El Juzgado de Garantía de Rancagua acogió la querella por estafa presentada en contra de la empresa de la nuera de la Presidenta Bachelet.
Publicado el 15.03.2015
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El Tribunal de Garantías de Rancagua acogió este viernes la querella por estafa que presentó el lunes el empresario Hugo Silva Martínez en contra de la empresa Caval, propiedad de Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, a quien le compró 44 hectáreas en Machalí por $9.500 millones.

La acción judicial busca que se revoque la compraventa de los terrenos, que adquirió Caval en enero de 2014 en $6.500 millones, y revendió el mes pasado a la empresa de Silva Martínez en $3 mil millones más.

Como acción inmediata, el querellante solicitó una medida precautoria para frenar el cobro de un cheque por $2.000 millones, que es parte del pago a la empresa de la cónyuge de Sebastián Dávalos Bachelet. Otro monto, de $6.500 millones, se canceló al préstamo que le hizo el Banco de Chile a Caval.

Incluso, según reveló La Segunda, el empresario alegó ser víctima del “cuento del tío” porque los vendedores le prometieron que revendería en el doble los terrenos de Machalí a una empresa mexicana, que supuestamente estaba interesada pero que nunca apareció.

Para entender este juicio y las posibilidades de anular la venta de los predios de Caval a Silva Martínez, “El Líbero” conversó con el abogado Ignacio Méndez, especialista en derecho tributario y socio del  estudio BDM & Compañía.

– ¿Ante los nuevos antecedentes del supuesto engaño, sería un importante antecedente para el querellante?

Ignacio Méndez, abogado tributarista– Evidentemente. En la eventualidad que el presunto interés de inversionistas mexicanos por adquirir los terrenos, en los hechos, no haya sido más que una representación falsa y sin sustento alguno, habla de una verdadera maquinación fraudulenta, esto es, rodear de apariencias engañosas la realidad de un negocio, con la intención final de inducir a contratar, y defraudar patrimonialmente al comprador. Ahora, es importante determinar qué es lo que verdaderamente se afirmó por los representantes de Caval y si tiene algún asidero en la realidad, o se trata de una especie de ardid o trampa. Es frecuente en el mundo de los negocios encontrarse con exageraciones de los atributos de un producto o bien (“dolo bueno” se denomina jurídicamente). Lo esencial es determinar si se traspasó el límite de lo lícito o no, y en ese sentido, los nuevos antecedentes son poco auspiciosos.

– ¿Qué opciones hay de declarar nulo el contrato?

– Lo veo difícil, pero no imposible. De acuerdo a los antecedentes que conocemos, la venta no estuvo condicionada al cambio de uso de suelo del plan regulador intercomunal de Rancagua. Ahora, otra cosa son las expectativas que pudo haber tenido la parte compradora y la información que pudo haberle trasmitido el agente de Caval de manera informal.

– ¿Las promesas verbales se considerarían en un eventual juicio?

– Evidentemente tienen relevancia. Hay todo un tema relacionado con la buena fe de las partes durante las tratativas preliminares cuando se ejecuta un negocio. Incluso la mera intención de las partes, cuando es claramente conocida, prima por sobre lo literal de lo pactado en un contrato. La cuestión pasa en si logras acreditar que la intención de una de las partes fue la de inducir a la otra a la realización de un negocio sobre un terreno que, según la información que pudo haber proporcionado, tenía ciertas características sustanciales, que en definitiva no las tiene. De ahí que es relevante poder reconstruir el marco en que se dieron las negociaciones, de manera de descartar cualquier situación de engaño o fraude. Me parece bien que se investigue en ese sentido.

Ahora, creo que es necesario separar las meras expectativas del comprador, legítimas o no, sobre un eventual cambio del plan regulador intercomunal de Rancagua, con lo que sería la entrega de información derechamente falsa o engañosa por parte del vendedor en relación al mismo. Si hay indicios de entrega de información falsa o no ajustada a la realidad, me parece un buen escenario para incursionar judicialmente. Pero los juicios se ganan o se pierden según la buena o mala prueba que puedas rendir. En ese sentido, tiendo a pensar que evidencia documental relevante, en caso que exista, sería muy pobre, y que basarse en prueba testimonial es muy débil. Lo que sería judicialmente un descalabro para Caval, sería que apareciese alguna evidencia, por ejemplo, alguna presentación powerpoint que pudiera atribuírseles, donde den por sentado el cambio de plan regulador. Entiendo que hay un informe de tasación preparado por Cynthya Ross que también podría complicarles un poco el panorama, ya que se afirma, al valorizar los terrenos, que se ha tenido en cuenta para determinar su valor el cambio de plan regulador para junio de 2013.

Por eso es absolutamente comprensible la querella interpuesta por los abogados de Hugo Silva, no tanto por el éxito que pueda tener el procedimiento penal en sí mismo, sino por las indagatorias e incautaciones que permitirían constituir alguna prueba para después usarla en sede civil. No hay peor gestión que la que no se hace, sobre todo con la connotación pública del caso.

– ¿Cuáles son las causales jurídicas para echar atrás un contrato de compraventa?

– Existen los denominados vicios del consentimiento, que son el error, la fuerza y el dolo. El error que vicia el consentimiento es aquel que recae sobre una cualidad relevante de la cosa que se está comprando, esto es, sobre una característica que es atrayente y determinante para contratar, sin la cual, en definitiva, no se hubiera comprado. Cuando el error de hecho vicia el consentimiento, el contrato es nulo.

– ¿Cuál sería acá el error de hecho?

– Tengo dudas acerca de si el señor Silva hubiera comprado los terrenos si estuviera en conocimiento que no va a haber cambio de uso de suelo, que al día de hoy, por la connotación del caso, es casi una certeza. Tendría que acreditar que incurrió en un error, esto es, en una falsa noción de la cosa que estaba comprando. En otras palabras, pensó que estaba comprando un terreno que iba a cambiar de uso de suelo en el breve plazo, cuando resultó ser un terreno respecto del cual no va a haber cambio de uso de suelo. Ahora, por el nivel de especulación que existe en torno a los cambios de planos reguladores, dudo que pueda plantear con éxito la existencia de un error. A lo anterior, tendría que sumarle la entrega de información fraudulenta por parte de Caval, para inducirlo a contratar.

– ¿Qué pasa si hay pagos pendientes?                                                           

– Los contratos no son nulos hasta que así lo declare un juez. Si aún hay plata retenida en notaría, éstas quedan con instrucciones notariales, y se entregan al vendedor contra exhibición de la inscripción de dominio en el Conservador de Bienes Raíces. Los notarios no pueden hacer de juez y resolver, por ejemplo, no entregar las platas al vendedor, por los motivos que sean.

– ¿El juez puede decretar que se congele el pago?

– Sí, claramente. Un juez podría decretar, como medida prejudicial precautoria, que mientras no se resuelva la cuestión judicial, no se entreguen las platas al vendedor. Podría el abogado del comprador de Silva plantear que van a deducir un juicio una acción judicial tendiente a la restitución de los dineros, por lo que mientras ésta no se resuelva, no se haga entrega al vendedor del precio de la venta. Ahora, esa medida prejudicial podría ser acogida o no, depende de varios factores, como la existencia de antecedentes serios y atisbos de lo que se denomina “buen derecho”, esto es, una alta probabilidad de que la sentencia que se dicte en el proceso presumiblemente lo favorecerá.

Se habla de asimetría de información, Caval vendió el 5 de febrero sabiendo que venía el escándalo el 6 en la revista Qué Pasa.

– Uno de los bienes protegidos por el derecho es velar por la simetría de información entre las partes. El derecho tiende a fomentar el acceso igualitario a la información por todos los contratantes. Por eso existen muchas normas de protección cuando una de las partes, en los hechos, es más débil que la otra al momento de enfrentar una negociación. De ahí que se diga que consiente libre quien lo hace informado. Cuando se habla de asimetría de información en el caso Caval, se da a entender que ellos, por sus redes de contacto, eventualmente podrían haber accedido a información sensible en relación al cambio del uso de suelo, la que no habrían transmitido con total claridad al comprador.

– ¿La asimetría de información es causal de nulidad?

– Habría que ver cómo configurarlo. Definitivamente es un elemento a ponderar. Siempre que se asume una defensa jurídica se gastan muchas horas sólo en determinar cómo estructurar el caso. Me parece que hay indicios para armar un caso relativamente bueno. Pero todo pasa por un tema de pruebas.  En este caso, muy a primera vista, podría alegarse que el contrato es nulo por cuanto una de las partes incurrió en un vicio de consentimiento que lo indujo a contratar, consistente en un error de hecho o derechamente dolo. Porque fui inducido a comprar un terreno bajo la afirmación que hizo el vendedor en cuanto a que se cambiaba el plan regulador. En ese sentido, lo verdaderamente relevante no es el documento mismo que pude haber firmado, sino lo que el juez determine en relación a la prueba que logre rendir. Volviendo al tema de la prueba, incluso si nos ponemos en el caso que efectivamente Caval haya entregado información imprecisa o fraudulenta en las negociaciones, creo que el escenario probatorio es bastante adverso. No veo factible que la gente de Caval haya entregado información fraudulenta en forma documentada. No me llamaría tanto la atención que en las reuniones sostenidas, los representantes de Caval hayan sostenido como cierto el cambio de uso de suelo, pero veo muy improbable que haya documentación que respalde eso.

– ¿Puede llevar testigos?

– Sí, claro que pueden llevar testigos. Pero la prueba testimonial, por sí sola, es muy débil. Para que la prueba testimonial sea de utilidad probatoria debe sumarse a otros antecedentes. Si el señor Silva lleva testigos que dicen haber estado en una reunión donde se afirmó que se iba a modificar el uso de suelo, basta con que la contraparte lleve igual número de testigos que digan lo contrario. Lo anterior, en el entendido que se trata de dos relatos verosímiles pero contradictorios efectuados por testigos honorables.  Lo que tendría más peso es la prueba documental, como podría ser un power point atribuible a Caval donde se garantice el cambio del uso de suelo, o bien correos electrónicos en la misma línea.

– ¿Cuáles son los tiempos de estos juicios?

– Son juicios ordinarios, que no tiene asociado un procedimiento específico de tramitación breve. Podría tomar tres años y más también.

– ¿Se puede retener el pago 3 años?

– Sí, en la medida que así lo disponga un juez.

– ¿Qué pasa después de decretar nulo el juicio?

– Proceden lo que se denominan como prestaciones mutuas, que son contraprestaciones que se hacen recíprocamente las partes para retrotraerse al estado que se encontraban antes de contratar. Esto es, los terrenos vuelven a la propiedad de Caval y se restituyen las platas.

– En caso de perder, ¿Caval tendría que devolver los 9.500 millones?

– En estos casos generalmente se solicita alguna medida precautoria para garantizar los resultados del juicio. Si no se solicitaron medidas precautorias o, bien, la garantía no alcanza a cubrir el monto, hay procedimientos de apremio para quien resulta derrotado en un juicio, donde en términos simples, se le embarga todo lo que esté al alcance.

¿Se embargan los bienes de la empresa y de los socios?

 Sólo de la empresa.

– ¿Y si la empresa no tiene bienes?

– Habría que acreditar fraude pauliano, cuya hipótesis es precisamente la distracción u ocultación de bienes en perjuicio de mis acreedores. Bajo ese supuesto, de darse, podrían revocarse los actos por medio de los cuales se traspasaron bienes de una sociedad a sus socios o a terceros de mala fe.

 

FOTO: AGENCIA UNO