o excedentes para fines distintos al mejoramiento de la educación y reinversión. Contempla la prohibición de destinar recursos y excedentes o ganancias a cualquier otro fin que no sea la consecución de los fines propios de las Instituciones de Educación Superior (IES) y en la mejora de la calidad de la educación que brindan. La vulneración de la prohibición es infracción gravísima.
Conlleva posible responsabilidad civil, penal y administrativa del caso. Asimismo, según dice explícitamente la norma, el administrador que ordena el mal uso de los recursos y excedentes tiene obligación de restituirlos. Y además se aplica una multa de la Superintendencia de un 50% de la suma desviada.

La reforma también prohíbe ciertos actos a los órganos de administración superior. El artículo 70 regula las competencias de los órganos de administración superior de la IES, prohibiendo que realicen o aprueben actos que contravengan lo dispuesto en el artículo 65 sobre el deber de reinvertir recursos y excedentes. Además, se prohíbe usar el cargo de miembros del órgano de administración superior para buscar ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados, en perjuicio del interés de la IES. Infracción implica deber de indemnizar a la IES por quien hubiera vulnerado la norma.

El artículo 71 detalla en forma extensa todas las personas relacionadas con la IES, con quienes se encuentran prohibidas las operaciones que vayan en su beneficio.

Existe prohibición de celebrar contratos con personas relacionadas. El artículo 73 señala textualmente que “las instituciones de educación superior que estén organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro no podrán realizar actos, contratos, convenciones o cualquier otra operación con las personas indicadas en las letras a a la f del artículo 71”
Las excepciones a la prohibición son que el acto se celebre con una contraparte que no tengas fines de lucro; que el acto se trate de una donación cuyo beneficiario no tenga fines de lucro; que el acto sea un contrato de trabajo o a honorarios para labores de servicio a la Institución; que el acto sea necesario para la consecución de los fines de la institución y que sea aprobado conforme a la regulación de la misma ley y aprobado por mecanismos especiales definidos en una política de solución de conflictos de interés aprobados por la IES.
El incumplimiento de esta prohibición es una infracción gravísima, que acarrea responsabilidades civiles, penales y administrativas, según el caso.

El artículo 74 señala que todas las operaciones que se eximen de la prohibición del artículo 73, así como aquellas que no están prohibidas deben cumplir con varios requisitos. Su incumplimiento constituye una infracción gravísima.
Los requisitos son contribuir al interés de la IES y cumplimiento de sus fines; ajustarse en precio, términos y condiciones de equidad similares a las del mercado al tiempo de su celebración, salvo que sea más ventajoso.
Los artículos 75 y siguientes establecen un procedimiento reglado para que se puedan realizar operaciones con partes relacionadas, que no estén expresamente prohibidas.
Así, toda operación por sobre 2000 UF debe ser aprobada por mayoría de órgano de administración superior;
existe deber de abstención en la decisión de los miembros que tengan interés directo o indirecto.
La ley también establece un tipo penal por infracción de reglas de operaciones con partes relacionadas. Cualquier persona que tenga la administración de la IES, a cualquier título, que tenga interés directo o indirecto en las operaciones, y que no respete las reglas de los artículos 71 a 77, es sancionado con reclusión menor en grado medio y multa del doble del valor de su interés en ello. Lo mismo aplica a quien “diere o dejare tomar interés” a su cónyuge, conviviente, pariente, o terceros asociados con él.

En todo caso, la ley sí permite controladores con lucro, en el caso de la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad Técnica Federico Santa María (artículo 80).

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