Desde 2014, el Gobierno ha ingresado decenas de proyectos de ley al Congreso que crean una enorme burocracia pública de ministerios, subsecretarías, seremis, servicios y consejos.
Publicado el 20.04.2017
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En su última cadena nacional, la Presidenta Michelle Bachelet anunció una reforma al sistema previsional, que contempla, entre otras medidas, crear un nuevo organismo “público y autónomo, con reglas estrictas y altas exigencias profesionales” para administrar el 5% que pagarán las empresas para las pensiones de los trabajadores, descartando a las AFP.

Y es que la creación de organismos estatales ha sido uno de los ejes principales de gestión de la Mandataria socialista. Durante sus tres años de administración (2014-2017), el Ejecutivo ha ingresado al Congreso proyectos de ley para crear 160 nuevas instituciones públicas.

Dichas iniciativas están actualmente en tramitación, y la mayoría está relacionada con nuevas entidades en educación (91), y el resto con áreas de la economía, como concesiones, pesca y tecnología; desarrollo social y medio ambiente.

A esos 160 proyectos del Ejecutivo se suman otros organismos que ya fueron aprobados y están en funcionamiento, como el Ministerio de la Mujer y la Subsecretaría respectiva; las subsecretarías de Educación Parvularia y de Derechos Humanos; y una comisión para el mercado financiero.

El detalle de los 160 nuevos organismos públicos

La reforma educacional de Bachelet, quizás la más emblemática de sus reformas, acapara la mayoría de los nuevos organismos burocráticos del país, ya que establece cambios en los niveles parvulario, escolar y superior, y contemplan la creación de un entramado enorme de subsecretarías, intendencias, superintendencias, consejos de calidad, servicios de educación, universidades y centros de formación técnica que le costarán al Estado cada año, adicionalmente a lo que actualmente pone, más de US$7 mil millones.

Y es que la Mandataria promueve la educación al alero del Estado, lo que explica que dichas reformas obligarán a crear 91 nuevos organismos públicos con la contratación de centenares de funcionarios, oficinas y equipamiento que serán financiados con los impuestos de todos los chilenos.

Las nuevas dependencias estatales serán una Subsecretaría de Educación Parvularia, una Intendencia de Educación Parvularia, dos nuevas universidades estatales, 15 CFT estatales, una Subsecretaría de Educación Superior,  una Superintendencia de Educación Superior,  un Consejo de la Calidad de la Educación Superior, un Servicio de Educación Pública y 68 Servicios Locales de Educación, que reemplazarán a los municipios.

Ello significará un gasto anual adicional al presupuesto actual del Ministerio de Educación de US$7mil 316 millones según los informes financieros entregados por el Ejecutivo en los proyectos de ley de dichas reformas cuando estén en régimen. Ese monto no incluye el costo de operar los 15 CFT regionales que ya se encuentran en etapa de implementación.

Adicionalmente, el Gobierno quiere crear un Ministerio de la Cultura y dos subsecretarías, una de las Culturas, Artes y Patrimonio, y otra de Patrimonio Cultural, con seremis en cada región del país. A lo que se suma un consejo nacional de las culturas y un servicio nacional de patrimonio civil.

Bachelet pretende crear un Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la acuicultura; una Dirección General de Concesiones de Obras Públicas; y servicios de Biodiversidad y Áreas Protegidas, de Reinserción Juvenil, de Protección Especializada de Menores, Forestal.

También se creará la región del Ñuble y las provincias Diguillín, Punilla e Itata y se hará el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Especialista: “Excesiva burocracia aleja al beneficiario de la política pública”

cristina-torres-investigadora-de-lydLa investigadora de Libertad y Desarrollo (LyD), Cristina Torres, explica que en los 160 nuevos organismos no están contabilizados las nuevas atribuciones y funciones que se están incorporando en varios servicios públicos, y que tendrán un costo adicional, además de la ampliación de giro de empresas públicas hacia sectores que son propios de los privados, como Metro y Enap.

El crecimiento económico está hipotecado por la agenda legislativa en educación, que genera un gasto enorme al Fisco”, afirma Torres, quien agrega que los recursos están provistos como asignación especial en el tesoro público.

Otro aspecto relevante es que no exista un mecanismo de evaluación de las instituciones y de los programas estatales. “En el único momento en que podemos analizar el gasto fiscal y las instituciones es a través de la discusión del presupuesto una vez al año, pero luego se olvida”, afirma la investigadora.

Cristina Torres dice que dicho gasto no se condice con el discurso de austeridad del ministro de Hacienda, y de ser más eficientes.

“No hay como evaluar que una determinada política pública tenga el efecto que se busca. Excesiva burocracia aleja al beneficiario final de la política pública. Preocupa, entonces, que no se dé relevancia a la evaluación ni al impacto que viene aparejado a este crecimiento, considerando que el tamaño del Estado no sólo crece con nuevas instituciones. Cabe, por tanto, preguntarse si se están focalizando los recursos realmente en resolver los problemas por los cuales se aumentó el tamaño del Estado”, concluye Cristina Torres.