Defensas argumentan que el delito imputado no está claramente definido en la ley. Los alegatos comenzarán en marzo.
Publicado el 04.02.2015
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A solo unas semanas de que se cumplan 5 años del terremoto y tsunami que sacudieron el país el 27 de febrero de 2010, aún no existe claridad sobre los procesos judiciales llevados en contra de las principales cabezas de la Onemi y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), aunque la investigación concluyó el 31 de julio de 2014.

La razón de la demora es un requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) el 23 de septiembre pasado por el abogado defensor de Mario Andina (ex teniente del SHOA), al que adhirieron las defensas de los otros cinco imputados. El punto en disputa fue el artículo 492 del Código Penal, pues éste sanciona los “homicidios culposos” cuando se infringe el reglamento, sin embargo los requirientes cuestionan la constitucionalidad del artículo por considerarlo muy vago, cuando a su juicio la carta fundamental señala que los delitos deben ser precisos y determinados. Esto, desde el punto de vista de las defensas, vulneraría el principio de igualdad ante la ley.

Los seis imputados son Carmen Fernández (ex directora de la Onemi), Johaziel Jamett (ex jefe de alerta temprana de la Onemi), Patricio Rosende (ex subsecretario del Interior), Mariano Rojas (ex director del SHOA), Andrés Enríquez (ex jefe de Oceanografía del SHOA) y Mariano Andina (ex teniente del SHOA).

El TC declaró admisible el requerimiento siete días después de su presentación, por lo que dejó para marzo la revisión de la causa y el comienzo de los alegatos de las partes. Además existen peticiones para que se inhabiliten los ministros Nelson Pozo, quien hizo un pronunciamiento de fondo sobre el tema cuando elaboró un informe en Derecho para Carmen Fernández, y Cristián Letelier, quien encabezó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y lanzó acusaciones contra Michelle Bachelet, aunque los abogados querellantes han señalado que Letelier no hizo pronunciamientos de fondo.

Si el TC diera la razón a quienes presentaron el requerimiento, la acusación en contra de los imputados perdería sustento legal. La Fiscalía, por medio de Solange Huerta, pide penas de 800 días de presidio menor en su grado medio.

¿Quiénes son los imputados?

Tercer dia de Formalización por Caso Tsunami.Carmen Fernández estudió Periodismo en la Universidad de Chile, fue profesora de Gestión de Crisis en la universidad UNIACC y por varios años funcionaria de la Onemi hasta que se convirtió en directora del organismo, posición en la que se encontraba el 27 de febrero de 2010. Al ser el principal rostro de la institución, fue también el principal flanco de las críticas por lo ocurrido esa noche, pues la Onemi no habría dado a tiempo la alerta de tsunami. Fue ella quien permitió que un camarógrafo grabara durante esas horas dentro de la oficina, imágenes que hoy se ocupan como prueba en su contra.

El gobierno de Sebastián Piñera pretendió mantenerla al frente del organismo, pero ella presentó su renuncia un día antes del cambio de gobierno. Luego de la catástrofe ha tenido un bajo perfil y ha evitado los medios, pero en 2012 retomó sus clases en la UNIACC.

Está acusada de tener responsabilidad en 28 muertes y en 2013 realizó una petición de sobreseimiento que fue denegada.

Termino del Tercer dia de Formalización por Caso Tsunami.Patricio Rosende es abogado de la Universidad Diego Portales y militante del PPD, ejerció diferentes cargos en la administración pública: gobernador de la Provincia de Chacabuco, posteriormente trabajó en la Dirección de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y finalmente fue subsecretario del Interior, cargo que ejercía el 27 de febrero de 2010 y por el cual se le imputa tener responsabilidad en la muerte de 74 personas ese día.

En 2013 realizó una petición de sobreseimiento que fue denegada.

Hoy ejerce su profesión en el estudio “IBS Abogados” junto a otras seis personas.


Reformalización de imputados por el caso TsunamiJohaziel Jamett
, ex jefe de Alerta Temprana de la Onemi. En 2013 pidió ser sobreseído, lo que fue denegado por el juez Ponciano Sallés ese mismo año, manteniendo la calidad de imputado. Por su parte, Mariano Rojas, ex director del SHOA, fue removido de su cargo por la Armada en marzo de 2010 y posteriormente desvinculado de la institución. Ha mantenido un perfil bajo, pero en 2012 dijo  a “Qué Pasa” que trabajaba en una empresa en Santiago.

 

Segundo dia de Formalización por Caso Tsunami.Andrés Enríquez es el ex jefe de Oceanografía del SHOA. En 2012 su defensa argumentó que él dejó su cargo en el servicio un día antes del terremoto de forma “verbal”, pero que tras la catástrofe llegó al SHOA para ayudar. En 2013 pidió un sobreseimiento que le fue denegado. Mientras que Mario Andina es ex teniente del SHOA y quien fuera la máxima autoridad del Sistema Nacional de de Alerta de Maremoto (SNAM). Su abogado presentó el requerimiento ante el TC.

Sentencias anteriores

El 31 de marzo de 2014 la Fiscalía Regional Metropolitana condenó Osvaldo Malfanti, ex jefe de turno del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, a 541 días de presidio como autor de cuasidelito con resultado múltiple de homicidio que significó la muerte de 74 personas.

Un mes después la Corte Suprema condenó a tres años de presidio remitido a tres ejecutivos de la empresa Socovil y 800 días remitidos para un ingeniero calculista por el desplome de un edificio en Concepción. También en abril la Corte Suprema rechazó dos demandas, una por muerte y otra por las lesiones producto del maremoto, que según los abogados de los demandantes, se habrían provocado luego de que las personas dejaran el lugar seguro en el que se encontraban luego de la información que entregó el intendente en la radioemisora local. A juicio de la corte, esto no fue probado.

En agosto pasado, el mismo organismo rechazó la demanda de dos comerciantes en contra del fisco por los saqueos ocurridos luego del 27 de febrero.

Otros casos en que la Nueva Mayoría ha acudido al TC

En abril de 2003 un grupo de diputados encabezado por Edgardo Riveros (DC) acudió al TC con el objeto de frenar la Ley de Casinos, pues a su juicio habría existido un “acto de discriminación contra de una zona geográfica del país”.

Responso General de Ejército Ricardo Izurieta CaffarenaEn mayo de 2007 los diputados Juan Bustos (PS), Jorge Burgos (DC), Antonio Leal (PPD), Adriana Muñoz (PPD) y María Antonieta Sáa (PPD) presentaron un requerimiento ante el tribunal con el fin de frenar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, aprobada en el Congreso. Un año antes, la diputada Laura Soto (PPD) acudió a la misma instancia con el objeto de impugnar la formalización en su contra llevada a cabo en la Fiscalía hasta que la Corte de Apelaciones resolviera su desafuero por el denominado caso “empleos brujos”.

Seminario Involucrate con la EducacionEn abril de 2010 un grupo de diputados liderados por Aldo Cornejo (DC) llevaron a la institución la Ley de Donaciones. Ese mes Enrique Accorsi (PPD) y René Alinco (PDD) presentaron un requerimiento sobre la autorización de que las empresas pudieran hipotecar sus concesiones de explotación salmonera. También en abril asistió Carlos Montes (PS) quien encabezó la presentación ante el organismo por el financiamiento de la reconstrucción, donde el parlamentario señaló “el DFL 2 es una anomalía”. En noviembre los diputados Patricio Hales (PPD) y Jorge Burgos alegaron “ilegalidad” en decretos sobre la tv digital. En diciembre acudieron los senadores Juan Pablo Letelier (PS), Ximena Rincón (DC), Guido Girardi (PPD) y Ricardo Lagos Weber (PPD) ante el anuncio de privatización de activos de empresas sanitarias.

conferencia de prensa del Presidente del Partido Socialista ChilenoEn marzo de 2011 las bancadas de diputados del PS y el PPD llevaron al tribunal la “Ley Corta de Isapres” y en abril Carlos Montes, Cristina Girardi (PPD) y Rodrigo González (PPD) apoyaron un recurso que impugnaba el financiamiento compartido. En septiembre Guillermo Teiller (PC), Felipe Harboe (PPD), Osvaldo Andrade (PS) y Pablo Lorenzini (DC) presentaron un recurso contra el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En ese mismo mes, el senador Jorge Pizarro (DC) llevó un requerimiento para que el TC declara la inhabilidad de Ena Von Baer (UDI) de ejercer como senadora debido a su reciente cargo en el gobierno de Sebastián Piñera.

DiputadoEn 2012 el diputado Jorge Sabag (DC) presentó una petición para no ser investigado por fraude al fisco. En julio de ese año el diputado Marcelo Díaz (PS) llegó ante el tribunal por la recientemente aprobada Ley de Pesca. En diciembre el PPD acudió por el reemplazo del alcalde de Traiguén, luego de que el flamante edil Rigoberto Osses (PPD) falleciera antes de asumir y el Servel pusiera en su lugar a la segunda mayoría, el ex UDI Luis Álvarez.