Ruggero Cozzi, abogado de los apoderados del Instituto Nacional, afirma que hace "muchos años la Corte no daba una sentencia tan tajante".
Publicado el 04.11.2014
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“Con esta sentencia se pone fin a la discusión, es una victoria para los apoderados”. Así califica el abogado de los apoderados del Instituto Nacional, Ruggero Cozzi, la decisión de la Corte Suprema, dictada este martes, de ordenar al rector de ese colegio evitar las tomas del establecimiento.  Sin embargo, lo más importante de esta sentencia, según explica Ruggero a “El Líbero”, es que “después de muchos años la Corte Suprema declaró que las tomas son, por definición, un acto de fuerza, ilegales y que no son un medio para expresar opiniones (…) hace 30 años que la Corte no era tan tajante”. Además, Cozzi destaca la importancia de que se refirme que “los rectores y sostenedores de los establecimientos educacionales van a tener que asumir una mayor responsabilidad para enfrentar las tomas”.

Fue en julio pasado cuando el abogado, que es director ejecutivo de la ONG “Comunidad y Justicia”, junto con los apoderados del Instituto Nacional, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que se desalojara a los alumnos en toma que había en ese momento. El resultado de esto fue que se adoptaron medidas preventivas, pero que no perduraron durante el resto del año.

La sentencia de la Corte detalla en el punto sexto el significado que le otorga a las tomas. “Que cabe dejar precisado de manera clara, tal como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, que la toma de una escuela es, por definición, un acto de fuerza que no constituye un medio legítimo de emitir opinión ni forma parte del contenido del derecho a manifestarse. Es un comportamiento antijurídico que no respeta los derechos de los demás, aun cuando su materialización hubiere sido promovida por una mayoría de los estudiantes. En efecto, la plausibilidad de los motivos que se invoquen para explicar o justificar el apoderamiento de un establecimiento educacional no puede tornar en lícitas las vías de hecho a las que se acude con tal propósito”. 

Y agrega que “no se debe confundir la licitud de la protesta social, que como la mayoría de las expresiones públicas de la ciudadanía puede ser relevante para generar debates en la opinión pública, con el empleo de mecanismos que se caracterizan por el uso de la fuerza y, que en este caso, vulnera el derecho de los estudiantes a recibir educación, y el de sus padres, de que ésta les sea impartida a sus hijos”. 

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FOTO:FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIAUNO