El defensor Pablo Gómez dice que no ha sido contactado por la parte querellante para llegar a un acuerdo, niega la existencia del delito de injurias y calumnias que acusa la Presidenta y se muestra confiado en ganar el litigio.
Publicado el 05.06.2016
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Pablo Gómez Edwards es el abogado que defenderá a los cuatro periodistas de la revista Qué Pasa querellados por la Presidenta Michelle Bachelet  por el supuesto delito de injurias y calumnias.

Gómez, abogado de la Universidad Católica, es especialista precisamente en  materias relativas a la libertad de expresión, y durante la última década ha defendido a diversos medios de comunicación (televisión, radios y diarios en papel y digitales) que también han sido querellados. Entre 1996 y 1998 trabajó en el Consejo de Defensa del Estado y actualmente se desempeña en el bufete Román, Marchant, Castillo y Gómez.

El defensor conversa con  “El Líbero” sobre el emblemático caso en que la Mandataria busca una condena de tres años de cárcel para los periodistas de la revista que denunció los negocios de la empresa Caval, propiedad de su nuera Natalia Compagnon, y donde su hijo Sebastián Dávalos fue gerente de proyectos antes de llegar al gobierno como director sociocultural de la Presidencia.

-¿Cuál será la estrategia jurídica de la defensa de los periodistas?

-Básicamente vamos a negar totalmente la existencia de injurias y sostener que los cuatro periodistas querellados no han tenido ninguna participación culpable en el delito que se les imputa.

-La querella está centrada en el eventual dolo con que  habrían actuado los periodistas. ¿Cómo piensa defender esa acusación?

-Eso es un problema del querellante. Él tiene que probar el dolo,  el delito y la participación. Nosotros estamos muy tranquilos. Creemos que es un caso limpio, sin ningún punto flaco o débil. El querellante tiene que romper la barrera de presunción de inocencia y esa es tarea de ellos.

-¿Creen que se está dañando la libertad de expresión con esta querella de la Presidenta?

-Sin duda que se daña muchísimo la libertad de expresión, no solo respecto del medio. Cualquier fuente también se siente inhibida y atemorizada de proporcionar cualquier antecedente que permita acciones de este tipo. Por ejemplo, la misma fuente que entregó estas transcripciones telefónicas ya se siente atemorizada, porque el periodista está siendo sujeto de una acción penal. La fuente se pregunta, a lo mejor el próximo soy yo. Por tanto, la querella produce un segundo efecto inhibitorio, ya no sólo sobre el periodista sino sobre la fuente misma, que es donde nace la noticia.

-¿Han revisado la jurisprudencia internacional respecto de otras querellas de presidentes contra periodistas?

-Es un proceso que se rige por la ley chilena y tenemos que abocarnos a lo que dice nuestra ley. Lo que ha sucedido en otros países puede servir a título ilustrativo. En los últimos días hemos escuchado de bastantes medios internacionales un repudio unánime a esta acción atemorizadora de la libertad de expresión.

-¿Como parte de la defensa invocarán tratados internacionales sobre libertad de expresión?

-Chile tiene bastantes tratados internacionales que son muy claros, incluso más incisivos que la legislación chilena respecto a la libertad de expresión. Por ejemplo, en algunos se señala que solo debe haber acciones civiles y no penales para atacar cualquier supuesta afectación al honor en contra de un personaje público, como un presidente.

-¿Los querellantes se han acercado a usted para llegar a un avenimiento?

-No.

-¿Cuál es la disponibilidad suya y de los querellados para llegar a un avenimiento?

-La labor de los abogados es siempre fortalecer la labor de los avenimientos antes de llegar al juicio. En este caso, ellos tendrían que tomar la iniciativa, proponer algo, y le diría que siendo bien honesto, el único avenimiento posible es que la  parte querellante se desista de la querella. No hay avenimiento posible, porque disculpas públicas no se van a dar. Creemos que no hay nada de qué disculparse, porque es un  medio periodístico que reproduce una investigación que realiza el Ministerio Público, una escucha telefónica autorizada por el juez. No veo por dónde pueda existir un delito.

-La revista hizo un mea culpa con el artículo del jueves. ¿Cuál cree usted que corresponde?

-Para serle sincero, discrepo de ese mea culpa o reconocimiento, insisto en que habiendo una parte querellante tan particular como el Presidente de la República, existe más que nada una cierta deferencia que pudiera tener algún efecto, pero las noticias son para publicarlas, no para seleccionarlas. Si existe una carpeta investigativa que afecta a una persona que tiene alta relevancia pública, sin duda es un tema que la prensa debe publicar.

-La Presidenta dice que se querella como ciudadana. ¿Eso tiene algún efecto jurídico?

-Eso no existe. Es imposible separar la persona  específica del cargo. El Presidente de la República es presidente día y noche y todos los días de su período. Es absolutamente imposible separar la persona del cargo. Por ejemplo, si el Presidente quiere ausentarse del país cierto tiempo tiene que pedir permiso. Esa acción penal tiene domicilio en La Moneda, testigos ministros de Estado y asesores de exclusiva confianza de la Presidenta. Seamos sinceros, las cosas son lo que son.

-Para precisar, ¿no se pedirán disculpas a la Presidenta por el supuesto daño a su honra?

-Eso no está contemplado. Veo difícil que se dé en el futuro, porque creemos que no hay daño a la honra causado por el medio de comunicación. Si algún daño a la honra hay, tiene otras causas.

-¿Cuáles serán las fases del juicio?

-Hay una audiencia de conciliación, posteriormente una audiencia de preparación y luego el juicio.

-¿Cuándo sería la audiencia de conciliación?

-El tribunal no ha fijado fecha. La parte querellante pidió que se oficie a la revista para que le envíen publicaciones. Bastante curioso, porque son las mismas publicaciones que el querellante adjunta. No sé cómo leer eso.

-¿Van a citar algún testigo?

-Sí, más de uno. No tenemos nada definido, pero la verdad es que si no rindiéramos ninguna prueba, del solo tenor de la publicación queda claro que no existe ningún delito de injuria. Podemos quedarnos de brazos cruzados y así y todo creo que ningún tribunal podría condenar por delito de injuria en este caso.

-¿Piensan acudir a alguna instancia internacional de derechos humanos, como la comisión interamericana de DD.HH. de la OEA?

-En caso que ocurriera una sentencia condenatoria tenemos pensado recurrir a instancias internacionales, pero tengo confianza que eso no va a suceder porque los tribunales chilenos tienen una amplia trayectoria y una postura bastante conocida en delitos e injurias, que este caso creo que no será la excepción.