El proyecto minero Dominga es el último de los conflictos que ha enfrentado y superado una de las más influyentes asesoras de la Mandataria. Antes fue mencionada en el marco del caso Caval, en la salida del ministro Burgos, en una licencia que se le pagó estando a honorarios, en incumplimiento de inhabilidad y su marido debió salir del Gobierno por un conflicto con la ministra de Salud.
Publicado el 06.09.2017
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Como un fantasma, el proyecto minero Dominga que rechazó el Consejo de Ministros de la Presidenta Michelle Bachelet se sigue  mostrando, pese a que su primera “aparición” gatilló la inédita salida de todo el equipo económico que avalaba su realización.

Tras la “sepultura” que le hizo el gobierno al proyecto que invertiría US$2.500 millones en la comuna Las Higueras, el nuevo ministro de Economía, Jorge Rodríguez, dijo que “todavía puede hacerse; nadie ha matado el proyecto, y podría llevarse a cabo”.

Pero la vocera de gobierno, Paula Narváez, le replicó que “para el gobierno es un proceso que está cerrado”, dándolo por muerto una vez más.

En esta crisis, además de los protagonistas visibles, como los ministros de Medio Ambiente, Marcelo Mena; de Hacienda, Rodrigo Valdés; y de Economía, Luis Felipe Céspedes; también apareció el “espíritu” de la jefa de gabinete de la Mandataria, Ana Lya Uriarte.

Ello porque si bien se desligó públicamente, el ministro Mena es muy cercano a ella y ha trascendido que fue la “arquitecta” de que el proyecto, que tampoco quería Bachelet, haya sido rechazado.

Y es que Uriarte, la ex ministra de Medio Ambiente de la Mandataria en su anterior gobierno, ha sobrevivido a todo tipo de crisis políticas e, incluso, personales y familiares, dando muestra de que tiene “siete vidas”, como la popular frase felina.

Uriarte asesoró a termoeléctrica para Caval

En medio del escándalo de Caval,  la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon, reveló que Ana Lya Uriarte fue asesora de su empresa para una termoeléctrica a diésel, expandiendo aún más la enorme crisis política que vivía La Moneda en ese entonces.

“La Fiscalía se ha negado a recibir formalmente y por los conductos regulares otros informes que también fueron parte de todos los entregados por el señor Vial, dentro de ellos figura el realizado por la señora Ana Lya Uriarte y tampoco han recibido nuevos antecedentes que aportan a la investigación que con mi abogado presente hemos querido entregar”, se quejó Compagnon en diciembre de 2016.

Caval le pagó a Uriarte $20 millones por realizar informes medio ambientales para el proyecto Los Guindos, en la Región del Biobío, de US$65 millones y 132 megawats, que quería comprar “en verde” el empresario Gonzalo Vial, quien después acusó a la empresa de estafa.

Incluso,  la jefa de gabinete de Bachelet tuvo que declarar ante los fiscales de Rancagua, Emiliano Arias y Sergio Moya, por dicha asesoría laboral. En su defensa, dijo que “con posterioridad al 31 de julio de 2012, no he tenido trato comercial ni realizado trabajos de ninguna especie para la sociedad Caval Ltda. Y no mantengo contacto con sus socios”.

El abogado de la esposa de Sebastián Dávalos, Antonio Garafulic, aseguró que desde Palacio se había manejado la estrategia de defensa que en esos momentos se encontraba en manos de los abogados Felipe Polanco y Jessica Norambuena. Una vez más, los dardos apuntaron hacia el rol que habría realizado en ese sentido Ana Lya Uriarte. La crisis, sin embargo, no hizo mella en la confianza que le tiene la Presidenta.

El pasado laboral con el abogado de MEO y la acusación de inhabilidad

Caval se le reapareció por segunda vez, cual fantasma, cuando trascendió que tras salir del gobierno en marzo de 2010 trabajó en el bufete “Rivadeneira, Colombara, Zegers”.

Uno de los socios es Ciro Colombara, abogado de Marco Enríquez Ominami en el caso SQM, y del síndico de Caval, Herman Chadwick, y quien tiene amplias redes políticas en el PPD, donde milita hace 20 años.

El problema que se generó fue la denuncia de que Uriarte llegó a la compañía el 2 de agosto de 2010, antes de los seis meses de inhabilidad que establece el artículo 56 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales del Estado (18.575) para autoridades y funcionarios públicos.

La ex ministra defendió su contratación al asegurar que “más de 10 años me he dedicado exclusivamente al área medioambiental”, y que no se “limitará a la litigación en tribunales, sino que a ser capaces  de acompañar la gestión de los actores ambientales”.

El rol de Uriarte en la renuncia del ministro Burgos

En diciembre de 2015, la jefa de gabinete de Bachelet fue la encargada de informarle al entonces ministro del Interior, Jorge Burgos, las razones de por qué no había sido avisado del viaje de la Presidenta a la Araucanía.

Burgos se molestó profundamente con la situación, ya que él había ido a la región anteriormente, lideró las gestiones en seguridad pública, y quedó en evidencia la falta de confianza que le tenía Bachelet.

La sindicada de dejar fuera al titular de Interior fue precisamente Uriarte, e incluso, tras la renuncia del ministro, algunos analistas la calificaron como la verdadera “jefa política” del gobierno, como expresó Max Colodro.

La polémica licencia médica que cobró Ana Lya Uriarte

Pocas semanas después de la crisis generada por su participación como asesora de Caval, la jefa de gabinete de Bachelet pidió una licencia médica por una infección pulmonar.

Durante abril de 2016 sólo trabajó tres días y retornó a sus labores en La Moneda el nueve de mayo, pero su sueldo de $7 millones fue pagado íntegramente pese a estar a honorarios y su contrato no tener contemplado dichos pagos.

De hecho, expertos laborales  calificaron dicha práctica de “irregular”, pues la Contraloría ha emitido numerosos dictámenes en los últimos años, en donde se sostiene que si el ítem no está expresamente señalado en el contrato de la persona, el gobierno no sólo no está obligado a pagar la licencia, sino que no debe hacerlo.

Pero en el caso de la abogada del PS no fue así. El “gallito” en La Moneda lo ganaron quienes se inclinaban por darle el sueldo completo. De acuerdo a la planilla de pagos de Presidencia –a la que accedió este diario a través de la ley de transparencia-, en abril la jefa de gabinete recibió su salario normal.

La pugna del marido de Uriarte con la ministra de Salud que lo obligó a salir del gobierno

Pero no sólo Uriarte ha estado involucrada en polémicas. Mientras estaba con licencia  médica, su marido José Concha, médico salubrista de la Universidad de Chile, renunció a su cargo de jefe de la División de Gestión y Desarrollo de Personas apenas una semana después de asumir por tener irreconciliables diferencias con la ministra de Salud, Carmen Castillo, respecto del proyecto de ley de mejoras salariales para los profesionales, contemplado en la ley médica.

Esa división es una de las más relevantes y estratégicas del Minsal, porque administra los recursos humanos de todos los servicios de salud del país, que es el ítem de mayor gasto en la cartera. También define las estrategias y políticas públicas, los proyectos de ley que tienen relación con reajuste de remuneraciones, incentivos al retiro, las relaciones con los gremios de salud, entre otros temas.

El profesional, de extensa experiencia en la administración pública, presentó su renuncia y la secretaria de Estado se la aceptó de inmediato, lo que generó dudas respecto del real interés de Castillo de retenerlo en el ministerio, donde labora desde inicios de este gobierno.