La Municipalidad de Santiago ha tenido directoras que han durado apenas tres semanas, otras fueron despedidas por no tener la confianza de la edil y por asignarse millonarios bonos por horas extras. La última renunció este lunes por las violentas tomas de liceos.
Publicado el 15.06.2016
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Un desfile de encargados de educación ha tenido la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, durante sus menos de cuatro años de gestión.

La educación municipal capitalina donde estudian 33 mil alumnos en 44 colegios atraviesa una aguda crisis por la extensa y masiva paralización de escuelas públicas, que llevaron a renunciar a Mónica Espina Farías, la última directora.

“He hecho mi máximo esfuerzo para lograr los apoyos suficientes que permitieran impedir la destrucción y retroceso que causan las tomas en los liceos, pero no hemos podido lograrlo”, dijo Espina al anunciar su renuncia.

Antes que ella otras cuatro personas han ocupado el mismo cargo, ya sea en forma titular o como interinos.

Cuando asumió Carolina Tohá en octubre de 2012, la jefatura de la Dirección de Educación (DEM) la tenía Violeta Castillo, profesora de educación diferencial que había nombrado el entonces alcalde Pablo Zalaquett en 2008. Pero salió del cargo en marzo de 2013 y desde ese momento comenzó el desfile de directivos.

El desfile de encargados de educación de Tohá

A Castillo la sucedió en el puesto en forma interina el asesor jurídico Gastón Llona, quien ante el desalojo de Carabineros en el Instituto Nacional en mayo de 2013 salió a cuestionarlos porque “no hubo orden por parte de la alcaldesa de desalojar, lo que hubo fue un delito flagrante. El centro de alumnos sigue en toma y seguirá hasta que resolvamos los problemas”.

Pocos meses después y tras un concurso de Alta Dirección Pública que duró un año, Tohá eligió como su directora de educación a Nancy Luco, quien paradójicamente duró apenas tres semanas porque perdió la confianza de la alcaldesa.

“La renuncia de Luco fue solicitada por la edil debido a la pérdida de confianza en el desempeño de su cargo. Las semanas en que la ex directora estuvo a cargo de la Dirección de Educación Municipal demostraron que su perspectiva para el ejercicio del cargo se apartaba de manera sistemática de los lineamientos de la administración en materia educacional”, informó el municipio.

“Tratándose de un cargo de confianza y altamente relevante para la gestión municipal es indispensable que quien lo desempeñe desarrolle fielmente las prioridades y orientaciones comprometidas ante la comunidad y los establecimientos de la comuna”, detalló el comunicado oficial.

Pero la Contraloría emitió un dictamen en que objetó a la municipalidad por interpretar mal la normativa, ya que la “plaza de la DEM no reviste la calidad de exclusiva confianza, sino que debe ser provista por concurso y cesar por las causales que indica la ley”. Según la norma sólo puede ser destituido el director que no cumpla con las metas pactadas en el convenio de desempeño anual.

Gastón Llona volvió a ocupar interinamente la dirección para traspasarle el mando a María Luisa Rivera,  educadora general básica de la Universidad Tecnológica Metropolitana, quien ocuparía por más tiempo el cargo: un año y 10 meses. Entró en febrero de 2014 y la despidieron en diciembre del año pasado.

Durante su período la Corte Suprema declaró ilegal la toma del Instituto Nacional que se había producido por un mes y medio. “Tal como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, la toma de una escuela es, por definiciónun acto de fuerza que no constituye un medio legítimo de emitir opinión, ni forma parte del contenido del derecho a manifestarse”, estableció el Máximo Tribunal, ordenando el restablecimiento de las clases.

Entre otras tareas, le tocó querellarse por los destrozos del liceo Darío Salas, que estuvo tomado por los estudiantes. Ese fue apenas uno de los 44 establecimientos de Santiago que participaron en el paro de profesores durante el año pasado que se extendió por casi dos meses, dejando pérdidas por más de $1.851 millones.

Pero en diciembre pasado Carolina Tohá le pidió la renuncia a Rivera por haber autorizado para ella y sus asesores un aumento de las remuneraciones en $1 millón por horas extraordinarias.

“El error, según entiendo, fue que cobré sin consultarle a ella, pero estaba en el ejercicio de mis funciones. No es una falta”, se excusó al salir del cargo.

Meses antes el Colegio de Profesores de Santiago le había pedido la renuncia por “mala gestión administrativas. Hay problemas gravísimos en Santiago y siguen llegando asesores a costa de la educación municipal”, denunciaba la secretaria general María Eugenia Araya.

Para su última encargada, la renunciada Mónica Espina, la alcaldesa Tohá acudió al Ministerio de Educación, donde ella se desempeñaba como coordinadora nacional de educación media.

Las deudas previsionales del municipio con los funcionarios

Espina tuvo que enfrentar no sólo las paralizaciones que terminaron en su salida, sino que el atraso durante seis meses en el pago de las cotizaciones de los funcionarios de educación. Lo que llevó a que el municipio de Santiago fuera multado por aproximadamente en $170 millones, una irregularidad que llevó a presentar una denuncia en la Contraloría en contra de la edil.

El problema se generó cuando entre  los meses de julio y diciembre del año pasado el municipio dejó de pagar hasta el 75% de los más de $960 millones que se debían cancelar a las AFPs para las jubilaciones de los trabajadores, a las isapres o Fonasa para los seguros de salud y al Fondo de Administración de Cesantía (AFC).

Algunas cotizaciones, incluso, se pagaron con dos meses de retraso, cuando la ley establece que se deben declarar en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al pago de las remuneraciones.

Por ejemplo, las cotizaciones de agosto del año pasado se cancelaron durante octubre, las de noviembre en enero pasado y las de diciembre en febrero.