El abogado penalista, Alejandro Leiva, explica que el hijo de la Mandataria también podría haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias, entre otros.
Publicado el 27.02.2015
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La investigación que lleva a cabo la fiscalía por el caso Caval, que involucra al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y a su señora, Natalia Compagnon, ha abierto una serie de interrogantes en la opinión pública. ¿Existió algún delito detrás de la compra de los tres predios de 44 hectáreas en Machalí? ¿Hubo irregularidades en el acceso al crédito por $6.500 millones del Banco de Chile? ¿Se tuvo acceso a información privilegiada para llevar a cabo el negocio? ¿Se ejercieron presiones para cambiar el uso de suelo de la zona? Son sólo algunas de las preguntasAlejandro Leiva López.

El Líbero” consultó al abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo, Alejandro Leiva, para aclarar el panorama y ver qué penas eventuales arriesgaría el ex director sociocultural de la Presidencia de comprobarse alguno de estos ilícitos.

– En vista de los antecedentes que se conocen hasta el momento, ¿en qué delito podría haber incurrido Sebastián Dávalos?

– Dávalos podría haber cometido el delito de tráfico de influencias o el de uso de información privilegiada. El primero de ellos consiste en una actividad de intercambio entre dos partes, cada una de las cuales resulta beneficiada directa o indirectamente. El objeto central de este intercambio es una influencia, esto es, la posición de predominio o posición favorable que tiene una persona en relación con determinados centros de decisión, que es ejercida para incidir en el proceso motivador que conduce a un funcionario a adoptar una decisión. El delito busca evitar el ejercicio de presiones sobre la Administración para que adopten determinadas decisiones que resulten económicamente beneficiosas para el interesado; sea que exista un ofrecimiento y negociación para llegar a ejercer presión, sea que se la ejerza directamente.

En cuanto al uso de información privilegiada, se encuentra sancionado en Chile administrativa y penalmente tanto en la Ley de Mercado de Valores N° 18.045 de 1981 (Art. 165, 60 e), g) y h)) como en el Decreto Ley 3.500 de 1980 sobre Sistema de Pensiones (Art. 159). El delito puede consistir en una serie de conductas desvaloradas administrativa y penalmente y que abarcan todo aprovechamiento de cierta información no pública, ya sea por medio de su utilización en transacciones en el mercado de valores o a través de la divulgación o difusión de la misma.

– ¿Cuál sería la pena en cada uno de estos?

– Respecto del delito de tráfico de influencias, el culpable puede ser castigado con las penas de reclusión menor en su grado medio (540 días a tres años de cárcel), multa de hasta el 10% al 50% del valor del interés que hubiere tomado en el negocio, e incluso, si así lo considera el juez, inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos.

En cuanto al uso de información privilegiada, tiene una pena de cárcel de hasta cinco años.

– Si se comprueba que hubo presiones indebidas siendo funcionario público para apurar el cambio de uso de suelo, ¿qué ocurre en ese caso?

– El delito de tráfico de influencias se comete cuando un funcionario ejerce su predominio sobre otro para obtener de éste una decisión favorable a sus intereses o a los intereses de las personas individualizadas en la norma (art. 240 bis), o una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado (art. 248 bis).

En todo caso, el modo en que se ejerce la influencia no requiere llegar a configurarse como una especie de coacción o amenazas, ni el delito se constituye como una figura de autoría mediata. Si efectivamente la conducta puede calificarse como amenazas —tipificadas en los arts. 296 y 297 CP— estaríamos frente a no sólo uno, sino dos delitos, configurándose lo que se denomina un concurso de delitos.

– ¿Cuál es la pena?

– En este caso (delito de amenazas), la pena podría llegar hasta los cinco años de cárcel.

– Si se comprueba que el matrimonio Dávalos-Compagnon solicitó la reunión con Anrónico Luksic haciendo alusión a su parentesco con la futura Presidenta, ¿qué ocurre en ese caso?

– Efectivamente se podría configurar el delito ya descrito de tráfico de influencias.

Sin perjuicio de ello, y creo debería ser materia de la investigación llevada a cabo por el fiscal, siempre podría darse una hipótesis de cohecho, en cualquiera de sus modalidades, en el entendido de que existieron grandes sumas de dinero en juego, y la intervención de funcionarios públicos en el proceso.

– ¿A qué pena se expone?

– A mi juicio, y teniendo presente la dificultad para que se aplique una pena efectiva privativa de libertad (de hasta 3 años de cárcel), la pena más severa sería la de multa de hasta el 50% del valor del interés que hubiere tomado en el negocio, y la prohibición de ejercer nuevamente cualquier cargo público de manera perpetua.

 

FOTOS: RAÚL LORCA TAPIA /AGENCIAUNO