El ministro Rodrigo Valdés anunció un recorte presupuestario de $380 mil millones para enfrentar las “vacas flacas”, pero durante los primeros dos años del Ejecutivo se han gastado $960 mil millones en gasto de personal, debido principalmente a la contratación de 60 mil nuevos empleados públicos.
Publicado el 03.03.2016
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Hace apenas tres meses, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, defendía ante el Congreso el proyecto de ley del presupuesto público 2016 por su “gran seriedad y responsabilidad” fiscal. En febrero insistió en que  “lo que no podemos hacer es ponernos a gastar y después tener que recortar, eso es muy nocivo. Entonces cada avance de gasto tiene que ser coherente con ingresos más adelante”.

Sin embargo, el viernes pasado la Presidenta Michelle Bachelet admitió que “la economía está lenta y habrá que hacer algunos ajustes”, recortes que detalló Valdés esta semana y que ascenderán a $380.000 millones (US$540 millones), que equivale al 1% del presupuesto aprobado para este año.

Sin embargo, dicho ahorro representa sólo el 40% de los $960.000 millones que el Gobierno ha aumentado en gasto de funcionarios públicos durante los primeros dos años de gestión. Ese incremento se explica principalmente por la contratación de 60 mil nuevos empleados públicos, cifra que corresponde a casi el 30% de los 222 mil puestos de trabajo creados durante esta administración.

Las fuertes alzas en honorarios, sueldos, horas extras y viáticos

Sólo este año el incremento de recursos para contratar personas a honorarios en el Estado subió en 39,1%, en relación con 2015. El Ministerio de Defensa lideró ampliamente con un alza del 407%, seguido por la Segpres con 188% y Energía (82%).

Además, durante los dos primeros años de esta administración los gastos en horas extraordinarias subieron en casi $10 mil millones (+12,2% respecto de 2014), y el pago de viáticos se disparó en $17 mil 530 millones (+26,6). El presupuesto para las asignaciones críticas –montos que se suman a los sueldos de directivos– subieron en $2 mil 687 millones.

En qué consiste el “apretón” de Hacienda

El plan de austeridad que anunció Valdés reduce precisamente dichos gastos, ya que el 71,3% de los dineros ($270 mil millones) se destinarán a pagar menos viáticos, horas extras, publicidad, viajes, estudios, fletes, adquisición de bienes y servicios y renovación de vehículos nuevos. En tanto, los restantes $109 mil millones se ahorrarán a través de menor gasto de capital.

Valdés justificó dicha reducción en el menor crecimiento mundial, la desaceleración china y los países emergentes, la caída del cobre y el menor crecimiento de nuestro país y de los ingresos tributarios.

El jefe de las finanzas públicas destacó que mantener la disciplina fiscal “permite tener tasas de interés más bajas y el riesgo país a raya. Eso significa mejores condiciones de financiamiento para todos. En la medida que evitemos desequilibrios, podemos enfrentar mejor los problemas del mundo y además, nos permite mantener estas buenas condiciones de financiamiento que tenemos”.

Sin embargo, algunas calificadoras de riesgo internacionales valoraron la “voluntad de las autoridades de ajustarse a condiciones adversas” pero advierten que podrían haber nuevos recortes fiscales. Incluso, varios economistas coinciden en que el recorte mínimo debería estar por sobre los US$1.500 millones.

El 42% de los beneficios sociales del Estado se gasta en burocracia

Según la información disponible en la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda (Dipres)el año pasado el Gobierno de Bachelet gastó US$36 mil millones en la entrega de subsidios, pagos de pensiones e inversiones en obras de conectividad, educativas y salud, entre otras, pero gastó casi la mitad, US$15 mil millones (42%), en burocracia estatal.

Y es que en pagar los sueldos de los funcionarios públicos que trabajan en los ministerios y servicios públicos que entregan dichos beneficios el Estado gastó US$10.300 millones, y los restantes US$4.700 millones se destinaron a financiar bienes y servicios de consumo y producción.

Esta manera de administrar el gasto público se ha mantenido inalterada durante los últimos 15 años, ya que los recursos destinados a la burocracia estatal han oscilado entre el 42 y 44% de los beneficios asignados.