El concejal de Punta Arenas, Juan José Arcos, cuestiona el "doble discurso" del diputado de la Izquierda Autónoma por no condenar el negocio de su padre con el Serviu, que fue declarado ilegal por la Contraloría tras detectar que no hubo licitación, que se pagó sobreprecio y que se tasó en forma irregular. La causa está siendo investigada por la justicia.
Publicado el 27.02.2016
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La Contraloría declaró ilegal la compra del Serviu de Magallanes de un terreno propiedad del padre del diputado Gabriel Boric, Luis Boric Scarpa; de Patricia Büchner, esposa del actual diputado DC Juan Morano; y de  Julio López, por $1.340 millones, dictamen que será incorporado en la querella que fue acogida en noviembre pasado por supuesto tráfico de influencia por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

El abogado querellante, Mario Zumelzu, adelanta a “El Líbero” que el fallo que establece que el terreno se debió licitar y no comprar por trato directo, que hubo sobreprecio y que la tasación fue irregular, es un insumo muy relevante para la investigación que lleva el Ministerio Público en Punta Arenas.

“Las diligencias de la Fiscalía se encaminan precisamente a determinar cómo se compró un terreno, cuyo avalúo fiscal era de $3.277.000, en 46 veces ese valor, es decir, $1.340  millones. Por ello nos viene muy bien el informe que declara ilegal la compraventa, porque estamos en la fase investigativa que apunta a los tópicos que ha puesto en relieve la Contraloría”, señala.

Zumelzu, quien también es querellante en el caso Caval, dijo que “nuevamente funcionarios públicos toman decisiones que favorecen a privados en perjuicio del patrimonio fiscal”.

El emplazamiento al diputado Boric

El abogado emplazó al diputado Boric a “que sea más directo en sus declaraciones y nos señale qué le parece que su padre, junto con el diputado Morano, haya pretendido beneficiarse de una compraventa de un terreno por trato directo y a un precio que está fuera del mercado de los terrenos en Punta Arenas, como dice la Contraloría. No basta que el diputado diga que él se somete al escrutinio de la fiscalización. Queremos que opine qué le parece que su padre venda un terreno por sobre el valor de tasación, precio de mercado y apartándose de las normas de probidad administrativa que deben regir a los funcionarios”.

El propio diputado del movimiento Izquierda Autónoma emitió un comunicado ayer en que afirmó que “jamás he realizado actuación alguna que tenga que ver con el caso en cuestión, ya que estoy plenamente consciente que de hacerlo estaría incurriendo en un flagrante conflicto de interés, pero por sobre todo porque tengo la más profunda convicción que los asuntos privados, propios o de familiares, no pueden interferir ni menos sobreponerse al rol público que hoy desempeño”.

Concejal Arcos: “Boric siempre está denunciando irregularidades y negociados en la política pero no vio el de su familia”

juan jose arcosSin embargo, el concejal de Punta Arenas, Juan José Arcos (en la foto), quien se hizo parte en la querella, celebró el fallo de la Contraloría porque “declaró la ilegalidad que denuncié”.

Arcos enfatizó en que habiendo 54 terrenos disponibles, el Serviu de Magallanes hizo un “trato directo justo con el terreno de los familiares de los diputados Boric y Morano”.

Además, el concejal del PRI sostiene que Boric trata de desmarcarse ahora, pero que cuando estaba en tela de juicio la compra de los terrenos financió una exposición y un encuentro con la fundación DECIDE titulado “La vivienda, un derecho social” con pobladores UMAMAU, quienes llevan años pidiendo que se concrete la construcción de viviendas sociales.

La actividad se realizó en la Universidad de Magallanes el 30 de octubre y se invitó a agrupaciones de vivienda, organizaciones territoriales, estudiantes, técnicos y profesionales de arquitectura, ciencias sociales y construcción.

“El diputado Boric me vilipendió cuando hice la denuncia, inventó una competencia electoral y lo que yo buscaba era transparencia, porque hubo falta total de transparencia del diputado. Él habló de la vivienda como un derecho social, difundió el evento, pagó pasajes, usó su oficina y equipo parlamentario para exigir la vivienda como un derecho, acelerando la compra de los terrenos”, dijo Arcos.

El concejal agregó que el parlamentario debió sugerir a su padre que no hiciera el negocio con el Serviu pero que “primó lo económico por sobre la probidad administrativa y la legalidad. Boric no fue consecuente, porque él pide que se actúe con legalidad pero su familia no lo hace. Tiene doble estándar, porque ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio. Siempre está denunciando irregularidades y negociados en la política, pero no vio el de su familia. Que no venga a sacar las castañas con la mano del gato”.

Arcos sostiene que se deben prohibir las ventas de terrenos de familias de parlamentarios al Estado.

Consejero defiende lo obrado por el Consejo Regional

Roberto_Sahr_Domián_771x469pxEn tanto, el consejero regional, Roberto Sahr, destacó el trabajo que hizo la Contraloría pero aclaró que cuando el Consejo Regional votó la compra del predio no tenía los mismos antecedentes que permitieran saber que estaba con sobreprecio, que no se había  licitado y que la tasación no cumplía con los estándares.

“El Serviu nos llevó un proyecto para aprobar o rechazar. Se nos dijo que la tasación era eso y teníamos que hacer fe de que lo hicieron bien”, dijo Sahr.

Al consejero “no le llama la atención” ni encuentra “inconveniente” que el predio haya sido propiedad de familiares de los parlamentarios, porque lo relevante, a su juicio, es si se pagó un precio de mercado y que se construyan las viviendas sociales para las personas necesitadas.

La promesa de Bachelet de frenar la especulación con los terrenos

A raíz del escándalo del caso Caval, la Presidenta Michelle Bachelet anunció en mayo del año pasado un proyecto de ley para regular la especulación inmobiliaria en la venta de terrenos.

“Sé que las modificaciones en el uso del suelo de acuerdo con las modificaciones en cada comuna muchas veces producen especulaciones, cambios de precios y ganancias para unos pocos que no se corresponden con su aporte a la sociedad y que la gran mayoría de los chilenos consideramos éticamente reprobables”, manifestó.

Por ello, se comprometió a enviar una propuesta específica “contra espacios que posibilitan especulación inmobiliaria, en línea con lo sugerido con el consejo asesor presidencial presidido por Eduardo Engel y asumiendo las propuestas de este consejo al respecto”, precisó.