Gonzalo Himiob, fundador y director nacional de la ONG Foro Penal Venezolano, ha estado detrás del rastro de los actos de represión que se han sufrido en el país desde 2002. Aquí, el abogado anticipa que la opresión gubernamental ha aumentado y empeorará.
Publicado el 19.04.2017
Comparte:

Gonzalo Himiob es un abogado y profesor venezolano que se ha convertido en referente cuando de cifras de detenidos y violaciones Gonzalode los Derechos Humanos de su país se trata. Y lo suyo no sólo son las estadísticas, porque desde el año 2002 como fundador y director de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) se ha dedicado  junto a otros 200 abogados a la fecha— a defender ad honorem a los detenidos que se ha llevado Guardia y la Policía Nacional sin razones claras en las diversas manifestaciones contra Hugo Chávez y Nicolas Maduro.

Aunque la organización existe desde hace 15 años, Himiob reconoce que desde 2014 los números han aumentado de manera representativa. Por ejemplo, en el último informe publicado contabilizando las marchas del 4 al 16 de abril han verificado y atendido 538 arrestos en manifestaciones, la mayoría estudiantes y menores de edad. Las protestas, que continúan y en donde ya han resultado cinco personas fallecidas, se dan en rechazo no sólo al mandato de Maduro, sino a su decisión de otorgarle al Tribunal Supremo de Justicia los poderes de la Asamblea Nacional (Congreso).

El visible incremento está recabado en el informe de enero de 2014 hasta el 30 de junio de 2016, cuando el Foro Penal Venezolano registró 5.853 detenciones, cuando en 2002 en sus estadísticas existían 11 detenidos políticos. Uno de los que entró en esa cifra fue el periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, que en septiembre de 2016 fue detenido después de compartir en su sitio web de noticias “Reporte Confidencial” una serie de videos con cacerolazos y protestas callejeras contra Maduro, en la ciudad de Porlamar, estado Nueva Esparta. Sobre esa situación Himiob cuenta que “su caso es paradigmático de la persecución de representantes de medios por decir la verdad para consolidar sobre un determinado acontecimiento una narrativa oficial falsa”. El seguimiento de Jatar lo realiza actualmente Alfredo Romero, quien es el director ejecutivo del FDV.

Por el considerable aumento de casos, el abogado especializado en ciencias penales y criminológicas que realiza otras actividades en un bufete en el que es socio y las clases universitarias, actualmente se encuentra dedicando el 100% de su tiempo a la ONG. “A raíz de las protestas en 2014 me tocó asistir en tribunales a cerca de 160 personas detenidas de manera arbitraria en Caracas, y en estos últimos diez días me ha tocado asumir la defensa de al menos 60 personas, sólo en la capital. Hay poco espacio para otras cosas en estos momentos”, dice.

— ¿A qué cree que se deba el incremento de las represiones? 
 
— La represión siempre ha sido directamente proporcional a las protestas que se realizan. De acuerdo al Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, solo en 2016 se registró un promedio de 16 protestas diarias de diversa índole a nivel nacional, y como ya se sabe, en 2017 las protestas contra el poder se han incrementado, y han sido mucho más significativas, generalizadas e importantes que casi todas las que tuvieron lugar durante 2016. En la medida en la crisis económica y humanitaria se han agravado, la protesta ha crecido, y con ella, la represión. El gobierno no es capaz de canalizar de manera positiva la queja ciudadana, por lo que lejos de tratar de solucionar los problemas que originan las protestas recurre sistemáticamente a la criminalización de toda expresión de rechazo y a la represión como mecanismos de control social. La narrativa oficial, la “verdad oficial” (que al final no es más que una gran mentira) se construye para cumplir dos objetivos: Primero, para negar la existencia de los motivos de las protestas, etiquetando como delincuentes a los que alzan su voz contra el régimen y, en segundo término, para garantizar la impunidad de quienes en la defensa del poder a costa de lo que sea violan los DDHH de la ciudadanía.
— ¿Es este el año más fuerte en cuanto a represiones y manifestaciones? 
 
— Se nota un uso mucho más abusivo y excesivo de las fuerzas militares y policiales en el control de las manifestaciones públicas. También se percibe de manera muy evidente el recurso a los grupos civiles paramilitares contra los manifestantes opositores. El gobierno viola, en el control de las reuniones y manifestaciones públicas, hasta las normas que el mismo poder se dio, tanto en el ámbito civil como militar, que regulan la actuación de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana en este tipo de eventos. También está muy claro que desde la perspectiva oficial se pretende estigmatizar a todo el que proteste como “terrorista”, no sólo en el discurso sino incluso en los tribunales, atribuyéndoles a los detenidos, en la generalidad de los casos sin pruebas, delitos relacionados con el terrorismo.
— En esta materia, ¿cuál ha sido la labor del Foro Penal Venezolano con organizaciones internacionales? ¿Qué se ha logrado con organizaciones extranjeras?
—  El FPV ha venido registrando desde 2002 todas y cada una de las violaciones a los DDHH que se han presentado en Venezuela que pueden ser identificadas como persecución por motivos políticos. Toda esta información ha sido remitida tanto a la CIDH como a la ONU, y se han logrado muchos pronunciamientos de estas instancias sobre la situación de Venezuela.
— ¿Qué tipo de respuesta o ayuda espera de la comunidad internacional, desde Colombia hasta Chile? 
— Lo más importante en nuestro criterio es que los países del mundo dejen de lado sus intereses comerciales y diplomáticos internacionales y comiencen a ver que, sin duda alguna, el daño que se está haciendo a la población venezolana ya tiene las características propias de una severa crisis humanitaria, responsabilidad única de una forma de gobierno cuya única finalidad visible es la de mantener a unos pocos en el poder, nada más. Es hora de que los países dejen de pensar con la billetera, para pasar a pensar, y a actuar, con la mira puesta en el respeto a la dignidad humana.
 
— Para la labor del Foro Penal, ¿cómo es el proceso de recolectar todos los datos que manejan en un país donde no funciona la transparencia de la información?
— Tenemos unos protocolos muy estrictos de captación de la información, que se recibe fundamentalmente a través de nuestro centro de denuncias que está operativo los 365 días del año, de día y de noche. Tras recibir una denuncia, procedemos a verificar los datos e identidad del denunciante y nos comunicamos directamente con él para que nos facilite las pruebas de los hechos que reporta. Toda la información se revisa y verifica dos y hasta tres veces. Nos jugamos en eso nuestro mayor valor, que es la credibilidad, y por eso no procesamos denuncias anónimas ni recibidas a través de las redes sociales.  Por eso a veces nuestros datos no coinciden con los de los operadores políticos, puesto que somos mucho más severos en los procesos de captación y de validación de la información. Nos cuidamos, eso sí, una vez verificada la información, de proteger la identidad y la seguridad de los denunciantes.
 
— ¿Cuáles son las informaciones que se tienen hasta ahora de los torturados? 
— Hasta este momento hemos recibido varios reportes de personas que, una vez detenidas, han sido torturadas o sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes, en la mayoría de los casos para que graben o difundan testimonios incriminatorios contra factores de la oposición política. Pero, vistas las amenazas oficiales recientes de persecución penal contra quien se atreva a denunciar estas situaciones, debemos por ahora reservarnos la información relativa a su número y a sus identidades. En las protestas de 2014, registramos formalmente más de 130 casos de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los manifestantes detenidos en esa oportunidad. Todos fueron denunciados ante las instancias nacionales e internacionales. 
 
— Palabras como las de Luis Almagro en la OEA o acciones como las de Chile de sacar su embajador del país de manera indefinida, ¿consideran que han ejercido presión o han sido de utilidad para la situación del país?
— Todo acto que contribuya a llamar la atención de la comunidad internacional sobre lo que en realidad ocurre en Venezuela es un acto positivo. Nuestros peores enemigos son el silencio y el olvido.
 
— Cuando en 2002 funda esta organización no gubernamental, ¿se imaginó el panorama actual?
— Desde esas fechas hemos advertido que en Venezuela existe un patrón sistemático de persecución generalizada, desde el poder, contra la ciudadanía disidente y opositora.  
 
— ¿Qué fue exactamente lo que lo llevó a crear el Foro Penal Venezolano?
 
— Tengo dos hijos, una niña de nueve años y un bebé que está por cumplir un año. Cuando en 2002 vi lo que el poder era capaz de hacer contra quien se le opusiera, decidí que ese país, ese en el que se perseguía a las personas por su posición política o ideológica, no era el país en el que yo quiero que crezcan mis hijos. La iniciativa nació de un grupo de abogados, muy jóvenes en aquel momento, que veíamos con estupor lo que estaba empezando a suceder y, aun con más asombro, veíamos que pocos anticipaban los extremos a los que se podía llegar en Venezuela si, como en efecto ocurrió, se mantenía el mismo esquema intolerante contra quien resultare incómodo para el gobierno. Alfredo Romero, Mónica Fernández, y otros más, nos reunimos y decidimos poner nuestro grano de arena. Nuestra principal fortaleza radica en que sólo somos personas y profesionales comunes que fueron arrancados de su cotidianidad por la intolerante realidad en la que se nos forzó a vivir. El gobierno nos ha perseguido y ha tratado de desacreditarnos continuamente, e incluso uno de nuestros voluntarios, el abogado Marcelo Crovato, está preso por cumplir con su trabajo como activista de DDHH, pero aun así no han podido neutralizarnos.
 
— ¿Cuántos abogados trabajan actualmente con ustedes en la organización?
— Somos más de 200 abogados a nivel nacional, que prestan gratuitamente sus servicios a quien sea víctima de persecución política o de violaciones a sus DDHH, sin distinciones de ningún tipo. Asistimos a los opositores, ciertamente, pero también a los oficialistas que son perseguidos o criminalizados por mostrarse críticos contra el poder. También contamos con una red nacional de cerca de 3000 activistas, no abogados, que colaboran, también de manera gratuita, con los equipos jurídicos en la asistencia y el apoyo a los familiares de las víctimas y de los detenidos.  No recibimos aportes económicos de nadie, nuestra estructura funciona con el aporte que cada uno de nosotros hace de su tiempo, no de su dinero, a la ONG. Cada quien tiene su práctica privada o su oficio personal, pero el trabajo y el aporte de cada quien al FPV no es remunerado. Solo se mide en el tiempo que cada quien le dedica a la ONG.
  
—Con tantas manifestaciones contra Maduro y una situación política y social tan delicada, ¿cuál cree que sea el panorama a futuro?
— Es difícil prever qué puede suceder. Todo parece indicar que las protestas van a continuar y en esta oportunidad percibo, es algo subjetivo y sujeto a discusión por supuesto, que la gente está mucho más determinada que en otras ocasiones a lograr cambios significativos en el país. Eso ha derivado en una actitud mucho más agresiva en el gobierno e implica que la represión no va sino a aumentar. Yo sólo hago votos para que cese la persecución política, para que la violencia y la irracionalidad no se impongan y para que se nos deje elegir nuestro destino político democráticamente y en paz.