El CNDE detectó que la fiscalización a la casa de estudios, que ha sido demandada por $2.110 millones, no se hizo con el rigor necesario. Diputados de la comisión investigadora del año pasado hicieron críticas similares.
Publicado el 12.07.2015
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En sesión extraordinaria, el Consejo Nacional de Educación (CNED) acordó aprobar el nombramiento de un administrador  provisional propuesto por el Ministerio de Educación (Mineduc) para enfrentar la profunda crisis que afecta a la Universidad Arcis, pero hizo fuertes críticas a la investigación que realizó dicha cartera.

La fiscalización del Mineduc se plasmó en la resolución exenta número 684 del 29 de enero de este año, y la instructora a cargo declaró cerrada la investigación preliminar el 6 de abril de 2015 cuando formuló dos cargos, relativos a los incumplimientos financieros, administrativos y laborales de la casa de estudios,  que ha sido demandada por $2 mil 110 millones.

La otra acusación de la cartera fue que la universidad, que estuvo dirigida y administrada por dirigentes del Partido Comunista entre 2004 y 2014, incumplió de “manera grave y reiterada los compromisos académicos asumidos con los estudiantes por no contar con los recursos educativos y docentes”.

Los cuestionamientos al Mineduc

Sin embargo, el Consejo Nacional realizó una serie de cuestionamientos  a dicha investigación por no haber profundizado en la “veracidad y disponibilidad” de los recursos con que dijo contar la U. Arcis, “así como tampoco sobre su magnitud y si representaban un alivio efectivo para parte de las deudas de la universidad”.

El CNED planteó que la casa de estudios no abordó el compromiso de pago en tres cuotas que había alcanzado con los docentes que impartían las clases en el primer semestre de 2015. También critica que la investigación no realizara una definición inicial acerca de cuáles son los compromisos que tiene con los estudiantes, “ni menos el estándar de su cumplimiento, que permitan efectivamente contrastar la evidencia”.

La Comisión, además, le indicó al Mineduc que hubiere sido conveniente ampliar la cantidad y representación de los testimonios prestados en la investigación, incluyendo a todos los estamentos de la universidad, “a fin de describir de forma más completa la situación de la institución”; y realizar una mayor cantidad de visitas inspectivas en períodos de clases que permitieran recopilar mayor información del funcionamiento cotidiano de la institución.

El acuerdo 040/2015 del CNED detectó inconsistencias entre la información académica disponible en SIES (Servicio de Información de Educación Superior), y la comunicada por la universidad a petición del consejo, “lo que no entrega certeza sobre el número de titulados por carrera, ni el porcentaje que representa respecto del total de estudiantes de la cohorte. Tampoco se logra aclarar la matrícula actual de la institución y la situación de retiro de estudiantes”.

Lo que debe aclarar la universidad

La institución de educación señala que para el funcionamiento futuro de la universidad, ésta debe aclarar, al menos, la planta académica con la que cuenta y su suficiencia para impartir docencia en las carreras que continúa dictando; la real situación de los bienes inmuebles y las posibilidades concretas que tiene para enajenarlos, así como los montos involucrados en operaciones de este tipo; la forma en que ha manejado los recursos desde que sus cuentas corrientes fueron congeladas; la veracidad y cuantificación de la existencia de recursos que deben ser enterados a la universidad provenientes de saldos adeudados por SENCE (capacitación), Mineduc (becas), Comisión Ingresa (CAE) e impuestos (Tesorería).

También debe entregar información sobre el plan académico-curricular de cada carrera y avance de los estudiantes de acuerdo con sus perfiles de egreso; la situación de las prácticas profesionales intermedias y finales realizadas a partir de 2014; el estado de los convenios de práctica y de los seminarios o actividades de título y grado pendientes, y el estado de los recursos académicos y su disponibilidad.

Los cuestionamientos que salpicaron la investigación

Este cuestionamiento a las investigaciones realizadas por el Mineduc a la U. Arcis se suma al que hicieron los diputados de la Alianza que integraron la comisión investigadora, entre noviembre y diciembre de 2014, sobre irregularidades en la casa de estudios de calle Huérfanos.

En ese entonces, José Antonio Kast criticó la falta de voluntad del Ministerio de Educación de realizar una investigación acuciosa que despejara cualquier duda en su procedimiento, porque entre los asesores del entonces ministro Nicolás Eyzaguirre que recibieron tres veces al sindicato de trabajadores de la Arcis, estaba Claudio González Rothen, quien fue dirigente comunista de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción junto a Karol Cariola, es un activo militante del partido, y fue traspasado desde el Gabinete a la división de Educación Superior para colaborar en la investigación.

Kast también denunció que la fiscal a cargo de la investigación inicial, la funcionaria de carrera Yolanda Peña Cataldo, fue sacada del caso y cambiada por Manuel Alejandro Guzmán Valdivia, un nuevo empleado público que falló la causa en 20 días.

Arcis registra $1.567 millones en deudas

Lo que sí arrojó la investigación del Mineduc fue que entre octubre de 2014 y abril de 2015 la Universidad Arcis tenía una deuda de $1.205 millones, a lo que suma una deuda por cotizaciones previsionales y de salud que asciende a $362 millones, totalizando $1.567 millones.

Respecto de la proyección de ingresos 2015, el informe emitido por el vicerrector de gestión y finanzas no adjuntó documentos de respaldo que permitieran realizar una verificación y validación de las partidas presentadas.

Respecto del listado de académicos de pregrado que dictarían docencia en 2015, el Mineduc constató que, al contrario de lo señalado por la universidad, al menos cinco docentes manifestaron que no impartirán docencia en 2015, los que no podrían ser reemplazados, dado que la Universidad no cuenta con recursos para financiar nuevos contratos. En cuanto a los académicos de posgrado, se observó una situación similar en dos de los profesores que fueron informados por la Universidad como docentes para el año 2015 y que en declaraciones voluntarias manifestaron que no impartirán clases.

Por otra parte, para el ministerio se confirmó “la situación de riesgo e inviabilidad financiera con la gran cantidad de juicios y demandas de diversa clase interpuestas en contra de la Universidad y que han sido presentadas por docentes, arrendadores de bienes raíces, proveedores y funcionarios no docentes, y que alcanzan una cuantía de $2.110 millones”.