El subdirector del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, defiende la existencia del Tribunal Constitucional, en medio del debate sobre su competencia y a sólo días de que deba resolver sobre los requerimientos en contra del proyecto de ley de despenalización del aborto.
Publicado el 13.08.2017
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Durante la próxima semana los 10 integrantes del Tribunal Constitucional se encontrarán revisando los requerimientos de los senadores y diputados de Chile Vamos en contra de la constitucionalidad del proyecto de aborto en tres causales, que fue aprobado en el Congreso Nacional. El próximo viernes 18 de agosto serán los alegatos, día en que magistrados podrán deliberar o bien extender el plazo por otros 10 días.

Un proyecto de ley que ha generado tanto debate en los últimos años se encuentra en manos del Tribunal Constitucional, un organismo cuestionado pero también defendido por distintos sectores políticos y académicos, sobre todo cuando debe deliberar sobre temas tan sensibles como la ley de aborto.

El abogado constitucionalista Claudio Alvarado (en la foto), en su libro “La ilusión constitucional. Sentido y límites del proceso constituyente”, enfrenta el debate en torno a la figura del Tribunal Constitucional. En entrevista con “El Líbero”, el subdirector del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), profundiza sobre este tema y defiende al TC frente a quienes pretenden eliminarlo en el marco de un nuevo orden constitucional, la Asamblea Constituyente.

– ¿Por qué cree que no es conveniente para nuestra democracia eliminar la figura del Tribunal Constitucional, como sostienen académicos como Fernando Atria?

– Ciertamente podemos discutir las atribuciones del TC, así como las de cualquier otra institución. Pero en la crítica al TC, a ratos destemplada, pareciera existir algo más que una molestia específica relativa a determinadas facultades o competencias suyas. En muchos actores pareciera molestar el solo hecho de que existan este tipo de contrapesos institucionales, y eso ya resulta bastante más complejo.

– En su opinión, ¿por qué es necesaria la existencia del TC en nuestra democracia?

– Responder esta pregunta exige un breve rodeo. Sucede que desde sus orígenes las repúblicas democráticas contemporáneas buscan equilibrar dos principios o tendencias. Por un lado, el principio propiamente democrático, en virtud del cual se fomentan la participación ciudadana y la expresión de mayorías legislativas. Y por otro, el principio liberal o racional, que busca asegurar la protección de ciertos derechos básicos y disminuir los riesgos de opresión. Entre estos dos principios existe una sana tensión, y es la conjunción de ambos lo que permite limitar y distribuir el poder político. En este contexto, resulta natural la existencia de organismos como los tribunales o cortes constitucionales: todo poder debe ser debidamente limitado y encauzado, y el legislador no es la excepción.

– ¿Qué pasaría si no existiera el Tribunal Constitucional?

– Necesariamente debiéramos buscar otros modos de establecer diques al poder del legislador pues, insisto, una república democrática presupone este tipo de contrapesos. En todo caso, considerando el tipo de contribuciones que ha realizado el TC a nuestra democracia no se vislumbran razones para “disolverlo”, ocupando los términos poco felices de Alejandro Guillier. Una cosa es considerar que la cantidad e intensidad de nuestros mecanismos supramayoritarios resulta excesiva, cuestión plausible y abierta al debate, y otra muy distinta pretender eliminar de cuajo una institución que no sólo resulta perfectamente comprensible y compatible con una visión robusta de la democracia, sino que además ha realizado aportes valiosos a nuestro país. Por dar sólo un ejemplo, basta recordar que fue gracias al TC que el plebiscito del 88, en que triunfó el “No”, se realizó en condiciones dignas de un Estado de Derecho.

– ¿Por qué molesta tanto la existencia de este organismo en algunos sectores políticos?

– Sinceramente me cuesta entenderlo. Después de todo, ya Cicerón advertía que lo propio del gobierno republicano es luchar contra todo tipo de despotismo, incluyendo al de una masa o mayoría sin contrapesos ni limitaciones. Quizás influyen en esa aparente molestia algunas caricaturas, que identifican sin más TC y dictadura. Pero esas caricaturas no tienen mayor fundamento: en Chile el Tribunal Constitucional nace impulsado por el ex Presidente Frei Montalva, y tuvo en Salvador Allende un destacado defensor. Además, sus facultades actuales encuentran su antecedente más próximo en las reformas del año 2005, aprobadas bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Nada de esto impide debatir acerca de sus atribuciones, pero ese debate exige apego a los hechos. Las caricaturas nada aportan a ello.

– ¿Cómo se puede comprobar empíricamente que la composición del TC no es política? Esta es una de las críticas que realiza Fernando Atria

– Por los temas que abordan y los fines que persiguen, las constituciones y los tribunales constitucionales tienen una doble naturaleza, jurídico-política. El problema de la imagen que dibuja Fernando Atria respecto del TC es que desconoce aspectos que asoman como incontrovertidos para cualquier observador mínimamente imparcial. Por ejemplo, que la generalidad de los fallos del TC no dice relación con causas políticamente controvertidas, y que incluso en esta clase de asuntos la supuesta alineación política de los ministros ha sido desafiada por sus votaciones. Basta recordar cómo votaron Hernán Vodanovic en “Ingreso ético familiar”, Jorge Correa Sutil en “Transantiago” o Mario Fernández en “píldora del día después”. Y a todo esto se agrega un hecho objetivo: derecha e izquierda han recurrido al TC durante las últimas décadas, y ambas han obtenido resultados favorables y adversos.

– ¿Se ve reflejada hoy la independencia de los miembros del TC de los partidos políticos?

– En general sí, y por eso hay quienes, como Patricio Zapata, sugieren atender a otros criterios a la hora de clasificar a sus ministros, más allá de su supuesta afiliación político-partidista, en algunos casos basada sólo en especulaciones. Entre esos criterios surge, por ejemplo, el mayor o menor grado de deferencia que los jueces constitucionales muestran ante las decisiones del legislador, y más aún, el modo en que se comprende dicha deferencia. Ahora bien, dicho todo lo anterior, es cierto que algunos dirigentes políticos de lado y lado no han sido suficientemente cuidadosos a la hora de enfocar los nombramientos y funciones de este tribunal, pero esto no es tanto responsabilidad del TC como de los dirigentes políticos que han liderado esas coyunturas.

– ¿Por qué señala en su ensayo que la democracia exige un diseño institucional bastante más complejo que el simple juego de mayorías?

– Lo que buscamos explicar en nuestro libro es que tanto desde una perspectiva teórica, como desde lo que ha sido la historia y consolidación de las democracias constitucionales, la expresión de mayorías es sólo un elemento, si bien muy importante, a la hora de traducir en instituciones concretas el ideal republicano. En parte por el necesario equilibrio al que hemos aludido en las preguntas precedentes, y en parte porque ni siquiera la participación ciudadana se asegura con la sola expresión de mayorías legislativas, tal como consta hoy a lo largo y ancho del orbe.