Para el abogado Lucas del Villar, "nacerá un Sernac 2.0" con atribuciones como "procedimientos voluntarios colectivos" y el aumento de multas. Sobre las críticas de la oposición, ante la eventual falta de capacidades, señala: "Solo se centran en las facultades que no lograron aprobarse por defectos de constitucionalidad".
Publicado el 06.05.2018
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Las oficinas de Teatinos 50 son un lugar conocido para Lucas del Villar, director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). El abogado fue subdirector de la institución entre 2011 y 2014, durante primera administración del Presidente Sebastián Piñera.

En entrevista con “El Líbero”, Del Villar defiende las nuevas atribuciones que la reforma le entrega al organismo. Esto, luego que la Contraloría decidió no tomar razón del decreto que promulgaba la nueva ley del Sernac. El ente fiscalizador avaló, así, al Tribunal Constitucional que rechazó que el servicio fuera “juez y parte” en las acciones que realiza. Del proyecto, el TC mantuvo intacto el aumento de sanciones y el régimen de protección a los consumidores.

-¿Cómo evalúa la decisión de la Contraloría sobre las nuevas atribuciones del Sernac?

Al Sernac le corresponde implementar la política pública y no opinar de lo que pueden hacer otros poderes del Estado. Estaremos atentos a lo que los órganos competentes resuelvan al respecto, a fin de poder aplicar la nueva ley y desplegar las nuevas atribuciones que se le confieren al organismo para proteger adecuadamente los derechos de los consumidores.

-Luego del fallo del Tribunal Constitucional salieron voces de la oposición que decían que al Sernac “se quedaba sin dientes”. ¿Comparte esas declaraciones?

-Más que hablar de dientes, el fortalecimiento de la ley hará nacer un Sernac 2.0 con facultades de fiscalización, demandas colectivas reforzadas, facultades interpretativas y proposición de normativa. Los dientes son una caricatura que no permite avanzar porque solo se centra en las facultades que no lograron aprobarse por defectos de constitucionalidad, que le restan valor a la labor que ha realizado la institución. Esta reforma entrega una serie de nuevas facultades para defender los derechos de los consumidores.

Los dientes son una caricatura que no permite avanzar porque solo se centra en las facultades que no lograron aprobarse por defectos de constitucionalidad”.

-¿Cuáles son las nuevas facultades?

-Una de ellas son los procedimientos voluntarios colectivos. Es un camino extrajudicial voluntario de entendimiento para encontrar soluciones con aquellas empresas que reconozcan sus errores y tengan voluntad de responder ante los consumidores. Y tendrá un plazo acotado de tres meses para encontrar una solución para los consumidores.

-¿Y cómo se fortalecen las demandas colectivas?

-La nueva ley permitirá beneficiar con indemnizaciones a todo el universo afectado con daño moral y punitivo. Además, incrementa notoriamente las multas, las que podrán alcanzar hasta los 40 millones de dólares, evitando de esa forma que las empresas incurran nuevamente en este tipo de prácticas. También podremos fiscalizar los distintos mercados que son transversales en materia de consumo. El Sernac podrá interpretar la normativa, generando certeza jurídica, además de poder solicitar al Presidente, a través del ministerio de Economía, que dicte alguna regulación o que modifique otra en beneficio de los derechos de los consumidores.

Podremos realizar análisis de la ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, elaborando guías de alcance jurídica para que las empresas se ajusten a dichos estándares”.

-¿Antes cuál era el monto al que podían llegar las multas?

-En el caso de las infracciones que afecten el interés colectivo de los consumidores, el tribunal podrá aplicar una multa por cada uno de los consumidores afectados. Y se podrá llegar hasta las 45.000 unidades tributarias anuales, es decir, alrededor de 40 millones de dólares.

-Usted menciona que ahora el Sernac podrá interpretar la normativa, ¿qué alcance tiene esta nueva facultad?

-En concreto, podremos realizar análisis de la ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, elaborando guías de alcance jurídica para que las empresas se ajusten a dichos estándares.

“Esperamos que el acuerdo con la CMPC sea ratificado por la justicia”

Usted dijo hace unos días que “a ninguna empresa en Chile le va a salir más barato cometer infracciones a la ley”, ¿cómo se sustenta esta afirmación considerando los casos de colusión, como el del papel tissue o el de las farmacias, donde la gente podría no sentirse protegida?

-En el caso de la colusión de las farmacias lo que hicimos fue demandar colectivamente para que los consumidores sean compensados, además de las multas aplicada por el Tribunal de la Libre Competencia. Mientras que en el caso del papel tissue buscamos -en conjunto con dos asociaciones de consumidores- un acuerdo con la empresa CMPC para compensar a los afectados. Esperamos que el acuerdo sea ratificado por la justicia, y así poder implementarlo a la brevedad. Con la otra empresa, SCA, como no hubo voluntad, tuvimos que presentar una demanda colectiva.