Hoy el Gobierno anunciará las primeras medidas para la agenda de probidad, que habrían estado en el diseño original de La Moneda. Sin embargo, habrían sido impulsadas, además, por un "grave diagnóstico" que existe al interior del Ejecutivo por la compleja situación actual.
Publicado el 19.03.2015
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Hace una par de semanas, mientras la Presidenta Michelle Bachelet preparaba la conformación del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción -instancia encargada de dar solución por medio de cambios legislativos a la situación que enfrenta el sistema político tras los casos Caval y Penta– la Mandataria sostuvo una importante reunión con su equipo de asesores más cercanos, integrado por Fernando Atria y Pedro GüellEl primero, abogado constitucionalista, y el segundo, sociológo, mantienen una relación de confianza de hace años con la Mandataria, pertenecen a una suerte de “segundo piso” virtual de Bachelet: un equipo integrado por ambos, que no tiene una sede concreta, sino que se coordinan directamente con la Presidenta.  En ese encuentro Bachelet habría iniciado la elaboración de las primeras medidas de la agenda pro transparencia que permitirá regular la relación entre los negocios y la política, cuestión que habría trabajado en coordinación con Hacienda y el comité político, además, claro, de sus asesores Atria y Güell, según comentan en el oficialismo.

“Ha llegado la hora de actuar. En este plano Chile no tolera dilaciones. Y en mi responsabilidad como Presidenta impulsaré las medidas institucionales que regulen de manera estricta y eficaz las relaciones entre el dinero y la política, tanto en el ámbito público como en el de los negocios”, afirmó Bachelet hace una semana cuando presentó a los miembros del Consejo Asesor Anticorrupción.

De esta manera, explican fuentes de La Moneda, es que la Mandataria habría optado por anunciar ese día lo que ya venía trabajando hace algunas semanas atrás con su equipo asesor. Esto, porque en el Gobierno se habría establecido un acuerdo previo para enfrentar la compleja situación política, que consistiría en, por un lado, crear una instancia que trabaje el “problema” a largo plazo, como el Consejo Asesor y, a la vez, contar con una solución que tuviese un “desarrollo rápido”, la cual sólo podría darse si era la misma Mandataria quien se hiciera cargo.

Por esto, es que ayer en la tarde el ministro Álvaro Elizalde (Segegob), anunció que en el día de hoy la Presidenta dará a conocer las primeras medidas anticorrupción, decisión que ya habría estado prevista hace algunos días y que habría sido socializada previamente con los ministros del comité político.

“La Presidenta concretará mañana jueves parte de los anuncios que ella realizó en su mensaje cuando constituyó el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción”, afirmó Elizalde desde La Moneda.

En el Gobierno explican que las medidas serán “muy duras y rígidas”. Entre ellas, estarían contempladas una “reforma constitucional, instructivos y modificaciones de carácter administrativo” e incluso la “pérdida del escaño para quienes cometan acciones ilícitas en el financiamiento de sus campañas”. Otra de las medidas, sería la “actualización de las normas en materia del buen uso de bienes y recursos fiscales y que imparta las instrucciones para su estricto cumplimiento”.

El “crudo” diagnóstico que se comenta en La Moneda

A pesar de que el Gobierno habría tenido previsto anunciar las primeras medidas anticorrupción durante esta semana, habría un segundo factor que habría influido en “acelerar” este tema. En La Moneda explican que existe un “diagnóstico grave” de la situación actual que enfrenta el sistema político. “Acá existe un problema grave de cómo se financian las candidaturas y los partidos”, comentan en Palacio.

Ante este escenario, es que el Ejecutivo habría tomado la decisión de entregar una primera solución rápida. En el Gobierno pretenden “construir una legislación que dé garantías de que las medidas tienen que realizarse dentro de un marco, que incluya una visión realista del problema”.

Para esto es que La Moneda estaría transmitiendo este punto de vista a los partidos políticos para llegar a un “acuerdo, a un diagnóstico común”. Y, en segundo lugar, después de alcanzar este “diagnóstico compartido”, conversarían nuevamente con los partidos para acordar el tipo de proyecto que se pretende elaborar con respecto a este tema. Sin embargo, afirman que el punto de partida es reconocer que la situación es “totalmente grave”.