La escritura de compraventa del predio de Punta Arenas estaba firmada, pero el organismo fiscalizador la rechazó porque se hizo por trato directo sin la debida justificación, con sobreprecio y una tasación que no cumplió mínimas exigencias. Aparte del padre del ex presidente de la Fech, entre los propietarios del terreno figura la esposa del diputado Juan Morano (DC).
Publicado el 26.02.2016
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Un lapidario dictamen de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena declaró ilegal la compraventa del Serviu de esa región de un terreno para construir viviendas sociales por $1.340  millones.

El terreno es propiedad de Luis Javier Boric Scarpa, padre del diputado de Magallanes, Gabriel Boric, militante de la Izquierda Autónoma; de Patricia Büchner Herrero, esposa del actual diputado DC y ex alcalde de Punta Arenas, Juan Morano Cornejo; y de Julio López Herrero, quienes recibirían por partes iguales $376 millones cada uno, en caso de concretarse el negocio (Ver dictamen de la Contraloría).

Juan_Enrique_Morano_Cornejo diputadoEl predio ubicado en la prolongación José Martínez de Aldunate, Hijuela número 36, en el sector Sur Poniente, en Punta Arenas, tiene un avalúo fiscal de $3.277.000, por lo que el precio de compra que fijó el Serviu superó en 46 veces ese valor. Además, cuando el padre de Boric compró, el terreno era agrícola, pero en 2004, cuando Juan Morano (en la foto) era alcalde, se cambió el uso de suelo a residencial, lo que incrementó ostensiblemente su valor comercial.

Las razones de la Contraloría para declarar ilegal el millonario negocio: Trato directo, sobreprecio y tasación irregular

dictamen de la Contraloría del terreno del padre de BoricPrecisamente la sobrevalorización del terreno en relación con la venta de otros predios similares fue una de las cosas que objetó la Contraloría, ya que la tasación comercial la hizo un funcionario público del Serviu y no un tasador independiente.

“Esta Contraloría Regional ha debido abstenerse de dar curso al acto administrativo”, dice la primera línea de la resolución N° 0333 del 25 de enero de 2016, a la que tuvo acceso “El Líbero”, lo que significa que no tomó razón de la escritura de compraventa del terreno celebrada el 19 de noviembre de 2015, por lo que no se podrán traspasar los recursos a los vendedores, quienes, incluso, tenían cheques girados por el Serviu de Magallanes.

Así lo establece el artículo sexto del contrato de compraventa, que “está sujeto al trámite de toma de razón conforme a lo dispuesto en artículo noveno, párrafo nueve. Las partes acuerdan condicionar la existencia de este contrato a que la Contraloría Regional de Magallanes tome razón del mismo. Por lo tanto, si por cualquier causa ello no ocurriere este contrato no surtirá efecto alguno y se tendrá por no celebrado”.

La Contraloría le cuestionó al Serviu, organismo dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que intentara comprar el terreno mediante la modalidad de “trato directo”, sin realizar una licitación pública que permitiera la participación de otros interesados, tal como  lo establece el artículo nueve de la ley 18.757 de Bases Generales de la Administración del Estado.

El organismo argumenta en su dictamen que el “trato directo debe hacerse sólo cuando la naturaleza de la negociación lo demande, requiriéndose asimismo una comprobación efectiva y documentada de las razones que motivan la procedencia del trato directo, que constituye una excepción al sistema de propuesta pública”.

Además, consigna que el informe de adquisición de inmuebles, elaborado por el Serviu el 26 de octubre de 2011, señala que el terreno del papá del diputado Boric es “uno de los 54 terrenos en estudio para su adquisición ubicados en Punta Arenas, sin que consten las razones que motivaron la elección por trato directo”.

Sobre la tasación, cuestiona que “es posible verificar inconsistencias en cuanto al valor determinado por metro cuadrado del terreno, dado que respecto a un predio aledaño y de similares características, la tasación hecha por el propio servicio presenta un precio inferior y, además, atendida su insuficiente fundación no habiendo informes complementarios, este órgano no puede dar justificado el precio del bien raíz que se pretende adquirir”.

El dictamen agrega que para determinar “el precio de los inmuebles privados que el Serviu desee adquirir es necesario que la autoridad disponga de la suficiente información que le permita establecer y pagar su justo valor comercial, para lo cual deben requerirse tasaciones comerciales practicadas por profesionales especializados en la materia o por instituciones financieras, por lo que el informe de tasación elaborado por el Serviu es insuficiente para tal fin, en razón de que no ha justificado cabalmente el valor otorgado”.

Por último, la Contraloría le recuerda al Serviu que en su calidad de órgano de la administración del Estado “debe cumplir con los principios de eficiencia y eficacia, actuando con objetividad e imparcialidad y velando por la eficiente administración de los recursos públicos a su disposición”.

El cuestionado cambio de uso de suelo del terreno y la querella en curso

El terreno agrícola lo adquirió Luis Boric junto a sus socios  Patricia Büchner y Julio López en 1986, un año antes de que naciera su hijo diputado. Pero el uso de suelo fue cambiado a urbano en 2004, cuando el alcalde de Punta Arenas era el actual diputado Morano, cónyuge de una de las socias.

Ese es uno de los antecedentes que entregó el abogado Mario Zumelzu cuando presentó en noviembre del año pasado una querella por la venta de los terrenos al Serviu. En ese momento, Zumelzu –también querellante en el caso Caval– señaló que como “muchos casos en Chile, se hace especulación inmobiliaria para cambio de uso de suelo para más tarde venderlo al fisco, usando la necesidad de construir viviendas sociales. Esta especulación se asemeja al caso Caval, y se plantea el tema de la influencia de políticos en el negocio”.

La respuesta pública del diputado Boric ante esa querella fue que los “funcionarios públicos, y particularmente los parlamentarios, debemos estar disponibles al escrutinio público. En mi caso, me parece positivo que exista un interés por fiscalizarme y estoy plenamente disponible para colaborar en todo lo que sea necesario”.

Sobre el terreno en cuestión, Gabriel Boric dijo a El Mercurio en noviembre pasado que su padre lo adquirió antes de que él naciera, y que “hasta donde entiendo fue solicitado por el Serviu debido a la expansión de la ciudad y las condiciones particulares del terreno. Los recursos fueron aprobados por el Core en sesiones públicas con todos los antecedentes a la vista. Como es evidente que si yo interviniera en esto existiría un flagrante conflicto de interés, no he realizado actuación alguna sobre este proceso, por lo que desconozco los detalles y características de la oferta del Serviu”.

La polémica sesión del consejo regional que aprobó la compra de los terrenos

El diputado hacía referencia a la sesión del Consejo Regional de Magallanes del 13 de julio de 2015, que sugirió al pleno sancionar el pronunciamiento favorable de financiamiento para la adquisición de terrenos.

En dicha sesión se discutió arduamente si correspondía que el Estado comprara terrenos a familiares de políticos. El consejero Alejandro Kusanovick (Ind. RN) dijo que el “terreno es un poco polémico, porque es de unos parientes de diputados que no son de mi sector y alguno que no es tampoco de mi devoción, pero acá hay un tema súper importante. Yo he revisado detalladamente todas las compras de terrenos y la verdad que no he encontrado nada irregular y, lo más importante es que se compren los terrenos para construir las viviendas, ya que está paralizada la construcción durante muchos años”.

Pero Ramón Lobos (PS) –presidente del Consejo- dijo que no es “sólo la compra la que está en análisis, si fuera así, sólo tendríamos que reparar en si el precio es beneficioso, porque el terreno reúne las características que se le pide, que esté saneado y apto para la compra inmediata por el Estado”.

Lobos  fue enfático en señalar que “no existe regulación para tratos del Estado con familiares de personeros relevantes de la política nacional, a diferencia nuestra en que claramente se nos señala que debemos inhabilitamos de decisiones en que se involucre a familiares nuestras”.

A su vez, la consejera Patricia Vargas (PS) denunció que durante lo que ha sido el proceso de votación de los terrenos de los familiares del diputado Gabriel Boric recibió amenazas. “Un consejero regional que tampoco voy a decir quién fue, nos amenazó a los consejeros que íbamos a tener una postura distinta y yo no aguanto que nadie me amenace”, dijo.

En tanto, el concejal de Punta Arenas, Juan José Arcos (PRI), advirtió que “nos causa extrañeza que se esté vendiendo este terreno al Fisco, porque hace un par de años se le cambió el uso de suelo y, además, cómo se explica que el uso de suelo sea tan beneficioso para este terreno en desmedro de otros.

Tras la publicación de este artículo, el diputado Boric emitió una declaración que puede ser leída en este link

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIA  UNO