El abogado plantea la necesidad de que los poderes del Estado tengan "una menor incidencia entre sí". Dice estar a favor de eliminar el fuero parlamentario y de una "reforma" a la reforma procesal penal. Subraya: "La privación de libertad en etapa de investigación no puede utilizarse como pena anticipada".
Publicado el 28.05.2018
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El Defensor Penal Público, Andrés Mahnke, recientemente fue ratificado para continuar en su cargo por tres años más, algo que toma como un “reconocimiento a la gestión y al desarrollo que ha tenido la institución en estos últimos años”.

En medio de semanas en que la agenda de seguridad ha vuelto al debate público, a raíz del veredicto del caso Luchsinger Mackay y los homicidios ocurridos en la zona oriente de Santiago, el el jefe de la Defensoría Penal Pública conversa con “El Líbero” sobre la la situación actual del sistema judicial y la necesidad de una “reforma” a la reforma procesal penal que “debería tener un modelo que logre equilibrar la eficacia de la persecución con el respeto de los derechos y garantías de las personas que están siendo investigadas”.

-Usted ha señalado que en 11 años se ha duplicado la aplicación de la prisión preventiva, según este dato, ¿el sistema ha fallado?

-Desde el punto de vista nuestro sí, pero desde quienes ven una dicotomía en el respeto de las garantías y las medidas represivas de la sanción penal, seguramente no será así. Lo que se debiese analizar es qué pasa con esas personas que han estado privadas de libertad por mucho tiempo y que están siendo solamente investigadas.

-Una de las razones por las que se hizo la reforma procesal penal era para evitar el uso excesivo de prisión preventiva, ¿estamos volviendo al antiguo sistema?

-Así es, la privación de libertad en etapa de investigación tiene propósitos de procedimiento, no puede utilizarse como pena anticipada, menos como una medida de control social.

Lo que se debiese analizar es qué pasa con esas personas que han estado privadas de libertad por mucho tiempo y que están siendo solamente investigadas”.

-El año pasado 47 mil personas fueron declaradas inocentes o no condenadas, lo que es casi el 15% de los casos ingresados al Ministerio Público, ¿qué indica esa cifra?

-Un sistema no puede pretender que desde el primer día tengamos resueltos los casos. Para buscar la mejor solución a un conflicto penal, no para buscar una condena, tenemos que resguardar estos equilibrios que permitan a las personas defenderse de esta imputación del Estado. La señal es muy determinante: si solo tuviéramos un Estado policial, en el que la investigación policial de un procedimiento es la que determina si una persona es responsable o no, esas personas estarían condenadas y en la cárcel. Cuando tenemos un inocente que está privado de libertad, tenemos además al culpable en la calle y eso genera un problema de legitimidad del sistema por parte de la ciudadanía porque estamos fallando dos veces.

“Mientras menos incidencia tengan los poderes del Estado unos de otros, vamos a encontrar muchas mejores soluciones”

-El ministro de Interior, Andrés Chadwick, responsabilizó a los jueces por los casos de delincuentes que quedan en libertad, ¿se está dejando fuera de este debate a la Defensoría Penal Pública?

-Se deja de lado el funcionamiento y la operación de las policías, al Ministerio Público, de otros organismos auxiliares como el Servicio Médico Legal, naturalmente la Defensoría y del Poder Judicial en sus distintas instancias de solución. Si solo nos quedáramos con una detención o el primer acto de investigación seguramente no tendríamos el Estado de Derecho que tenemos. Sacar conclusiones generales o legislar en base a ejemplos, por muy dramáticos que sean, es la peor receta para avanzar en una agenda larga que fortalezca el sistema penal y que lo haga más confiable para la ciudadanía.

-¿Cree, entonces, que es una crítica injusta la que se realiza?

Es una crítica injusta desde el punto de vista del caso en concreto. Mientras menos incidencia tengan los poderes del Estado unos de otros, en cuanto a que nos enviemos mensajes, sino que trabajemos mancomunada y conjuntamente, vamos a encontrar muchas mejores soluciones porque el propósito es el mismo.

-El Defensor Regional Metropolitano Norte, Calos Mora, cuestionó que la mayoría los delitos que son llevados a juicio oral son por desacato y robos por sorpresa, mientras que los grandes robos con intimidación están saliendo en procedimientos abreviados, ¿ha sido esto una mala implementación de la reforma penal?

Claramente es un ámbito de funcionamiento anómalo. Una de las prioridades que tiene el Fiscal Nacional Jorge Abbott es generar una política de persecución penal, algo que al menos yo no lo había escuchado en gestiones anteriores, y que tiene un propósito muy claro: estandarizar criterios. Si no hay una igualdad ante la ley, y un caso puede llevarse a juicio en una región determinada y en otro bajo las mismas circunstancias terminar con una salida alternativa o por un juicio abreviado, claramente estamos dando una señal contradictoria a la ciudadanía.

Una de las prioridades que tiene el Fiscal Nacional Jorge Abbott es generar una política de persecución penal, algo que al menos yo no lo había escuchado en gestiones anteriores, y que tiene un propósito muy claro: estandarizar criterios”.

-El Fiscal Jorge Abbott planteó eliminar los fueros parlamentarios, ¿comparte esa postura?

-Sí, precisamente por eliminar los privilegios que se puedan encontrar en una sociedad que hoy día reprocha con mucha fuerza los privilegios. Es una respuesta del Estado bastante obvia a la luz de los tiempos que corren. El Fiscal Abbott también ha señalado que en su acción se tiene que tener en consideración los impactos que esa persecución penal tiene sobre todos los imputados, no solo de los políticos, lo que me parece muy sano y racional.

Validación de testimonio de José Peralino: “No resiste el análisis de un estándar razonable en ninguna parte del mundo”

-Usted señaló que en Chile “no existe una amenaza terrorista en el país”. Luego del veredicto del caso Luschinger Mackay en el que se condenó a tres implicados como autores de “delito de incendio con resultado de muerte en carácter terrorista”, ¿sigue manteniendo esa postura?

-Totalmente. No se ha dado una lectura del fallo, pero sabemos de condenatorias para tres de once imputados. Ya hubo un fallo absolutorio y esperemos, porque los tres imputados, uno representado por la Defensoría, pueden y seguramente están vislumbrando los recursos de nulidad para anular el fallo y, eventualmente, ir a un nuevo juicio. El antecedente que tenemos es que en los últimos seis años tenemos un solo caso, sin contar el del caso Luchsinger Mackay, como delito terrorista por lo que no podemos hablar con esa estadística que tenemos terrorismo en una zona de nuestro país.

-Usted ha criticado el uso de diversos tipos de prueba, como testigos protegidos, testigos “sin rostro” o el “cooperador eficaz”, la defensoría criticó la forma en que se obtuvo la declaración de José Peralino pero el tribunal descartó su invalidez.

-No se trata de que no haya que investigar, pero hay que tener ciertos controles para que esa investigación no solo sea efectiva sino que acorde al esclarecimiento de la verdad. La crítica no es a la naturaleza sino a la forma en que se desarrolla. Si eso se incorpora con controles jurisdiccionales no tendríamos ningún problema. La validación de una declaración en esas circunstancias no lo había visto y no resiste el análisis de un estándar razonable en ninguna parte del mundo.

En los últimos seis años tenemos un solo caso, sin contar el del caso Luchsinger Mackay, como delito terrorista, por lo que no podemos hablar con esa estadística que tenemos terrorismo en una zona de nuestro país”.

“La reforma procesal debiese dotar de autonomía institucional a la Defensoría Penal Pública”

-Se ha criticado que en casos mediáticos los fiscales generan altas expectativas en los resultados, pero al final se llegan a penas más bajas o procedimientos abreviados, lo que genera la sensación de impunidad, ¿cómo debería abordarse esto?

-Lo primero es la audiencia de formalización en la que hoy día, contrario de lo que debería ser que es una audiencia de garantías, se piden las cautelares más altas, continuando con la investigación, y luego con el juicio, con una persona que lleva un año presa y no es declarado culpable, lo primero que se piensa es: corrupción. Por lo que es algo que debiésemos trabajar como sistema y el principal protagonista es el Ministerio Público, nosotros también. Hemos detectado muchas debilidades en el debate de la legalidad de la detención y en la discusión de argumentos para que se aplique otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva.

La reforma debería tener un modelo que logre equilibrar la eficacia de la persecución con el respeto de los derechos y garantías de las personas que están siendo investigadas”.

-El gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha planteado realizar una nueva “reforma a la reforma procesal penal”, ¿está de acuerdo? ¿Qué debería incluirse en ella?

La reforma debería tener un modelo que logre equilibrar la eficacia de la persecución con el respeto de los derechos y garantías de las personas que están siendo investigadas, a lo que le debiésemos sumar ámbitos importantes que tienen relación con las promesas incumplidas de la reforma procesal penal. Siempre se dijo que esto era la primera parte y lo que viene después es un sistema de ejecución que garantice estos equilibrios respecto de la responsabilidad del Estado, a través del Poder Judicial y el sistema de justicia penal, sobre rehabilitar y resocializar a las personas que están condenadas.

-Esta reforma le dio autonomía a la Fiscalía, al punto de tener patrimonio propio, algo que no ocurre con la Defensoría, ¿se debería incluir este punto en una “reforma” a la reforma?

-Hemos bregado por esa línea por muchos años y lo vamos a seguir haciendo. Parte de las modificaciones de modelo de la reforma procesal debiese dotar de autonomía institucional a la Defensoría Penal Pública.