Si se revisa la situación de las figuras públicas mencionadas en los casos SQM, Penta, Caval y Corpesca, aparece que los vinculados a la oposición han sido formalizados en mayor número y han recibido medidas cautelares más severas que los cercanos al oficialismo.
Publicado el 24.06.2016
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“Pareciera que existen dos justicias en Chile. Una que trata con dureza a los opositores y otra que actúa blandamente con los integrantes de la Nueva Mayoría”.

Esa crítica la hizo en una difundida carta el ex subsecretario de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, Julio Dittborn, a raíz del procesamiento y la prisión preventiva del senador UDI, Jaime Orpis, y que refleja el sentir de un amplio sector de la oposición respecto de que el “desfile” de políticos de derecha por tribunales es muy superior a los de la Nueva Mayoría en similar condición.

El último formalizado fue el ex senador y ex ministro UDI, Pablo Longueira, quien fue acusado este miércoles de cohecho y delitos tributarios, y quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional como medidas cautelares.

Luego de que estallaran diversos escándalos de irregularidades en el financiamiento de la política que involucraron a personajes públicos oficialistas y de oposición, y posteriormente el llamado Caso Caval, la Presidenta Michelle Bachelet creó el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción -conocido como Comisión Engel- para impulsar nuevas regulaciones que eviten esos comportamientos a futuro.

Pero, ¿cuál es el balance respecto del modo en que se han enfrentado los casos que ya están siendo investigados por el Ministerio Público?

“El Líbero” revisó la situación de las 36 más emblemáticas figuras públicas que aparecen mencionadas en los casos SQM, Penta, Caval y Corpesca, vinculadas o cercanas al oficialismo o a la oposición, independientes o que en la actualidad pertenecen a alguna otra fuerza política. Si el levantamiento se realiza a nivel de formalizaciones, el resultado arroja una diferencia considerable.

Figuras vinculadas a la oposición: 12 personas formalizadas y cuatro prisiones preventivas

De las 36 figuras públicas examinadas, 15 pertenecen o están vinculados a Chile Vamos, 16 a la Nueva Mayoría y cinco pertenecen a otras agrupaciones políticas o son independientes.

De los 15 personas de Chile Vamos, 12 han sido formalizados principalmente por delitos tributarios, como emisión de boletas ideológicamente falsas, pero también hay otros casos en que se acusa de cohecho, soborno, lavado de activos, fraude al fisco y ventajas indebidas.

Además, cuatro de los formalizados, los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, el senador UDI Jaime Orpis y el ex subsecretario de Energía, Pablo Wagner, quedaron en prisión preventiva como medida cautelar, por “representar un peligro para la sociedad”, según alegó la Fiscalía.

Otros, como el síndico de quiebras, Herman Chadwick, involucrado en el caso Caval, quedó con arresto domiciliario total;  el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, al igual que Longueira; el ex vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz, y el ex senador UDI, Carlos Bombal, recibieron como medida cautelar firma mensual y arraigo nacional.

Las filas opositoras tienen al único condenado hasta ahora en el escándalo de financiamiento político, el ex senador UDI, Jovino Novoa, quien recibió tres años de cárcel por delitos tributarios en un juicio abreviado.

La mayoría de los casos se destaparon durante el segundo semestre de 2014 y fueron formalizados más de un año después de investigación, a diferencia de Pablo Longueira, quien en enero de este año comenzó a ser investigado y seis meses después formalizado.

Nueva Mayoría: tres formalizados, ninguna prisión preventiva

Si bien hay 16 personas vinculadas al oficialismo que aparecen mencionadas en los escándalos de corrupción, sólo tres han sido formalizados: el recaudador de la campaña de Bachelet, Giorgio Martelli, por delitos tributarios, apropiación indebida y contratos simulados; el ex diputado del PRSD, Alejandro Sule, por delitos tributarios, estafa y simulación de contrato -ambos por SQM-, y la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon, por delitos tributarios en el caso Caval, empresa de la que es socia.

Para ninguno de los tres formalizados la Fiscalía pidió prisión preventiva, por lo que Martelli quedó con arresto domiciliario, y Sule y Compagnon con arraigo nacional y firma mensual.

Del resto de los 14 involucrados cercanos a la NM la Fiscalía no ha informado de mayores avances en la investigación, a excepción del hijo del senador DC Jorge Pizarro, Sebastián, y del ex subsecretario de la Segegob, Rodolfo Baier, quienes serían formalizados próximamente.

En algunos casos, como el del ex ministro de Bachelet Jorge Insunza, después de un año de que renunciara por las asesorías a empresas mineras que realizó siendo diputado se anunció el comienzo de una investigación por supuestos delitos tributarios, cohecho y negociación incompatible.

Varios personeros declararon hace meses como imputados, como el recaudador de Bachelet, Jorge Rosenblut (PPD); su ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD); el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, y el ex embajador Alejandro Bahamondes (PPD), pero no han sido formalizados.

Las otras fuerzas políticas: MEO, Ominami, Velasco e Isasi

Los escándalos también han salpicado a políticos que pertenecen a agrupaciones independientes. El asesor de Marco Enríquez-Ominami, Cristian Wagner, recibió $362 millones de SQM, situación por la cual ambos tuvieron que declarar ante los fiscales, pero ninguno ha sido formalizado.

Carlos Ominami fue formalizado por delitos tributarios pero fue sobreseído porque el SII presentó la querella fuera de plazo; y a Andrés Velasco lo investigaron en su domicilio por haber recibido $20 millones de Penta de un servicio de asesoría que prestó en un almuerzo.

En tanto, la ex diputada Marta Isasi fue formalizada por cohecho y delitos tributarios ascendientes a $25 millones, quedando con arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno.

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