El ex subsecretario de Economía y director de empresas dice, en entrevista con "El Líbero", que si las elecciones contaminan el proceso constitucional, “la legitimidad de éste sufriría un severo daño”.
Publicado el 17.10.2015
Comparte:

En octubre de 2014, cuando en distintas encuestas la Presidenta Michelle Bachelet tenía una aprobación superior al 45%, Óscar Guillermo Garretón (PS) fue el primer dirigente del oficialismo en advertir que las reformas que impulsaba el gobierno iban en un camino equivocado y estaban dañando la economía. En una misiva dirigida a su partido (ver aquí), el ex subsecretario de Economía de Salvador Allende, fundador del MAPU y director de empresas pedía que se hicieran correcciones al rumbo, pues el gobierno iba camino a un “acantilado”.

Un año después de esa carta, Garretón analiza el anuncio hecho esta semana por la Presidenta en el que detalló el cronograma para cambiar la Constitución del país. En conversación con “El Líbero”, señala que le resulta muy difícil prever qué va a ocurrir, “pero me imagino que los que están impulsando los cambios sí lo tienen claro y tienen previsiones muy cuidadas, porque afecta cuestiones muy medulares de la vida del país”. Asimismo, sostiene que hay un “peligro real” de que el tema de la nueva Constitución resulte ser “absolutamente ajeno a los intereses más inmediatos de la ciudadanía” y que si las elecciones contaminan el proceso constitucional “la legitimidad de éste sufriría un severo daño”.

– ¿Qué le pareció el anuncio hecho el martes por la Presidenta?

– La Presidenta ha anunciado un camino constitucional y los rasgos de su anuncio hacen ver que busca respetar la institucionalidad que juró defender y garantizar que la ciudadanía tenga un importante rol. El proceso durará varios años y con los quórums de aprobación y otros requisitos que propone busca garantizar que el resultado refleje a una amplia y transversal voluntad nacional, y no sólo a una mayoría circunstancial.

– ¿Qué es lo que más destaca del cronograma que dio a conocer?

– Acá la Presidenta ha asumido un liderazgo y grandes responsabilidades en este proceso al controlar en sus manos los tiempos y al anunciarlo personalmente al país. No dudo entonces que se ha asegurado meticulosamente de que el proceso no tendrá imprevistos y que los costos inevitables de implementar un cambio de esta envergadura han sido perfectamente calculados. Yo no soy un constitucionalista. Me muevo, como todos, desde vivencias específicas que no abarcan todo el amplio espectro de vida de la sociedad que en este proceso se debe considerar. Analizo desde la actividad económica y desde la política, intentado hacerlo con una visión de proceso y de largo plazo.

– Entonces, desde el punto de vista económico, ¿cree que este cambio que propone la Mandataria puede afectar?

– Es evidente que un cambio tan estructural como este tiene costos inevitables que de seguro han sido considerados y muy calculados. La mejor prueba de ello es que uno de los primeros en salir al ruedo luego del anuncio ha sido el ministro Valdés, asegurando que será un proceso institucional que no debería representar una amenaza para nadie. Asimismo, no puedo desligar de esta sensibilidad la previa asistencia de la Presidenta y de todos sus ministros políticos a una reunión en el CEP con grandes empresarios donde, según la prensa, habría comprometido un respeto irrestricto al derecho de propiedad; promesa que, de existir, representa un enorme desafío a la credibilidad presidencial entre los actores económicos durante el proceso constitucional. Sin embargo, veo dos cuestiones particularmente desafiantes en lo económico, ámbito cuya realidad esta marcada por una fuerte desaceleración y una profunda ruptura de confianza entre gobierno y mundo empresarial. La primera, que hace un año advertí en una carta al PS que fue publicada por su diario, es que Chile, un país de mercado interno pequeño, distante de los grandes mercados mundiales, se ha ufanado de las ventajas que tiene por las certezas jurídicas e institucionales que caracterizan su quehacer, muy superiores a las de otros países emergentes. Pues bien, la Constitución es la madre de toda la institucionalidad, de la cual nacen leyes, atribuciones del sector público, derechos y deberes, etcétera. Por tanto, las autoridades y en particular la Presidenta han considerado que es un costo justificado el poner en cuestión estas certezas durante el período de la discusión institucional, con las implicancias que tiene para las inversiones privadas nacionales y extranjeras el desconocerse cuáles serán las reglas del juego vigentes en unos años más. A la inversión le interesan no solo las certezas jurídicas de hoy, sino principalmente aquellas que regirán durante todo el período en que se ha planificado el proyecto de inversión. Es tan obvio, que no dudo ha sido debidamente sopesado como costo justificado por la Presidenta.

– ¿Y cuáles podrían ser los costos de prolongar esta incertidumbre?

– Ahora las cartas ya están jugadas, el anuncio ya fue hecho y el proceso viene. La empresa y la actividad privada hablan más por lo que hacen que por lo que dicen. En ese sentido, vamos a ver los efectos en la inversión en los próximos meses. Pero obviamente este proceso no agrega certeza a las preocupaciones empresariales que se han manifestado en este período.

– ¿Y cuál es su otra aprensión del tema económico?

– Hay una realidad de este proceso que compromete la credibilidad de la Presidenta en plazos más cortos. El respeto al derecho de propiedad es condición básica, sine qua non, de todo proyecto empresarial. Si eso no está garantizado, jamás emprenderá una iniciativa que pudiera después dejar de ser propia. Y los derechos de propiedad no son una abstracción, son variados y diferentes para cada actividad. Desde el derecho a propiedad sobre la vivienda, los campos, las industria, la minería, el comercio… Esto incluye cosas como los derechos sobre pertenencias mineras; derechos de aguas para la energía, minería, agricultura y servicios sanitarios; concesiones marítimas para todas las actividades portuarias, acuícolas y otras, propiedad de la tierra, etcétera. El desafío aquí es cumplir compromisos distintos no fáciles de conciliar. Por un lado las promesas de respeto irrestricto a la propiedad que habrían dado la Presidenta y el ministro Valdés; por otro, la promesa a la ciudadanía de que podrá discutirlo todo sin restricciones previas en el proceso constitucional que se abre. El incumplimiento de cualquiera de estas promesas tiene efectos en la credibilidad presidencial, de imprevisibles consecuencias. Por lo mismo, imagino que lo tienen perfectamente previsto y resuelto.

– ¿Y en el ámbito político, cuáles son las lecturas que hace de los anuncios?

– Acá también hay desafíos mayores. El primero de ellos es que en una entrevista al diario La Tercera la Presidenta reconoció con preocupación que la ciudadanía no tiene una conciencia cabal de la importancia de este cambio constitucional. En otras palabras, según ella, sería más una demanda de la elite política que de la base social del país. Esto está ratificado cuando el primer paso del proceso constitucional es de varios meses de “educación cívica” para explicar a la ciudadanía la conveniencia e importancia que para ella debería tener el cambio de la Constitución. De que la ciudadanía se convenza de ello depende el resultado de todo el proceso. Si las señoras Juanitas y los señores Juanitos no participan activamente en las consultas ciudadanas, estas serán capturadas por el activismo político y por los grupos de interés activos en cada localidad.

– Algunos cuestionan que la Presidenta no haya acotado la discusión a una batería de temas y que, al contrario, haya dejado la puerta abierta para tocar todo…

– Ese es un segundo desafío. El costo de no acotar la discusión en este proceso se puede traducir en una discusión con preferencias locales lo más inesperadas, variopintas y que no conversen entre sí. Para ejemplificarlo, de la primera a la quinta región, que viven una sequía al parecer irrecuperable en el largo plazo, más allá de un buen año, imagino que temas como los derechos del agua jugarán un rol importante. Tampoco imagino en La Araucanía una discusión donde los derechos de los pueblos originarios y el castigo a los atentados a la propiedad no marquen la discusión. No imagino que en las grandes urbes el tratamiento y castigo a la delincuencia no sea un tema; e incluso la restitución de la pena de muerte para algunos delitos puede surgir de la discusión. Tampoco veo probable que los grupos pro o contra aborto renuncien a poner su tema, al igual que las minorías sexuales, las organizaciones ecologistas y otras sensibilidades activas; o que sean omitidas distintas opiniones sobre cómo deben quedar en la Constitución el derecho a la educación o a la salud. Así las cosas, el texto que en 2017 propondrá la Presidenta al Congreso, tendrá serias dificultades para recoger una discusión multifacética y no falta de contradicciones. Nuevamente aquí el desafío será, por un lado, sortear la acusación de que se trata de una consulta fraudulenta o mentirosa porque no termina recogida en la propuesta y por otro, que el texto sea coherente, no un patchwork.

– ¿Y tiene recelo de quiénes, al final del día, serán los encargados de guiar el proceso? La Presidenta anunció que nominará un consejo de observadores, pero también hay incertidumbre sobre quienes harán el proceso de educación cívica.

– Acá hay un desafío crucial que es la credibilidad en la ecuanimidad del proceso. Todo este proceso ciudadano transcurre en tiempos donde ya los partidos están movilizados por las elecciones municipales de fines de 2016. El frenesí de esto solo puede aumentar mes a mes y si hay primarias alcaldicias se adelantará aún más. La presión de partidos y candidatos por contar con gente de sus filas entre los “educadores cívicos” y los animadores de cabildos ciudadanos a partir de marzo de 2016, es inevitable. Si el proceso electoral contamina el proceso constitucional, la legitimidad de éste último en una ciudadanía distante y desconfiada de la política sufriría un severo daño y probablemente produciría una abstención ciudadana en los cabildos ciudadanos igual o aún mayor que en las elecciones.

– ¿Cree que las elecciones presidenciales de 2017 van a estar marcadas por el tema constitucional como eje polarizador, o seguirán predominando las temáticas que siempre han estado presentes, como seguridad, salud y educación?

– Eso hoy es imprevisible porque hay una pregunta previa que hay que responder. Y es si este proceso de debate constitucional va a conmover y provocar participación ciudadana amplia, o si más bien va a terminar restringido a los activos políticos básicamente. Si compromete a la ciudadanía en la discusión, que sería lo deseable, sin duda que va a tener influencia en el tema electoral. Pero depende de qué temas se lleven a los cabildos ciudadanos y hacia dónde se carga la opinión, pero hay un peligro real, adelantado por la Presidenta, de que esto sea un tema absolutamente ajeno a los intereses más inmediatos de la ciudadanía.

 – ¿Siente que el mensaje crítico que ha manifestado en ocasiones anteriores ha sido escuchado por el gobierno?

– Tengo la impresión que a estas alturas es evidente que algo que tuvieron el gobierno de la Unidad Popular, la dictadura de Pinochet y la Concertación, hoy día no existe, que es un proyecto de futuro que trascienda a un gobierno. Eso supone que haya un proyecto que cohesiona en el largo plazo a los partidos y yo no veo hoy una cohesión real en la Nueva Mayoría. Es algo que dicen los mismos dirigentes. Respecto de su pregunta, yo creo que las debilidades de las propuestas técnicas que ha planteado el gobierno nos muestran que no hay una previsión de muchas cosas o un trabajo para hacer las cosas bien (…). En este proceso constitucional a mí me resulta muy difícil prever qué va a ocurrir, pero me imagino que los que lo están impulsando sí lo tienen claro y tienen previsiones muy cuidadas, porque afecta cuestiones muy medulares de la vida del país. Por Chile y por la Presidenta, deseo que las previsiones sean certeras y los costos los menores posibles.

 

FOTO: AGENCIA UNO