Alberto Precht dice que si la Cámara Alta le da la razón al Poder Judicial, el Estado pagará montos millonarios, pero además abrirá la puerta a que instituciones similares reclamen que también les corresponde pasar del sistema de AFP a Capredena.
Publicado el 06.03.2018
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A las 11 horas de hoy se realizará una sesión especial en la sala del Senado con el fin de resolver la contienda de competencia entre la Contraloría General de la República y la Corte Suprema por las pensiones de 1331 funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC).

Los funcionarios piden pasar desde el sistema de AFP hacia la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), que es un modelo especial que rige a las Fuerzas Armadas. La potestad resolutiva en la materia, es lo que tiene enfrentado a los dos órganos del Estado. 

La instancia de hoy, la solicitó el contralor general Jorge Bermúdez una vez que la Cuarta Sala de la Corte Suprema revirtiera lo dictaminado por el ente fiscalizador –y permitiera el traspaso de los funcionarios públicos-, ya que según ha explicado esa decisión le podría costar al Estado cerca de 900 mil millones de pesos durante los próximos 30 años.

En conversación con “El Líbero” el Director Ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, analiza la discusión que se dará esta mañana, a menos de una semana que se produzca el cambio de parlamentarios. 

– ¿Qué se resolverá en el Senado hoy?

– Se resolverá un procedimiento que se denomina contienda de competencia. ¿Qué significa? Que dos instituciones señalan ser las competentes para resolver un determinado asunto. En este caso, la Contraloría dice yo tengo la atribución privativa, es decir, solo yo puedo conocer acerca de este asunto, y la Corte Suprema, por su parte, dice yo también puedo conocer sobre este. Es ahí donde se traba esta contienda de competencia que la tiene que promover uno de los dos órganos, en este caso lo hizo la Contraloría.

– ¿Por qué ocurre?

– Ocurre porque la Contraloría General de la República desde el año 1985 -y de manera uniforme-, ha excluido a los funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) del sistema de Capredena, ya que señala que tienen el mismo régimen previsional que tenemos la mayoría de los chilenos, es decir AFP. Pero, en un giro bastante inesperado el Poder Judicial empezó a conocer si estos funcionarios de la DGAC tenían derecho o no para poder acceder al sistema de Capredena. En ese sentido, el Poder Judicial está cambiando un poco lo que había sido la doctrina anterior, tanto así que en una primera instancia el Poder Judicial dijo “yo no soy competente”, y después cuando esto va a apelación, señala que “sí es competente” para poder conocerlo.

– ¿Por qué es el Senado el que dirime en este caso?

– Siempre que hay contiendas de competencia un tercero que es imparcial es el que dirime, o sea otro poder del Estado. Si ocurriera una contienda de competencia entre el Senado y el Poder Judicial dirimiría el Tribunal Constitucional.

– ¿Qué repercusiones tiene el fallo?

– Tiene relevancia en dos ámbitos. Primero, en el jurídico por cuanto si el Senado señala que el Poder Judicial es competente, termina con décadas de una jurisprudencia administrativa uniforme en cuanto se entendía que solamente la Contraloría podía conocer de estos asuntos, pero también, debilita el accionar de la Contraloría en estas materias. Pero además, si sólo se consideran los funcionarios que están haciendo la demanda (1331) y se les pasa de AFP a Capredena, estaríamos hablando de 123 mil millones de pesos. Esta cifra, y como lo ha dicho el Contralor, equivalen a más de siete hospitales públicos como el de Casa Blanca, que es de mediana complejidad.

– ¿Es la única complejidad?

– No, porque además eso abriría una puerta que es muy peligrosa desde el punto de vista presupuestario, ya que otras instituciones similares pudieses señalar que a ellos también les corresponde estar en el régimen previsional de Capredena. Un ejemplo, son las fábricas de armamento del Ejército, de la marina o de la Fuerza Aérea; también los funcionarios de hospitales institucionales; el servicio religioso del Ejército; funcionarios civiles de Carabineros, entre otros. Todos ellos podrían decir a nosotros nos corresponde el sistema de Capredena y no el de AFP. Si ocurriese eso, y el Poder Judicial señalara que les corresponde, estamos hablando de un monto que pudiera ascender incluso a los 500 mil millones de pesos, esto es casi el 70% de lo que cuesta en régimen la gratuidad de la educación superior, por lo cual sería muy díficil para cualquier gobierno el poder solventar este gasto con los fondos regulares que tiene el Estado.

– ¿Y si resuelve en favor de la Contraloría?

– Presumiblemente esta siga manteniendo el criterio de señalar que los funcionarios de la DGAC son funcionarios que deben someterse al sistema de AFP.

– ¿A su modo de ver, qué es lo mejor?

– En este caso no debiera innovar porque si bien es bastante técnico se trata de una demanda de mera certeza,  ya que se señala si corresponde o no la interpretación de una norma. Esa, privativamente a mi entender, debe ser interpretada por la Contraloría General de la República, no por los Tribunales de Justicia.

– ¿No es paradójico que estén enfrentadas estas dos instituciones?

– Las contiendas de competencia no son habituales, y afortunadamente la misma Constitución establece la forma de dirimir. Es paradójico, no es algo habitual, y al no serlo sorprende. Y en este caso además sorprende porque el Poder Judicial finalmente cambia una tendencia que viene desde los años 80, en la cual se respetaba la competencia de la Contraloría como la única que puede resolver el régimen previsional de este tipo de funcionarios.

– Estamos a menos de una semana para el cambio de mando. ¿No era mejor esperar que asumieran los nuevos senadores?

– Esta va a ser la última votación del Senado, es algo muy importante. Además existen senadores que van a asumir como ministros -Hernán Larraín en Justicia y Alberto Espina en Defensa-, por lo cual uno podría ver que quizás esta contienda de competencia podría haber sido resuelta por un nuevo Senado o con anterioridad. En todo caso no existe ningún problema de legitimidad, ya que este fue el Senado que ha conocido con profundidad el asunto por lo que cuenta con los antecedentes necesarios para resolver.

– ¿Cómo se resuelve finalmente el problema?

– Esto debe ser resuelto por la una ley de la República. Cuando se discuta la reforma previsional se debe debatir sobre cuál es el régimen de este tipo de trabajadores y también si vale la pena mantener un sistema como el de Capredena de la forma que existe hoy, que es tan dispar con el sistema de AFP. Generalmente esto ocurre porque los funcionarios de las Fuerzas Armadas tienen un régimen previsional que es mucho más favorable que el régimen de AFP, pero uno podría entender que esto ocurre porque un Carabinero está poniendo en riesgo su vida, lo mismo un militar que tiene un carrera que es compleja, que es más corta y que tiene riesgos asociados, tenga un sistema previsional distinto. Es de sentido común. Pero en este caso estamos hablando de funcionarios públicos que no tienen una gran diferencia con otros funcionarios públicos que sí se previsionan por el sistema de AFP, por lo que importaría una injusticia. ¿Cuál es el riesgo real que tiene en su labor un funcionario de la DGAC versus uno del registro civil? Es difícil poder imaginarlo. Pero cuando uno habla de un Carabinero y un funcionario del Registro Civil si hay una diferencia importante en la función que cumplen y en el riesgo de esa función. En ese caso, se entiende que pueda haber un régimen previsional distinto, pero en este caso, con razones de lógica no debiese corresponder.