En Penta, los principales ejecutivos recibieron prisión preventiva por delitos tributarios y de soborno, mientras en la formalización de ayer en Caval, por los mismos delitos, Natalia Compagnon recibió firma mensual y arraigo nacional y su socio Mauricio Valero arresto domiciliario nocturno.
Publicado el 30.01.2016
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La adopción de dispares medidas cautelares en los casos judiciales más bullados del último año, Penta y Caval, quedó ayer en evidencia en la formalización de 13 personas involucradas en el negocio inmobiliario de Machalí donde, entre otros, está involucrada la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.

El fiscal regional de Rancagua, Luis Toledo, formalizó por delitos tributarios, soborno-cohecho y prevaricación a los involucrados en el caso Caval, y las medidas cautelares más duras que pidió –y que el juez concedió- fueron el arresto domiciliario nocturno para Mauricio Valero –socio de Caval-, el síndico Herman Chadwick y el gestor inmobiliario y nexo entre ambos, Juan Díaz.

En cambio, para la cónyuge de Sebastián Dávalos, Toledo sólo pidió firma mensual y arraigo nacional, lo que fue concedido por el magistrado del tribunal de Garantía de Rancagua, Luis Barría.

El fiscal Toledo justificó las cautelares en que “no constituyen venganza pública, son funcionales al procedimiento, y a los efectos de poder investigar de mejor calidad todavía en lo que ya se ha avanzado”.

Las “manos dura y blanda” en los casos Penta y Caval

Meses antes, en la audiencia de formalización del caso Penta, realizada entre los días 4 y 7 de marzo de 2015 en contra de 10 imputados, los controladores de la empresa, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quedaron en prisión preventiva al ser considerados “un peligro para la sociedad” por tres casos de soborno y cinco delitos tributarios con carácter reiterado, cargos similares a los de los socios de Caval.

En prisión preventiva también quedaron el ex subsecretario de Economía, Pablo Wagner, acusado del delito de cohecho y lavado de activos; Hugo Bravo, imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos; Marcos Castro por los mismos delitos; e Iván Álvarez por delito tributario, cohecho y lavado de activos.

Otro imputado de Penta por delitos tributarios, como Manuel Antonio Tocornal, quedó con arresto domiciliario como medida cautelar.

El juez de Rancagua, Luis Barría, acogió las medidas cautelares que pidió la fiscalía, pero la situación fue diferente a la que ocurrió el 7 de marzo de 2015 en el caso Penta, cuando el juez Juan Manuel Escobar decidió subir la pena de Hugo Bravo a solicitud de otros querellantes. Si en un principio el Ministerio Público pidió arresto domiciliario total para el ex gerente general de la empresa por haber colaborado en la investigación, Escobar determinó que debía quedar en prisión preventiva, medida que fue pedida por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Abogado: “Lo indebido no fue lo hecho en Caval sino lo que pasó en Penta”

rodrigo lazoPara el ex fiscal del Ministerio Público, Rodrigo Lazo, esta dispar situación en los casos Penta y Caval lleva a plantear que “el tiempo obró en favor de Caval y en contra de Penta, porque si el primer caso hubiese sido Caval, podría haber habido petición de prisión preventiva”.

Lazo explica que el caso Penta “marcó un hito en términos de prisiones preventivas, porque fue más una sanción social que de tema procesal, aunque igual cumplía los requisitos procesales. Se fue excesivamente celoso con la aplicación de las normas, en que los principales involucrados estuvieron en prisión preventiva durante un mes y medio y luego les fueron bajando en intensidad las cautelares hasta llegar a las mismas que obtuvo ayer Caval”.

El gerente legal de la Fiscalía Privada agrega que la diferencia de medidas para Compagnon y Valero, acusados de los mismos delitos, se podría deber a que la nuera de Bachelet habría colaborado más en la investigación.

carlos-boada abogadoEl abogado Carlos Boada Campos, del estudio “Boada Iduya Abogados”, advierte que “en el mismo país, por los mismos delitos, en Penta se llega al nivel más alto de las cautelares personales, y en Caval en el más bajo. No tiene realmente ninguna presentación”.

El especialista agrega que el régimen garantista de nuestro país está hecho para las actuaciones del fiscal Toledo, lo que denota que lo que ocurrió con el caso Penta “estaba fuera de la norma. Lo indebido no fue lo hecho en Caval sino lo que pasó en Penta. El sistema procesal está hecho para que una persona, mientras no es condenada, se le presume inocente, pero en Penta fue al revés, se les presumió de culpables”.

FOTO: RODRIGO SAENZ./AGENCIA UNO