En cadena nacional, la Presidenta se refirió a las propuestas que entregó la comisión asesora de probidad y anunció que en septiembre dará inicio a un "proceso constituyente" abierto a la ciudadanía para elaborar una nueva Constitución.
Publicado el 28.04.2015
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45 días pasaron desde que la Presidenta Michelle Bachelet presentó a los miembros del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico influencia y la corrupción hasta que finalmente el viernes pasado la comisión hizo entrega del informe donde proponen una serie de medidas para frenar la “crisis de confianza en las instituciones” (hacer click para ver informe completo).

La Mandataria estudió el documento durante cuatro días hasta que este martes por la noche, a través de una cadena nacional, dio a conocer su parecer sobre las más de 200 propuestas elaboradas por los 16 expertos que integraron la comisión presidida por el académico Eduardo Engel.

Lo que llama la atención del total de medidas es que si bien en 19 ocasiones una o más personas votaron en contra, el ítem sobre transparencia de las donaciones de personas naturales tanto a los partidos políticos como a las campañas electorales dividió al consejo en partes iguales, generándose dos propuestas diferentes.

Por una parte, Benito Baranda, Álvaro Castañón, Claudio Fuentes, José Andrés Murillo, Andrea Repetto, Marcela Ríos, Agustín Squella y Daniel Zovatto; apoyaron “asegurar la transparencia en todas las donaciones de personas naturales“.

Mientras que Eduardo Engel, Rosanna Costa, Vittorio Corbo, Alfredo Etcheberry, Olga Feliú, Manuel Riesco, Lucas Sierra y Paulina Veloso; fueron partidarios de que se resguarde “solo la identidad de quienes donen por montos inferiores a 20 UF“.

A pesar de que ambos grupos coincidieron en que los aportes deben realizarse a través del Servel, queda en evidencia que el anonimato en las donaciones sigue siendo uno de los puntos donde aún no existe consenso en el debate público. Tanto así que logró dividir a los consejeros y juntar en una misma postura al presidente de la comisión, Eduardo Engel, a la ex directora de Presupuestos del gobierno de Sebastián Piñera, Rosanna Costa, y al economista histórico del Partido Comunista, Manuel Riesco.

Sin embargo, la jefa de Estado se encargó de zanjar esta división en la cadena nacional, señalando que “transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados”.

Asimismo, Bachelet anunció varias propuestas que recogerá del informe del Consejo Anticorrupción. Entre ellas destacan: pérdida del cargo en caso de vulnerar la ley de financiamiento, las empresas no podrán hacer aporte de ningún tipo a la actividad política, dar autonomía constitucional al Servel, sólo se podrá realizar propaganda en zonas limitadas, ampliar y reforzar las inhabilidades e incompatibilidades en la función pública, regular la “puerta giratoria” entre empresas y cargos públicos, crear un registro públicos obligatorio de lobbistas, entre otras.

Respecto a los plazos, la Mandataria señaló que las medidas administrativas se dictarán dentro de 15 días; mientras 45 días como máximo para el ingreso de los proyectos de ley al Congreso. Además, a partir de este miércoles se dará urgencia inmediata a la discusión parlamentaria de la ley de probidad y transparencia, como también a la moción parlamentaria que termina con la reelección indefinida de senadores, diputados y otros cargos de elección popular.

Uno de los anuncios que más sorprendió en su alocución fue que en septiembre se dará inició a un “proceso constituyente abierto a la ciudadanía a través de diálogos, debates, consultas, cabildos; que deberá desembocar en la nueva carta fundamental plenamente democrática y ciudadana que todos nos merecemos”.

Los votos disidentes en las propuestas del Consejo Anticorrupción

Al analizar las propuestas elaboradas por la “Comisión Engel” se puede observar que en 19 oportunidades existieron votos disientes, donde fueron siete los consejeros que no se mostraron a favor de una o más medidas.

La lista de los opositores la encabeza la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, quien en 12 ocasiones decidió votar en contra. Entre ellas destaca que en las cinco medidas establecidas para la “Prevención de Corrupción en Planificación Territorial“, Feliú no estuvo de acuerdo en cuatro. Además, fue la única en oponerse a la creación de un Servicio de Evaluación de Políticas Públicas y a que los lobbistas queden inhabilitados “para asumir cargos de ministros, subsecretarios y hasta el rango de directores de servicios o superintendentes por el plazo de un año luego de cesado en la función“.

Lucas Sierra, el subdirector del Centro de Estudios Públicos (CEP), votó en contra en 11 medidas. El abogado fue el único de la comisión que no se mostró de acuerdo en que los alcaldes sólo puedan permanecer en sus cargos durante dos períodos.

El comportamiento de Sierra coindice en la mayoría de las veces con la subdirectora de Libertad y Desarrollo (LyD), Rosanna Costa, quien en 10 oportunidades fue disidente. Por ejemplo, ambos se opusieron a “extender el principio de paridad de género a la conformación de los organismos directivos de los partidos políticos“.

A este grupo se suma el ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo, con cuatro votos disidentes. Corbo junto a Sierra, Costa y Feliú; se mostraron en contra de uno de los temas más delicados del informe. Los consejeros no están de acuerdo en que se prohíban los aportes de personas jurídicas tanto a los partidos políticos como a las campañas electorales.

El ex rector de la Universidad de Valparaíso, Agustín Squella, fue disidente sólo en una oportunidad, pues rechazó establecer una “franja radial gratuita para propaganda electoral, cuyo tiempo se distribuya de la misma forma que la franja televisiva” y donde “las radios deben recibir debida compensación”. Los subdirectores del CEP y LyD también se opusieron.

Reducir significativamente los límites de gasto total permitidos para campañas políticas en todo tipo de elecciones“, es la única propuesta en que el economista Manuel Riesco y el director Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO), Claudio Fuentes, no coincidieron con el resto de la comisión. Según ellos, se debe “aumentar significativamente el financiamiento público a las campañas políticas”.

Inhabilitación y abstención de los consejeros en las medidas

La única vez que uno de los consejeros se inhabilitó para discutir una propuesta fue en la “Prevención de corrupción en planificación territorial” que busca ponerle fin a las irregularidades y malas prácticas en la regulación de uso de suelo y la planificación urbana en general.

Manuel Riesco, quien fue candidato a senador por el Partido Comunista en 2005 por Santiago Oriente, decidió inhabilitarse y no ser partícipe del debate en esta materia que finalmente incluyó 10 medidas que, en general, se centran en “la regulación urbana, las plusvalías generadas por ciertas acciones el Estado y la definición de plazos en la práctica”.

Mientras que Vittorio Corbo, Rosanna Costa, Olga Feliú y Lucas Sierra; se abstuvieron de votar en la propuesta sobre las “personas jurídicas que tengan a cargo menores de edad… estén obligadas a implementar políticas de prevención de maltrato, abuso sexual infantil y otro ilícitos en contra de menores de edad como parte de sus sistema de integridad”.

Las 50 propuestas más relevantes del consejo asesor

Probidad y fortalecimiento de capacidades de municipios

  1. Crear un sistema de acreditación profesional para ciertos cargos municipales a través de un examen nacional de conocimientos y habilidades.
  2. Cargos clave de municipalidades deben ser escogidos por concursos públicos controlados por Alta Dirección Pública. Para estos cargos, los postulantes deben tener títulos profesionales idóneos.
  3. Impedimento legal de contratación de personal a honorarios en períodos electorales.
  4. Obligatoriedad de declaración de intereses y patrimonio bajo sanción, en caso de incumplimiento, a alcalde, concejales y a funcionarios jefes de unidades clave.
  5. Establecer un límite de aumento en publicidad en períodos electorales. Éste no deberá exceder un 5% en relación al promedio de los tres años anteriores.
  6. Establecer límite de una reelección para alcaldes, de modo que sólo pueda permanecer en el cargo por dos períodos. (Voto disidente de Lucas Sierra)

Reforma al sistema de Alta Dirección Pública (ADP)

  1. Adherir al sistema de ADP, con la gradualidad que se requiera, al tercer nivel jerárquico, especialmente a los encargados de compras y licitaciones.
  2. Incorporar en los directorios de las empresas públicas a directores independientes, seleccionados por ADP, y terminar con participación de ministros y representantes de gremios empresariales.
  3. Limitar el número de cargos provisionales y transitorios a un 10% en el primer nivel jerárquico y que se elimine totalmente para el segundo nivel.

Gastos en Defensa

  1. Eliminar la Ley Reservada del Cobre y dotar al Congreso de mayores herramientas para fortalecer el control, eficiencia y transparencia de las compras en Defensa.
  2. Preservar confidencialidad de los gastos sólo en casos específicos.

Persecución y sanción penal de la corrupción

  1. Revisar, en el marco del proceso de elaboración del nuevo Código Penal, la tipificación, penas y prescripciones respecto a delitos de corrupción de acuerdo a estándares internacionales.
  2. Crear una Fiscalía de Alta Complejidad para perseguir delitos de corrupción.

Transparencia

  1. Reconocimiento explícito en la Constitución de la transparencia y del acceso a la información pública como principios rectores del actuar de la administración del Estado. (Voto disidente de Vittorio Corbo, Rossana Costa, Olga Feliú y Lucas Sierra)
  2. Que el Poder Legislativo y el Poder Judicial deban cumplir los mismos estándares que se aplican al Poder Ejecutivo en la Ley de Transparencia.
  3. Garantizar el acceso a correos electrónicos institucionales en los mismos términos que la Ley 20.285 establece actualmente para toda información pública.

Prevención de corrupción en planificación territorial

  1. La planificación urbana realizada a través de los planos reguladores puede generar y transferir riqueza, lo que promueve las presiones de terceros a su diseño con el consiguiente riesgo de generar tráfico de influencias. Por esa razón se propone aumentar las instancias de participación ciudadana durante el proceso de cambio de plano regulador.

Políticas Públicas

  1. Crear un servicio de la Calidad de las Políticas Públicas descentralizado. (Voto disidente de Olga Feliú)

Regulación de los conflictos de interés

  1. Regular la “puerta giratoria”. Establecer que todas las autoridades de instituciones con facultades normativas y fiscalizadoras, además de ministros y subsecretarios, no puedan emplearse, proveer servicios ni mantener vínculos comerciales al cese de funciones, y por el plazo de un año, con organizaciones privadas relacionadas con su función previa.
  2. Las ex autoridades no podrán contactar a funcionarios o empleados estatales de la entidad en la que trabajaron en relación a asuntos de su interés durante un año.
  3. Los sujetos pasivos de la Ley de Lobby no podrán trabajar en empresas de lobby en un período de dos años.
  4. El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y el Contralor no podrán postular a cargos de elección popular hasta dos años luego de haber cesado en el cargo.
  5. Inhabilidad de lobistas para asumir cargos de ministros, subsecretarios, directores de servicios o superintendentes por un plazo de un año desde el cese de sus funciones.
  6. Establecer la inhabilidad para la postulación a cargos de representación popular en una misma unidad electoral (concejales, alcaldes, CORES, diputados, senadores) a quienes sean cónyuges, convivientes o parientes, hasta segundo grado por consanguinidad o segundo grado por afinidad, de las autoridades respectivas.
  7. La función parlamentaria será de dedicación exclusiva.
  8. El cargo de asesores parlamentarios será incompatible con los cargos simultáneos de Consejero Regional y Concejal. Tampoco se podrán desempeñar en estas funciones quienes se desempeñen como lobistas.
  9. Establecer parámetros objetivos para todas aquellas autoridades o funcionarios públicos que por ley deban celebrar fideicomisos, para que no quede a su arbitrio.
  10. Declaraciones de intereses y patrimonio: se deben incluir los bienes e intereses del cónyuge o conviviente del declarante, cualquiera sea el régimen patrimonial de matrimonio, así como también de los hijos y personas bajo su tutela.

Financiamiento de la política

  1. Sistema de financiamiento mixto en base a aportes públicos y privados.
  2. Elaborar proyecto de nueva ley de partidos políticos
  3. Reinscripción de todos los militantes de los partidos políticos existentes para tener padrones confiables.
  4. Prohibición de aportes de personas jurídicas a partidos políticos. (Voto disidente de Lucas Sierra, Olga Feliú, Vittorio Corbo y Rossana Costa)
  5. Posición divergente sobre transparencia en donaciones de personas naturales a partidos.

Financiamiento de campañas

  1. Reducir significativamente los límites de gasto total permitidos para campañas políticas.
  2. Reducir los límites permitidos para que personas naturales puedan donar a campañas.
  3. Eliminar todo aporte de personas jurídicas a campañas electorales. (Voto disidente de Lucas Sierra, Olga Feliú, Vittorio Corbo y Rossana Costa)
  4. Ampliar la figura de cohecho para incluir una serie de prácticas irregulares que pueden darse en torno a campañas, como la entrega de regalos y el pago de cuentas.
  5. Establecer una franja radial gratuita. (Voto disidente de Rosanna Costa, Lucas Sierra y Agustín Squella)
  6. Obligatoriedad para que candidaturas patrocinadas por partidos políticos consignen los logos de sus partidos en su propaganda.
  7. Posición divergente sobre transparencia en donaciones de personas naturales a campañas.
  8. Prohibir en períodos de elecciones nuevas contrataciones a honorarios por parte del Gobierno y limitar gasto en publicidad.
  9. Que el Servel sea reconocido como un órgano autónomo constitucional. (Voto disidente de Lucas Sierra y Rossana Costa)
  10. Establecer la pérdida de los cargos de alcaldes, concejales, CORES, senadores y diputados, y la prohibición de desempeñarse en un cargo público, como sanción ante infracciones graves a las regulaciones del financiamiento y gasto electoral.

Confianza en los mercados

  1. Fortalecer la delación compensada para detectar y perseguir delitos económicos.
  2. Diseño de un sistema en el que las autoridades fiscalizadoras puedan compartir información sensible de manera rápida y efectiva.
  3. Coordinación entre organismos fiscalizadores que aplican sanciones administrativas con los que persiguen sanciones penales, y la definición de la titularidad o control de la acción.
  4. Eliminar los plazos de caducidad para investigar conductas ilícitas por parte de los organismos reguladores.
  5. Ampliar el alcance y definición de Personas Expuestas Políticamente (PEP), tanto en términos de a qué y quién se considera PEP, como de los potenciales problemas que se desea cautelas con este sistema.
  6. Definición y comunicación pública de sus políticas internas –respecto del tratamiento a PEPs-, por parte de las sociedades financieras.

Formación Cívica y Ética

  1. Que el proyecto educativo de cada establecimiento incluya formación ética y ciudadana.

 

FOTO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA