La economista de LyD cuestiona que el Gobierno proponga una reforma constitucional para permitir que los funcionarios de la administración pública tengan derecho a huelga.
Publicado el 02.03.2015
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La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, anunció que enviará un proyecto de ley para institucionalizar la negociación colectiva en el sector público -incluidos los funcionarios a honorarios-, que permitirá el derecho a huelga y sindicalización, prohibidos por la Constitución.

La propuesta, que se suma a la reforma laboral del Gobierno para prohibir el reemplazo en huelga e instala la titularidad sindical en el sector privado, surgió de una mesa de negociación que instaló el Gobierno hace menos de un año con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

La iniciativa también incluye mayores plazos para los incentivos al retiro, la disminución de la brecha de viáticos y el acceso al permiso de postnatal parental con remuneración íntegra. Además, Blanco se comprometió a abordar la situación de los funcionarios a honorarios, que suman más de 30 mil en la Administración Pública.

Cecilia Cifuentes, economista senior del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), analiza para “El Líbero” el polémico proyecto de ley de legalización de huelgas de funcionarios públicos, que suman más de 890 mil.

Cecilia Cifuentes, LyD– ¿Cuál es su opinión sobre este anuncio de proyecto de la ministra Blanco?

– Me parece tremendamente complejo por varias razones. Una es que son servicios monopólicos en su gran mayoría, otra que son servicios sensibles, como la salud, y hay otro tema más complicado, de fondo. Cuando hay una negociación en una empresa, es una negociación de cómo distribuirse las utilidades y tiene un límite que es la viabilidad financiera de la empresa, lo que está muy relacionado con la productividad de los trabajadores. Estos no pueden aspirar a tener beneficios que sobrepasen su productividad porque la empresa quiebra.

– ¿Cómo se logra este equilibrio en los trabajadores del sector público si no hay mediciones claras de productividad? ¿Contra qué se negocia?

– Si los funcionarios plantean estar mal pagados, entonces hay que subir los impuestos o registrar un déficit fiscal. En una empresa, si se va más allá del límite, la empresa puede quebrar, situación que obviamente perjudica a los trabajadores y que entonces se evita. El sector público no quiebra, simplemente se debe endeudar o subir impuestos. Existe además otro problema adicional: ¿Con quién negocia una asociación de funcionarios de un servicio? ¿Con el jefe de ese servicio? Pero éste no tiene libertad para administrar los recursos. ¿Con el director de Presupuestos o el Ministro de Hacienda? Llegamos finalmente al Presidente de la República, pero éste necesita la autorización del Congreso para subir los impuestos. Se tiene entonces que es una negociación política, con las complejidades que eso tiene.

– ¿Legalizar las huelgas en el sector público incentivará su uso como mecanismo de presión?

– Es altamente probable. En la práctica, y dado que no se cumple la legislación, se producen actualmente huelgas ilegales en el sector público. Ahora, el problema no se arregla legalizándolas. Hay razones de fondo para que esos servicios no tengan derecho a huelga, de hecho la propia Organización Internacional del Trabajo valida el hecho de que se excluya a los empleados públicos del derecho a huelga.

– ¿Qué pasa con el derecho de los ciudadanos para ser atendidos?

– De otorgarse el derecho a huelga, habría entonces una colisión de derechos. ¿Cuál primará? Esto porque en muchos casos son servicios monopólicos. Si hablamos de salud, educación, el Servicio Médico Legal, el Registro Civil, etc.

– ¿Cómo funciona en otros países? ¿Cuál es el estándar OCDE?

– En la mayoría de los países desarrollados no existe derecho a huelga de los funcionarios público. Existe este derecho en Reino Unido, y un derecho a huelga con restricciones en Canadá, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Holanda, Nueva Zelanda, Portugal y Suecia.

– ¿Sería inconstitucional en nuestro país?

– Permitir el derecho a huelga en los funcionarios públicos efectivamente requiere una modificación constitucional.

 

FOTO: ALVARO COFRE/AGENCIA UNO