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Publicado el 14 de julio, 2016

Asesor de la ministra Blanco presentó recurso judicial contra la Contraloría por rechazarle su “jubilazo” de $4,6 millones

Autor:

Uziel Gomez

Se trata de un ex coronel de Gendarmería, quien alegó ante la Corte de Apelaciones que la negativa del organismo contralor es “ilegal y arbitraria”, situación que le causa “amenaza, perturbación y privación al legítimo ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales”.
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Uziel Gomez

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Mientras la ministra de Justicia, Javiera Blanco, realiza una fiscalización integral en Gendarmería por los diversos “abusos” que según ha dicho están ocurriendo, su asesor directo, Patricio Alex Campos Tapia, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Contraloría para que se le pague su jubilación de $4,6 millones.

Campos fue jefe de gabinete del director nacional de Gendarmería hasta el 31 de diciembre de 2015 con un sueldo bruto de $7 millones, y el 6 de enero la ministra Blanco lo contrató con un sueldo de $2 millones 777 mil –adicional a la pensión-, para que la asesore en diversos temas. Entre ellos, en “políticas, planes y programas de recursos humanos en el sistema penitenciario; gestión integral de los servicios dependientes de la cartera, en particular en el caso de Gendarmería; en seguridad integral en el sistema penitenciario; en políticas de seguridad pública y análisis de estadísticas en dichas materias que sean responsabilidad de la cartera”.

Asesor de Blanco alega ser víctima de actuaciones ilegales y arbitrarias

El psicólogo de la Universidad de Las Américas, vinculado al PRSD y cercano al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, presentó su requerimiento contra el contralor Jorge Bermúdez ante el tribunal alegando ser “víctima de actuaciones ilegales y arbitrarias que le causan amenaza, perturbación y privación al legítimo ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales”.

En el recurso de protección alega, además, que se le “priva de una importante fracción del monto de la pensión de retiro a la que legal y legítimamente tiene derecho, vulnerando por tal vía una serie de garantías constitucionales, amparadas por la acción de protección contemplada en el artículo 20 de la Constitución”. Ello, porque el tope legal de 60 UF que establece Contraloría lo dejaría con una pensión de $1.564.020, cifra equivalente al 33% de lo que realmente le corresponde, “lo que constituye una verdadera incautación”.

En el extenso escrito de 20 páginas presentado ante la justicia, el asesor de la ministra de Justicia argumenta que el contralor cambió “la doctrina” sobre el cálculo de pensiones que se aplica en Gendarmería desde 1993, y que entre las razones que entrega está que las altas pensiones “lesionan los presupuestos del sistema de reparto”, ya que presentan diferencias importantes con las de Carabineros.

El funcionario le recuerda al magistrado los “límites a la potestad interpretativa” que tiene la Contraloría, que debe desempeñar sólo las funciones que le encomienda la ley orgánica constitucional, y debe “respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” en lo relativo a interpretar las leyes relativas a sueldos y pensiones de los funcionarios públicos.

El dictamen de Contraloría que rechaza el pensionado coronel

La molestia del asesor de Blanco se dirige contra el dictamen 42.701 del 9 de junio pasado en que la Contraloría no tomó razón de la resolución 84 de Gendarmería que le concedía al coronel Campos una pensión $4 millones 657 mil. El argumento medular es que dicha pensión excedía el tope imponible legal de 60 UF más reajuste, que equivale actualmente a $1,7 millones.

En un segundo dictamen, del 8 de julio pasado, el organismo que dirige Bermúdez respondió consultas prácticas de las asociaciones de suboficiales y gendarmes y de trabajadores, reiteró que el tope de esas pensiones es de 60 UF y su reajuste, y señaló que se aplica a todos los funcionarios de Gendarmería jubilados por Dipreca sin distinción de estamento, grado, antigüedad o cualquier otra circunstancia.

Ello, porque la ley de 1993 que integró a dichos funcionarios a Dipreca que los dejó sujetos a la Escala Única de Sueldos con tope de los funcionarios públicos civiles, no hizo las debidas distinciones al respecto.

El juicio que enfrentó el asesor de la ministra por la muerte de 81 reclusos

incendio carcel san miguelPatricio Campos llegó a Gendarmería en 1989 como aspirante a oficial penitenciario y grado 20 en la carrera funcionaria y tuvo una extensa carrera en que llegó a coronel y grado cuatro. Entre otras funciones, trabajó en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso, en la ex penitenciaría, en Santiago Uno, en el Grupo Especial Antimotines y en la Dirección General.

En diciembre de 2010, el psicólogo fue acusado por la presunta responsabilidad en la muerte de los 81 internos durante el incendio de la cárcel de San Miguel, ya que ese día se desempeñaba como segundo jefe administrativo del recinto.

La tragedia fue investigada durante cuatro años por la Fiscalía Sur, que pidió siete años de prisión para Campos como coautor de cuasidelito de homicidio pero el fallo del juicio oral absolvió a todos los uniformados, remarcando que el responsable fue el “Estado”.

Campos se reintegró a Gendarmería en 2012 tras una orden de Contraloría y se desempeñó como jefe de gabinete del director nacional Juan Letelier, cargo en el que se mantuvo hasta su retiro.

Cuando Patricio Campos fue contratado por Javiera Blanco en el Ministerio de Justicia, organizaciones de derechos humanos reclamaron por lo que calificaron “una burla para toda la ciudadanía”, como señaló César Pizarro, presidente de la ONG “81 razones”.

“Se están burlando de las familias, de la sociedad. Es una deshonra para el país que premien de esta manera a quien estuvo al mando cuando murieron quemados nuestros familiares”, sostuvo Pizarro en enero cuando se supo de la incorporación de Campos al gabinete ministerial.

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