El abogado denuncia que la Fiscalía le garantizó a las familias de las víctimas que habría juicio oral pero que el recién asumido persecutor regional, José Luis Pérez Calaf, decidió la salida alternativa con los abogados de los acusados.
Publicado el 08.04.2016
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Ayer, la jueza Carolina Gajardo del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago suspendió el proceso penal -tras seis años de investigación-, contra seis acusados por las 104 personas fallecidas en el maremoto del 27F, acogiendo la salida alternativa de suspensión condicional solicitada por el fiscal regional Metropolitana Occidente, José Luis Pérez Calaf, quien asumió el cargo en enero pasado en reemplazo de Solange Huerta.

El dictamen significa que se sobresee definitivamente la causa  para los imputados, en caso de cumplir ciertas condiciones, como pagar $245 millones, realizar un seminario de Protección Civil y una declaración pública donde se explique el rol que tuvo cada uno tras la tragedia.

El ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, declaró que el terremoto “develó nuestra precariedad como Estado”, mientras la ex directora de la ONEMI, Carmen Fernández, dijo entre sollozos que vive “esta pesadilla con dolor e impotencia. Ello jamás podrá compararse con el dolor de las familias de las víctimas fatales”.

El propio fiscal Pérez Calaf admitió que “es claro que esta salida no es satisfactoria para las víctimas”, pero que “la suspensión es una situación intermedia, no es sentencia condenatoria, no es una sentencia absolutoria y no es una reparación completa a la víctima. Es un punto medio que es hacia donde debería ir la justicia”.

Los familiares de las víctimas y los abogados querellantes manifestaron su rotundo rechazo a la resolución de la magistrada en el emblemático caso, que ha sido el más extenso desde que se creó la reforma procesal penal hace más de una década.

Uno de los querellantes, Alfredo Morgado, explica a “El Líbero” las razones del rechazo a la resolución judicial y por qué apelarán a la Corte de Apelaciones.

-¿Cuál es su opinión  sobre el fallo del 27F?

-Nosotros no estamos de acuerdo para nada. No nos parece el fallo. Vamos a apelar de esta resolución. Estamos absolutamente en desacuerdo con una salida alternativa de suspensión condicional bajo ciertas y determinadas condiciones, que en caso de cumplirse implican sobreseimiento definitivo. El planteamiento de las familias de las víctimas a quienes representamos es ir a un juicio oral, público y controvertido, que se pronuncien los tribunales sobre el fondo, que permita dictar una sentencia definitiva, que establezca responsabilidades por los 104 muertos. En esa lógica, planteamos que vamos a apelar y que sea la Corte de Apelaciones la que resuelva. Estimamos  que las condiciones no son proporcionales al daño ocasionado y a la pérdida de vidas humanas, tratándose de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, de responsabilidad cívica.

Morgado: “El planteamiento de las familias de las víctimas a quienes representamos es ir a un juicio oral, público y controvertido, que se pronuncien los tribunales sobre el fondo, que permita dictar una sentencia definitiva, que establezca responsabilidades por los 104 muertos”

-¿Fue un fallo justo, atendido a los antecedentes?

-Nos parece que es un fallo que no se condice con la gravedad de los hechos. Por eso vamos a apelar, y el principal deber de las victimas está dado porque  la propia fiscalía les señaló a ellos que no habría salida alternativa, y que no iba a terminar en una suspensión condicional sino a través de un juicio oral. Se les dijo directamente por la fiscalía, fueron contactados para iniciar los preparativos del juicio oral, y después que se hayan enterado  por la prensa que esto terminaba con suspensión condicional es una desilusión para las víctimas.

-¿Por qué cree que la fiscalía pidió, y la jueza concedió, la salida alternativa?

-Hubo un cambio de criterio, de fiscal nacional y regional, quien asumió en los últimos días de enero y en forma pronta resolvió reunirse con los abogados de los imputados y acordar esta salida alternativa con determinadas condiciones. Después a los querellantes el fiscal regional nos llamaron a los abogados querellantes una semana antes de la audiencia prefijada en diciembre, que era para la preparación del juicio oral, y nos comunicó que había un acuerdo con las defensas, que era la suspensión condicional.

-¿Se está buscando encubrir algo a alguien?

-La lectura que damos es que hay una profunda disparidad de criterios entre la fiscal regional Solange Huerta, que había hecho un planteamiento claro a la familias de las víctimas, a los abogados querellantes y a los imputados de que esto terminaba en un juicio oral, pero llegó un nuevo fiscal regional y tomó un camino distinto. Esa es la lectura que le puedo dar.

-Patricio Rosende dice que el terremoto mostró la precariedad del Estado. ¿Hubo responsabilidad institucional o personal?

-Hay una responsabilidad de la precariedad de los medios del estado, de la falta de preparación pero además hay incumplimientos normativos, por eso planteamos que esto fuera un juicio oral para que se establecieran las responsabilidades personales.