Los servicios de Salud cometieron varias falencias administrativas al adjudicar la construcción de los nuevos recintos Barros Luco, Linares, Ñuble y Las Higueras, en Talcahuano. “Esta Contraloría no ha tomado razón debido a problemas de legalidad, principalmente por asuntos de fondo o de incumplimientos de los principios de igualdad de los oferentes o de estricta sujeción a las bases del proceso”, informó el contralor Bermúdez.
Publicado el 23.11.2016
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A partir de anoche más dudas aparecen en torno al plan de construcción de hospitales públicos del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, al objetar la Contraloría General de la República las resoluciones de adjudicación de cuatro recintos de salud que se pretenden construir.

El organismo que dirige Jorge Bermúdez no tomó razón de las adjudicaciones de los hospitales Barros Luco, Linares, Ñuble, y de la tercera etapa de Las Higueras, en Talcahuano, alegando diversas falencias en los procesos administrativos.

“Atendidas las múltiples consultas que esta Contraloría General ha recibido respecto de las licitaciones de los procesos de diseño y construcción de hospitales públicos remitidos a control de legalidad durante este año, se informa a los ciudadanos el listado de resoluciones que han sido cursadas y aquellas que han sido representadas, esto es, aquellas en que esta Contraloría no ha tomado razón debido a problemas de legalidad, principalmente por asuntos de fondo o de incumplimientos de los principios de igualdad de los oferentes o de estricta sujeción a las bases del proceso”, informó el contralor Bermúdez.

Las falencias detectadas por Contraloría en la adjudicación de hospitales

En el hospital Barros Luco, que se adjudicó con un sobreprecio de $60 mil millones, la Contraloría detectó  la omisión de una serie de proyectos en ejecución, infringiendo el punto 3.2, formulario cinco de las bases administrativas tipo, que exigía a los oferentes informar la nómina de la totalidad de las obras ya iniciadas o por iniciarse sea en el sector público o privado, nacionales o extranjeras, que tenga contratadas el oferente para ser ejecutadas durante los 12 meses siguientes a la fecha de cierre de presentación de las ofertas.

También objetó que las utilidades se calcularan sobre el costo directo y los gastos generales, cuando debió ser solo por el costo directo.

Adicionalmente, fue impugnado el diseño y construcción del hospital provincial de Linares porque la oferta adjudicada no adjuntó copia del certificado de título profesional del proyectista de impacto sobre el transporte urbano, profesional que tampoco tendría el título de ingeniero civil en transportes exigido en las bases de licitación.

Además, la licitación repitió la misma falencia que el Barros Luco respecto del cálculo de utilidades. Dicho centro asistencial tendrá una superficie de 90 mil metros cuadrados, 329 camas, 8 pabellones, 27 box de atención, un helipuerto, 25 salas de procedimiento y 15 sillones de diálisis.

La adjudicación de la normalización de la tercera etapa y final del hospital Las Higueras, en Talcahuano, fue rechazada por segunda vez, ya que el Servicio de Salud no corrigió deficiencias detectadas anteriormente.

El incumplimiento se debe a que la oferta no pudo acreditar la existencia de un profesional con una experiencia mínima de 10 años en construcción de obras de salud de alta complejidad, “de manera que en armonía con el principio de estricta sujeción a las bases e igualdad de los oferentes que impera en estos procesos concursales no procede adjudicar una oferta que no cumple con esa exigencia”.

La adjudicación del diseño y construcción del nuevo hospital Provincial de Ñuble fue rechazado por la Contraloría porque tuvo una larga lista de incumplimientos.

Por ejemplo, omitieron una serie de proyectos en ejecución, no se advirtió la razón por la cual la comisión evaluadora aproximó la nota de las ofertas económicas al “entero más cercano, si se considera que esa forma de proceder no se estableció en las citadas bases administrativas tipo”.

Tampoco se pudo determinar  la manera en que dicha comisión consideró los certificados para acreditar la experiencia declarada de la empresa adjudicada y de los profesionales presentados. Se incumplió, además, las bases de licitación respecto a que es un contrato sin reajuste y no se acompañaron diversos antecedentes técnicos.