La cifra supera el presupuesto anual de las pensiones solidarias de 1,2 millones de adultos mayores vulnerables, y es 10 veces mayor que los recursos destinados a la capacitación laboral.
Publicado el 28.10.2015
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En medio del paro del Registro Civil comenzó el inevitable y temido “gallito” entre el Gobierno y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) por el reajuste en los sueldos de los funcionarios públicos del próximo año, con la complejidad adicional de la situación de estrechez fiscal que vive el país por la prolongada desaceleración económica.

Según trascendió, en una reunión de este lunes 14 gremios de la Administración Pública consensuaron pedirle al Ministerio de Hacienda un reajuste nominal (incluida la inflación) de 8%, cifra que supera el 6% de los este año y de 2014, y el 5% de 2010- 2013.

Los gremios justifican el 8% en el presupuesto de 2016 en que la inflación acumulada en el último año es de 4,6%, por lo que el aumento salarial real sería de 3,4%.

Las expectativas salariales de la ANEF contrastan con lo que declaró la Presidenta Michelle Bachelet de que 2016 será “un año muy apretado en lo económico” y de la “realidad económica más complicada” que admitió el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, para negarle los bonos por $5 mil millones que demandan los trabajadores del Registro Civil.

Reajuste a funcionarios sale más caro que pagar la pensión solidaria a 1,2 millones de jubilados

La demanda gremial le significaría al Estado desembolsar $1,4 billones el próximo año, recursos que superan, por ejemplo, los $1,2 billones que se destinarán  a pagar las pensiones solidarias de 1,2 millones de pensionados, y es 10 veces mayor que los dineros destinados a la capacitación laboral ($156 mil millones).

Este año el aumento de recursos para sueldos fue de $1,1 billones y el año pasado de $869 mil. En tanto, el costo total en personal de este año superó los $7 billones.

El reajuste se aplica para los 230 mil funcionarios de la administración central del Estado, que incluye a quienes trabajan en el Gobierno, el Poder Judicial y el Congreso, y no considera a los trabajadores de los municipios y las empresas públicas, que negocian por separado.

El incremento solicitado por la ANEF, además, se suma a los más de $133 mil millones que ha comprometido el Gobierno en los últimos tres meses a médicos, dentistas y farmacéuticos que trabajan en el sector público de salud, y a los funcionarios del Sename, la Junji, Gendarmería y Banco Estado.

Economista: “Reajuste de la ANEF es excesivo en términos de inflación y productividad”

Cecilia Cifuentes, investigadora del Instituto de Libertad y Desarrollo (LyD), explica que el gasto en personal del gobierno central representa algo más de un 20% del gasto total del presupuesto, por lo que el reajuste de remuneraciones del sector público tiene un impacto macroeconómico importante, sobre todo tomando en cuenta la restrictiva situación fiscal actual.

“La ANEF ha mencionado una cifra de reajuste en torno a 8%, la que es excesiva en términos de inflación y productividad. Debe considerarse también que los funcionarios públicos tienen mejores condiciones laborales que la mayoría de los trabajadores chilenos, tanto en términos de las remuneraciones que reciben como en la estabilidad laboral y beneficios adicionales. De hecho, el reajuste propiamente tal es cerca de la mitad del costo fiscal, ya que la otra mitad se destina a una serie de bonos, aguinaldos y asignaciones especiales, que históricamente han subido más que el reajuste acordado”, señaló la economista Cifuentes.

FOTO: FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIA UNO